(Reproducción de la tribuna para el diario El País que me solicitaron el 21 de octubre de 2010 con ocasión de la sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas sobre la normativa nacional reguladora del canon.)
El Tribunal Europeo de Justicia ha culminado un largo procedimiento judicial para determinar que la aplicación del canon que se realiza en España es contraria a la normativa europea. Para ello ha utilizado el sentido común: si el canon compensa las ventas dejadas de hacer por copias privadas que podemos realizar los ciudadanos, quienes no pueden hacer copias privadas no han de pagar canon.
Llegar a esta conclusión tan elemental ha llevado siete años de calvario judicial. Las primeras acciones legales contra el canon datan del 30 de agosto de 2003 y buscaban evitar que cada juicio celebrado en España satisficiese un canon en favor de unas asociaciones privadas, ya que cada acta de juicio se soporta en un CD, que paga canon.
No es posible conocer cuánto han pagado las administraciones públicas en concepto de canon ya que en la contabilidad nacional no existe una subcuenta cuyo concepto sean los gastos en propiedad intelectual, a pesar de que numerosas personas solicitamos su inclusión. Estos gastos se incluyen habitualmente como material de oficina y resulta obsceno el mantenimiento del canon en ésta época de crisis hasta que el Tribunal Europeo no lo ha sentenciado, máxime cuando el Gobierno, con un mero real decreto, podría haberlo evitado.
Gracias a la voluntad de nuestros gobernantes (tanto el PP como el PSOE votaron la imposición del canon) el Estado de Derecho puede mantener parálisis temporales del orden de siete años mientras se esquilman las arcas públicas a favor, bien de los partidos a los que representan, bien en favor, como el caso del canon, de unas asociaciones privadas con las que les unen no se sabe muy bien qué extraños lazos. Este abuso de la clase política no es nuevo, ya se utilizó con la Ley Corcuera y lo veremos repetido con la Ley Sinde, que dará competencias a una comisión administrativa, ya que al Gobierno no le gustan las sentencias de los Juzgados sobre vulneraciones de la propiedad intelectual en Internet.
