¿De verdad le interesan los autores al gobierno?

Recientemente hemos asistido a la renovación del ejecutivo y se ha nombrado como ministra de Cultura a una persona vinculada a las entidades de gestión de la propiedad intelectual. Se trata de una apuesta del gobierno por un modelo determinado de propiedad intelectual y de libertades en Internet. Inmediatamente después del nombramiento, son notorias las iniciativas en las redes solicitando la dimisión de la recién nombrada.

La reacción tanto de la vicepresidenta primera del gobierno como de la recién nombrada ministra ha sido semejante: se dialogará con los internautas, buscando la protección de los autores frente a las copias que de sus obras se hacen en la Red. Sin embargo, esta afirmación conlleva preguntarse dos cuestiones importantes: ¿de verdad se está defendiendo a los autores? y ¿quiénes son los representantes de los internautas?

En el presente momento histórico se está realizando una transición del modelo industrial al modelo digital o informacional. En palabras del laureado Krugman, todo lo que pueda digitalizarse va a ser digitalizado. En toda transición de modelo, existen unos colectivos que son más perjudicados que otros y, en el actual debate, echo de menos datos sobre los colectivos dignos de especial protección: los autores mayores de 65 años y los discapacitados. ¿Cuántos autores están en éstas condiciones? ¿Cuáles son sus ingresos?

¿Dónde están esos datos? Y, si existen esos datos y son analizables, ¿el actual modelo -administraciones públicas y entidades de gestión- está cuidando de dichos autores? ¿Cómo se está diseñando desde el gobierno esta reconversión económica? ¿O es otra más de las improvisaciones de nuestros partidos políticos, dejándose llevar por los acontecimientos?

Es sabido que el actual Ministerio de Cultura se ha reconvertido en el ministerio de las industrias culturales, señalándose en el «Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos contra la Propiedad Intelectual» que «el promedio del Valor Añadido Bruto (VAB) cultural en el conjunto de la economía española se sitúa en el 3,2%. Las actividades de propiedad intelectual supusieron un 4% del VAB.» (página 13). La elección del VAB en lugar del PIB se razona en el mismo manual de la siguiente manera: «La elección del VAB como referencia se debe a que permite una comparación más próxima a la realidad entre los sectores económicos, ya que el hecho de que los gravámenes a los productos culturales sean menores que los del resto de la economía distorsiona los porcentajes del PIB.»

¿Dónde está el truco? Lo que se calla es que el VAB, en contra del PIB, incluye el importe recibido por subvenciones, lo que le convierte por tanto en un índice manipulable y que no refleja la importancia real del sector, sino la que el gobierno quiera darle subiendo o bajando el importe de las subvenciones entregadas.

Manuel Castells en «La Sociedad Red», primer volumen de su trilogía «La Era de la Información», puso a la producción de una obra cinematográfica como ejemplo de modelo empresarial en red cuyos nodos se activan y desactivan. Joost Smiers, en su obra «Imagine... No Copyright» incide en la condición de activación y desactivación de estos empleos cuando plantea su altísima temporalidad y la poca protección a los trabajadores que este tipo de industrias lleva a cabo. Recae sobre ellas la sospecha de tratarse de industrias basura.

Hay, por tanto, que plantearse qué ocurre con los autores cuyas oportunidades se han visto menguadas por la edad o por discapacidades, siendo interesante contar con un plan que diera soluciones a este problema concreto y más en la actual situación económica. Dicho plan debería verificar el número de este tipo de autores socios y no socios de entidades de gestión, sus ingresos derivados de derechos y el umbral económico en el que viven, aplicando, en su caso, medidas correctoras. Se podrá argumentar que eso es lo que se está haciendo pero no existen pruebas de ello. Si fuera así, que se demuestre públicamente con datos verificables. Y si no lo fuera, que se comience con dicho plan como primera prioridad del Ministerio, estableciéndose criterios progresivos de ayuda de los que más ganan en favor de los que más necesitan.

La segunda dificultad que veo a las declaraciones de nuestros gobernantes es la de saber quién representa a los navegantes. Seguro que no faltan líderes autoproclamados pero las declaraciones del ejecutivo demuestran ignorar un hecho: por mucho que encontrasen a un colectivo representativo, poco podría éste hacer para parar la auténtica causa de la situación de copia promiscua en la que nos encontramos.

Los verdaderos responsables de los perjuicios que la industria alega se le está produciendo son otros autores, tan autores como los demás. Estos otros autores diseñaron los datagramas, programaron los IMP, escribieron los RFCs, liberaron el protocolo TCP/IP, inventaron lenguajes de programación, modelaron la web y los hiperenlaces, escriben programas de intercambio y, tras cada reforma legislativa, crean un nuevo código informático que demuestra la ineficacia del código jurídico. A cada persecución legislativa de un sistema de p2p sigue un renovado y reforzado programa de intercambio de archivos que se distribuye libremente entre los usuarios.

Si este gobierno quiere hablar con quienes cree son representantes de los internautas, que lo haga. Que trate de convencerlos, instruirlos o adoctrinarlos. En caso de alcanzar un pacto, no cabría más ingenuidad puesto que éste será totalmente ineficaz. El gobierno se hallará pactando con quien ocupe el espacio mediático de la Red, pero no lo estará haciendo con quien verdaderamente ostenta el poder de la misma. Como todo verdadero poder, su titular no es evidente. Lo ostentan los hackers, los líderes meritocráticos de los escritores de esa obra llamada software. La representación mediática la tienen los blogs y las páginas web de algunas asociaciones pero el verdadero poder se ejerce mediante la escritura del código.

El título de hacker es el término honorífico más alto al que un estudioso-práctico puede aspirar hoy en día. Dicho término, sin embargo, es prostituido por unos medios de comunicación que, con honrosas excepciones, no saben distinguir entre un cracker y un hacker. No se parará la sangría del viejo modelo porque los hackers seguirán tirando líneas de código en repositorios de acceso público autorizando la libre copia y transformación de sus obras, que servirán para digitalizar y transmitir (por túnel y cifrado) todo lo digitalizable.

El gobierno no parece preocuparse por los más desprotegidos sino por los intereses de una industria subvencionada con nuestros impuestos. Y tampoco parece saber que el interlocutor con el que pudiera hablar no tiene potestad alguna para impedir que el código informático se siga escribiendo siempre hacia cotas más altas de eficacia de copia y transmisión.

Se dice que es un problema complejo pero ante los cambios de modelo no debemos perder la guía que nos ofrecen las únicas perspectivas éticamente admisibles: el respeto hacia los derechos humanos y la protección de los más desfavorecidos. Sobre estos términos no cabe negociación alguna. Y si la industria, para mantener un derecho ordinario (la propiedad intelectual) tiene que vulnerar un derecho fundamental (el secreto de las comunicaciones), entonces que se reconvierta. Una sociedad sana debe desterrar de sus centros de poder a los empresarios no respetuosos con los derechos fundamentales. Y este destierro, no casualmente, es uno de los postulados de la ética hacker.

Y aquí estamos, entre fuegos artificiales mediáticos, con un gobierno que quiere dialogar con representantes fantasmas, mientras nuestros autores mayores de 65 años y discapacitados siguen desde hace años en el ostracismo de la desatención.