(Versión extendida del artículo publicado en el diario El País el día 15 de enero de 2010, con ocasión de la tramitación de la Ley Sinde).
Cuentan los rumores que en uno de los consejos de ministros del gobierno de Felipe González, el entonces Ministro de Sanidad, Ernest Lluch, expuso que había encontrado la solución para ahorrar en gastos sanitarios. Se trataba de un sistema muy simple: se comenzarían a recetar medicamentos genéricos, algo entonces poco conocido. También cuentan que en el siguiente consejo, el entonces Ministro de Defensa Narcís Serra le espetó: Pero Ernest, ¿qué has hecho? ¡Que los americanos no quieren vendernos los F18! Los genéricos tardaron años en ser corrientes en España pero muy pronto tuvimos los deseados aviones militares.
Desconozco la certeza de la anécdota anterior pero sirve para introducir lo que Hannah Arendt denominó «los tiempos de oscuridad». Según esta autora, si la función del ámbito público es la de iluminar un espacio en el que las personas pueden mostrar quiénes son y qué pueden hacer, los tiempos oscuros llegan cuando la iluminación se extingue víctima de una brecha de credibilidad, de un gobierno invisible, de un discurso que no revela la verdad y de exhortaciones que bajo el pretexto de la verdad degradan la misma a una trivialidad sin sentido. Todas estas circunstancias pueden observarse en los hechos que rodean el intento de promulgación de la coloquialmente llamada “Ley Sinde”.
Existe un grave problema de credibilidad política cuyas causas son múltiples: la corrupción impune, los privilegios, el sistema de reclutamiento de las personas que integran los aparatos de los partidos políticos, la falta de representatividad… Max Weber nos mostró cómo históricamente a cada sistema de producción le correspondía un sistema político representativo. Por ello, tiene su lógica que nos preguntemos cuál es la representación que corresponde a esta nueva etapa histórica en la que los ciudadanos disponemos de una tecnología con la que podemos aspirar a controlar al poder con la misma tecnología que el poder nos controla. Ese control ciudadano habría de derivar, idealmente, en articular los contrapesos al poder ejecutivo que ya no realizan los otros poderes tradicionales legislativo y judicial, cada día más integrados en un único poder no transparente.
Hay un gobierno invisible del que el anterior poder ejerce de mera cadena de transmisión. Ya sospechábamos su existencia pero wikileaks, la versión tecnológica del tradicional quintacolumnismo, ha demostrado y concretado los actos y las personas mediante las cuales el Gobierno español se ha plegado a los intereses de Estados Unidos, siguiendo los dictados de su Embajada. Sería muy interesante que el Gobierno, en un ejercicio de transparencia, nos contara si en el caso de la Ley Sinde se trata de talgos, energía eléctrica o repsoles de turno en lugar de aviones F18. Quizás no lo entendiéramos, pero quien seguro ganaría sería la democracia, porque lo que tememos algunos es que los ciudadanos no seamos los beneficiarios de ninguna de las prestaciones del contrato del que la Ley Sinde es parte del precio.
El discurso, como es evidente, no revela la verdad. Se nos habla de descargas y persecución de las webs de enlaces, pero las declaraciones públicas del lobby autotitulado “Coalición de Creadores” ya ha amenazado con la persecución de los usuarios en el caso de que esta ley no se promulgue. Se nos habla de la necesidad de la Ley Sinde para atajar con la sangría de las descargas pero un mero documento de Google Docs en el que se escriban unos hiperlinks ya constituye una web de enlaces que los ciudadanos se están enviando unos a otros por correo electrónico. Aunque la Ley Sinde haya sido vendida como una solución, es absolutamente ineficaz.
Y, por último, asistimos a una trivialidad sin sentido del discurso imperante. Sólo se habla de piratería y de descargas, esto es, de los intereses económicos de un sector, cuando las descargas es el menor de los problemas que tiene esta sociedad. Los grandes perjudicados en un cambio de modelo económico, los autores de más de 65 años, no aparecen por ninguna parte. ¿Cuántos son?¿De qué viven? Menciono a éstos porque tienen menos recorrido vital. Hay que saber quiénes son y ocuparse tanto de ellos como del “chispas” y del tramoyista. Los trabajadores y nuestros mayores no figuran en los discursos y cuando lo hacen es para ser usados, porque, repito, no sabemos cuántos son ni de qué viven. Protejamos a los más desfavorecidos, sin duda ninguna, previa su identificación.
No aparecen en el discurso cuestiones mucho más relevantes. Lo que está en juego es el modelo de sociedad que queremos construir: la definición y positivización de los derechos fundamentales de cuarta generación, el uso de la tecnología para el desarrollo de herramientas de control de poder (open government, open data), la utilización de las redes para la promover una circulación de las élites en la que se busque una igualdad de oportunidades de todos con independencia del lugar socioeconómico de nacimiento. Y la Ciencia. Cómo hacer Ciencia (open access) en tiempo de redes. Esto sí que es riqueza.
Discúlpenme ustedes pero cuando pienso en nuestros mayores desprotegidos, nuestros derechos humanos, nuestro sistema político, la igualdad social que queremos para las futuras generaciones y la riqueza que genera la Ciencia, lo de las descargas me parece menos relevante de lo que me cuentan.
