Nuestra posición es que todo funcionario público, en cualquier lugar de la Tierra, debería tener un escritorio desde el que se pueda hacer todo lo que ese funcionario necesite, que el precio de adquisición para ese gobierno debiera ser cero, y que el gobierno debería tener permiso para hacer tantas copias como funcionarios tenga y distribuir ese software de la manera que tenga por conveniente. Esos son los términos en los que nos proponemos suministrar software a las administraciones y asumimos que cualquier otro suministrador que compita en el mercado ofrezca términos al menos tan favorables para el público y para la hacienda pública como los nuestros. (Eben Moglen, 29 de junio de 2003 - Freeing the Mind: Free Software and the Death of Proprietary Culture)
En el Boletín Oficial del Estado de hoy, 29 de noviembre de 2005, figura la «RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización sobre el análisis de la eficiencia del proyecto Rhodas: Migración a estaciones de trabajo Linux para el usuario final en el Ministerio de Administraciones Públicas», que transcribimos:
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 27 de septiembre de 2005, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización sobre el análisis de la eficiencia del Proyecto RHODAS: Migración a estaciones de trabajo LINUX para el usuario final en el Ministerio de Administraciones Públicas, acuerda:
1. Instar al Gobierno a que estudie los fundamentos técnicos, la viabilidad y las ventajas o desventajas que, para la Administración, tendría la adopción, con carácter general, de soluciones basadas en el uso de software libre.
En ese sentido, deberán tenerse en cuenta los principios de buena administración en la gestión de los recursos públicos que obligan a contemplar las mejores técnicas disponibles, priorizando la eficacia y la eficiencia en la consecución de los objetivos a que deben ceñirse los servicios públicos, con mantenimiento de posiciones de neutralidad en cuanto ello sea posible.
2. Instar al Gobierno a promover el impulso en toda la Administración General del Estado de la ejecución de lo previsto en los «criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades» y en la «Propuesta de recomendaciones a la Administración General del Estado sobre software libre y de fuentes abiertas» de Mayo de 2005. Normalizando los estándares y las especificaciones libres de patentes y royalties para que se puedan intercambiar documentos, servicios públicos y programas sin estar condicionados por las tecnologías elegidas por otros.
3. Instar al Gobierno a promover la investigación, desarrollo y mejora de tecnologías basadas en software libre que aporten soluciones que hoy solo ofrece el software propietario.
4. Instar al Gobierno en los planes de formación de toda la Administración General del Estado, el impulso en la enseñanza de conceptos globales aplicados después a productos de software libre.
5. Instar al Gobierno a promover el impulso a lo previsto en la «propuesta de recomendaciones a la Administración General del Estado sobre software libre y de fuentes abiertas» de mayo de 2005. Para mejorar la racionalidad técnica y económica en las compras públicas, evaluando todas las posibles alternativas en el marco de las obligaciones e intereses legítimos de la Administración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2005.El Presidente, Francesc Antich Oliver. El Secretario, José Ramón Mateos Martín.
