Con la Ley de Economía Sostenible aprobada, la secuencia sería la siguiente:
1. El diario El País publicaría unos papeles, propiedad de los EEUU, tremendamente molestos para el Gobierno. Son papeles propiedad de los EEUU porque el dominio público de su información sólo se aplica localmente. (No soy experto en legislación de copyright de los EEUU, pero ver Does the Government have copyright protection in U.S. Government works in other countries?).
2. Los EEUU, propietarios de los derechos de autor de los papeles, demandarían al diario El País para evitar la publicación.
3. Al tratarse de una infracción de los derechos de propiedad intelectual en Internet, el órgano competente para decidir sería una Comisión del Ministerio de Cultura, esto es, un órgano dependiente del Gobierno al que no le interesaría bajo ningún concepto la publicación de sus vergüenzas.
4. La excepción de los derechos fundamentales contemplada en la Ley sería discutida: no se trataría de cerrar un periódico sino de evitar la publicación de unos papeles. Se alegaría la inexistencia de infracción del derecho a la información y libertad de expresión…
Y mientras la clase política estuviese tranquila por haber aprobado la Ley de Economía Sostenible, el pueblo soberano leería la información en un periódico extranjero y en todas las wikileaks que seguirán apareciendo.
