El pasado día 10 de marzo de 2012 me invitaron a dar una charla en el incomparable marco de Escépticos en el pub. A pesar de mis temores, al finalizarla me confirmaron que en tal ambiente logré no colocar un ladrillo muy duro. Gracias a Ricardo Palma y a Rinzewind por los vídeos con los que les dejo y que son unos buenos ejemplos de por qué mi próxima presentación irá con fondo negro.
Charla:
Preguntas y respuestas:
Acaba de publicarse el nuevo número de «IDP. Revista de Internet, Derecho y Política», una publicación impulsada por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, y cuyo contenido es monográfico dedicado al «VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet» en el que tuve el honor y el placer de servir como relator.
Producto de mi participación pueden leer el artículo «Relato del VII Congreso Internacional sobre Internet, Derecho y Política: Neutralidad de la red y derecho al olvido» en el que realizo una crónica de las ponencias, deseando señalar, tal y como menciono en el artículo, que la limitación de su extensión implicó omisiones que no significan falta de relevancia de los ponentes que intervinieron o los temas que trataron.
El contenido de la revista, accesible íntegramente en línea, es el siguiente:
En el marco del proyecto 15M.cc he tenido la oportunidad de entrevistar al profesor Langdon Winner acerca de las relaciones entre la tecnología y la política. El profesor Winner es un consagrado politólogo cuya obra se ha centrado en estos temas desde hace muchos años (¿Tienen política los artefactos?) y ha tenido la oportunidad de conocer a muchos de los actores implicados en los eventos del 15 de mayo de 2011 previamente a la ocupación de las plazas, durante una estancia que realizó en España en el año 2010 y que dedicó a estudiar el sector activista local. La entrevista está realizada íntegramente en inglés y en ella el profesor Winner nos comenta, entre otras cosas, sus impresiones e ideas sobre cómo se está utilizando la tecnología en el activismo político actual.
(Texto publicado en el proyecto Bookcamping con motivo del día de la Constitución de 2011).
En el 6 de diciembre, día de nuestra Constitución, no está de más recordar algunos aspectos básicos sobre la génesis de los derechos fundamentales y cómo han de implantarse en los diversos ordenamientos jurídicos: mediante su clonado sistemático.
El artículo XVI de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 establecía que «Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución». Ya en este artículo encontramos las dos partes en que toda constitución ha de consistir: la parte dogmática, en la que se enumeran los derechos fundamentales, y la parte orgánica, en la que se diseñan los organismos que llevarán a cabo las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.
Si bien el poder soberano puede construir la arquitectura jurídica de las diversas partes en las que consistirá un Estado, sin embargo no puede definir los derechos humanos, ya que éstos forman parte de una esfera que se aísla de las decisiones del poder. La consecuencia inmediata de esta esfera de lo indecidible es que la tradición histórica ha ido modelando de qué derechos se trata, copiándose las diversas constituciones unas a otras para su incorporación.
Las multinacionales discográficas pedían más de 13 millones de euros por los supuestos perjuicios ocasionados.
Madrid, 19-diciembre-2011. Tras años de litigio ha recaído sentencia en el caso que enfrentaba a las mayores multinacionales discográficas del mundo, SONY, WARNER, UNIVERSAL, EMI, y a la patronal PROMUSICAE, contra el desarrollador español Pablo Soto. Al joven informático le reclamaban más de 13 millones de euros por crear programas de intercambio de archivos a través de Internet responsabilizándole de las posibles infracciones de los millones de usuarios que descargan y ofrecen música con esas aplicaciones. La sentencia, del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, desestima íntegramente la demanda y condena en costas a las demandantes.
En junio de 2008, el programador Pablo Soto y sus empresas de software fueron demandadas por las cuatro majors de la industria discográfica mundial, a la que se unió PROMUSICAE, la patronal nacional. El juicio se celebró en Madrid en el año 2009 y ahora ha recaído la sentencia que es totalmente favorable al desarrollador español demandado.
La demanda, que llegó a calificar las herramientas objeto del procedimiento como “armas de destrucción masiva” y a Pablo Soto como “el gran traidor de la causa P2P”, adjuntaba hasta nueve periciales para acreditar sus tesis. Sin embargo, tras varios años de procedimiento y un juicio que duró un total de 15 horas, la sentencia coincide plenamente con la postura jurídica sostenida por la defensa argumentando que el desarrollo de una tecnología que puede ser usada por particulares para el intercambio de música no es una infracción de propiedad intelectual. El Juzgado, que pese a lo manifestado por las demandantes considera que la actividad de Pablo Soto y sus empresas era absolutamente transparente, declara además que ha quedado acreditado que los demandados no almacenaban ningún archivo musical y que “las sentencias firmes hasta la fecha” coinciden en manifestar que “en ningún caso [es una infracción] el mero hecho de facilitar esa conducta” de intercambio de música.
El caso Soto mantiene relevancia internacional ya que se enmarca dentro de la estrategia global de litigio seguida por las multinacionales contra cualquier desarrollador de tecnología que consideren perjudicial para sus intereses. El caso es seguido de cerca por estudiosos de todo el mundo y plantea judicialmente la tensión que se produce entre los desarrolladores de software y las multinacionales que ostentan la propiedad intelectual de los contenidos, pretendiendo éstas controlar todos los canales de difusión.
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Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados por la merma de derechos y libertades. Ahora, pocos días después de haber sido deslegitimado por las urnas, un gobierno moribundo pretende aprobar el reglamento que desarrolla esta ley en abierta connivencia con el gobierno entrante.
La Ley Sinde tendrá numerosos efectos indeseados: al introducir una fuerte inseguridad jurídica en la regulación de Internet, se dificulta gravemente la actividad de los emprendedores tecnológicos que el Partido Popular pretende que contribuyan a reactivar la economía. La redacción de la Ley Sinde señala claramente que se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información; no deben confundirnos los mensajes que afirman que su única razón es la de cerrar webs de descargas. Nada es peor para el crecimiento de un mercado que la inseguridad de no saber si al día siguiente un negocio puede ser cerrado por la aplicación arbitraria de una norma en manos del gobierno de turno.
El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE -siempre defendida por el Ministerio de Cultura- se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama “mercados”.
Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.
Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.
Los gobiernos van y vienen. La red resiste.
A todos los que quieran conocer un poco más sobre propiedad intelectual, les recomiendo que vean el documental ¡Copiad, Malditos!, obra de Stéphane Grueso, y primera obra que bajo la licencia Creative Commons se ha emitido en Radio Televisión Española. El documental puede descargarse o visualizarse online y también puede accederse en el blog Copiad Malditos a todo el material en bruto por lo que quien lo desee puede recomponer sus piezas incidiendo en uno u otro aspecto de los tratados en el documental.
Pues bien, desde hace tiempo tenía pendiente cumplir con algunas peticiones que me solicitaban pasar a limpio el diagrama de liberación de una obra audiovisual que aparece en el documental así que a continuación les incorporo el archivo en ascii-art que he utilizado para generarlo.
La herramienta que he usado es Ditaa - DIagrams Through Ascii Art [página del proyecto], software libre descargable desde su página en Sourceforge. Ditta se ejecuta desde consola y el comando para obtener el diagrama es el siguiente:
java -jar ditaa0_9.jar copiad-malditos_uml.txt
A continuación, el archivo de ascii-art, que usando Ditaa genera el diagrama que pueden ustedes observar en este enlace.
En el día de hoy, las webs del Congreso de los Diputados y del Senado han publicado las declaraciones patrimoniales realizadas por sus señorías. El problema es que la publicación se ha realizado en formato pdf con imágenes incrustadas, que es inútil para el tratamiento de la información. Este mismo formato fue el que utilizó la Cámara de los Comunes británica cuando en junio de 2009 publicó en su página web más de un millón de documentos que contenían las declaraciones de gastos de los miembros de dicha cámara. El periódico The Guardian publicó en su web una sección especial con una aplicación en la que se ponía a disposición del público una visualización del archivo pdf junto con un formulario en el que los usuarios van rellenando los campos para así transcribir las imágenes del pdf en un formato tratable.
El mismo objetivo nos hemos marcado con la documentación publicada hoy de los parlamentarios españoles. David Cabo, miembro de Pro Bono Público, ha construido un sistema más sencillo pero igual de eficaz y lo ha denominado "Adopta a un senador". Se trata de utilizar colectivamente una hoja de cálculo de Google Docs donde David ha diseñado una plantilla e ir transcribiendo los datos.
¿Cuáles son las ventajas de transcribir los datos en una hoja de cálculo? Muchas y se me ocurren estos ejemplos: conocer qué partido político tiene más patrimonio por parlamentario, conocer la media de los importes depositados en las cuentas corrientes de los diputados, verificar desigualdades entre los patrimonios de los senadores y senadoras o entre los residentes en unos u otros lugares de la geografía nacional...
Así que ya sabe, visite la hoja de cálculo y adopte un senador (si todavía le queda alguno libre). Y si las instituciones publican formatos pdf, deberemos ser los ciudadanos quienes suplamos sus deficiencias. En definitiva, en ello nos va algo tan importante como el llamado opendata que es un requisito necesario, pero no suficiente, para la Democracia de la era digital.
Actualización: 09-09-2011 19:51
También puede adoptar a un diputado.
Actualización: 12-09-2011 16:18
Los datos de los senadores están ya todos transcritos, así que adopte a un diputado.
Continuando con la necesidad del scraping como acto jurídico y político opendata, y dentro del Proyecto Praeter Orwell, hago público el script que utilizo para arañar la web del Senado en la parte correspondiente a datos de senadores.
Utilizo la misma operativa que en el script ya publicado para la extracción de datos de la web del Congreso, consistente en 4 funciones cuyos cometidos son los de (1) descargar una página web y generar su árbol, (2) generar una lista de todas las urls de las páginas públicas de los senadores, (3) extraer los datos relevantes de la página pública de un senador y generar un diccionario con los datos y (4) construir el archivo de valores separados por comas.
El funcionamiento del script es muy sencillo. Descárguelo y ejecute en la línea de comandos la orden $ python senadores_novena.py. En el directorio donde haya usted ejecutado la orden se creará un archivo csv de nombre «fecha_senadores_novena_legislatura.csv», que puede abrir con cualquier programa de hoja de cálculo.
El resultado del script lo puede comprobar en este enlace a Google Docs.
A continuación, el código del script:
Uno de los cometidos del Proyecto Praeter Orwell es el de poner a disposición pública, de una manera estructurada en archivos de valores separados por comas, los datos que se hallan repartidos por las webs de organismos oficiales.
Para realizar esta labor, utilizo técnicas de scraping mediante scripts que escribo en lenguaje Python. A continuación publico el script que utilizo para generar el archivo csv con los datos de los nombres y apellidos, partido político, correos electrónicos, dirección de blog, de página de Facebook, y de cuentas de Twitter y Youtube extraídas de la web del Congreso de los Diputados. El resultado es este archivo.
El script consta de las típicas importaciones, generación del nombre del archivo en el que almacenaremos los datos y 4 funciones: get_tree(url), get_urls_diputados(), extraer_datos(url) y crear_csv(urls, outfile), que paso a explicar.