(Artículo publicado en la edición de papel del diario El Mundo en fecha 15 de febrero de 2014).
Si ante el rescate bancario Rajoy entonó en junio de 2012 que «España no es Uganda», durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, el ministro Wert ha comentado que «España no puede ser Somalia en temas de piratería intelectual». No somos Uganda y no podemos ser Somalia pero, sin embargo, sí podemos ser los últimos del ranking en el ejercicio de la transparencia legislativa: todavía se desconoce el texto de la reforma, que no ha sido hecho público por el Gobierno. Aun cuando no sea posible en estos momentos hacer un análisis de la reforma, es muy interesante señalar rasgos comunes de las sucesivas leyes habidas en el sector.
En materia de propiedad intelectual, como en tantos otros, las normas jurídicas nunca son producto de un pacto social sino que vienen impuestas jerárquicamente por los lobbies de los derechos de autor quienes, lejos de escuchar e intentar conocer las demandas de los usuarios, pretenden inventar sus necesidades para crear mercados en los que lo único relevante es el dinero y no los autores. Estos son una mera excusa para que los titulares de los derechos sigan con sus concentraciones mercantiles.
El más importante de estos actores son los EE. UU., que es el mayor exportador mundial de derechos de autor. El sistema que utiliza es el de amenazar con introducir a un país en una lista especial de vigilancia, la lista 301. Las consecuencias de hallarse en esta relación son sanciones comerciales y para salir de la lista se consigue mediante reformas legislativas que sean del agrado del primer Estado del mundo. En ese sentido entre los años 2009 y 2012 se promulgaron la que se denominó Ley Sinde y su reglamento que venían a atajar el problema de las descargas ilegales en internet, lo que supuso salir de la temida 301. Sin embargo, ante lo ineficaz de la reforma, el 5 de enero de este año se nos volvió a advertir sobre la necesidad de nuevas leyes, de las que la nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es un ejemplo junto con la también reforma de los delitos contra la propiedad intelectual que se lleva desde el departamento del Sr. Gallardón.
Otros actores relevantes en estas reformas son los intermediarios: las entidades de gestión de la propiedad intelectual. En el caso presente, la falta de transparencia de la reforma legal fue tal que la asociación privada CEDRO (la SGAE de los libros) conocía en marzo de 2013 el texto de la reforma mientras que tal texto se le ocultaba a las Universidades desde el Ministerio del que dependen. En el último borrador de la reforma se establecía la creación de un nuevo canon de unos ocho millones de euros a pagar por las universidades públicas en favor de CEDRO. Lástima no tener el proyecto para ver cómo ha quedado la propuesta tras las alegaciones que realizó la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).
La reforma supondrá seguir la misma línea trazada hasta ahora: legislar sin datos que permitan hacer análisis rigurosos, ocultando la generación de las normas jurídicas e impidiendo en la medida de lo posible el escrutinio público. Y todo ello con la excusa de unos autores sangrados por quienes dicen que les representan.
