LEGISLACIÓN
Una demanda contra el canon de los CD y DVD circula por Internet
Los 25 demandantes alegan que es inconstitucional
LAIA REVENTÓS
EL PAÍS - 29-07-2004
Un año de polémica
Los detractores del canon sobre los CD y DVD que estén dispuestos a batallar contra una medida que consideran injusta e inconstitucional pueden interponer una demanda que circula por Internet. El objetivo de sus promotores es llevar el problema ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de propiedad intelectual sobre el que se basó un acuerdo entre las entidades de gestión de los derechos de autor y los fabricantes de soportes informáticos para compensar a los músicos por la copia privada. De momento, 25 ciudadanos han presentado otras tantas demandas en los juzgados de sus respectivas localidades. Reclaman a las tiendas donde compraron los CD ROM vírgenes que les devuelvan el importe del canon por ser inconstitucional.
Escrito de 75 folios
La demanda, de 75 folios, va acompañada de la factura en la que consta el desglose del canon. Los demandantes pueden incluso descargarse la llamada nota para la vista, el documento que deben presentar ante el tribunal cuando se celebre el juicio. Como es una pequeña cantidad (entre 0,17 y 0,70 euros según sean para datos o audio), no hay costas judiciales ni son necesarios abogados ni procuradores. “El máximo perjuicio que pueden sufrir los denunciantes es perder una mañana en los juzgados”, dicen sus promotores.
La demanda defiende que se ha impuesto un canon al soporte de registro de la civilización: los soportes digitales de hoy equivalen al papel de hace 30 años. Es decir, han impuesto un timbre al papel: a las listas de la compra, recibo del tendero, los folios de los apuntes… Si un juez acepta la tesis y plantea lo que se denomina “cuestión de inconstitucionalidad”, que consiste en remitir las actuaciones al TC, el máximo organismo judicial deberá dictar una sentencia resolutoria.
El 30 de agosto de 2003, un día antes de que entrara en vigor el acuerdo, el abogado Javier de la Cueva presentó una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia porque, a su parecer, el canon violaba la libre competencia. Entonces, el letrado ya apuntaba su presunta inconstitucionalidad al afectar al reparto de poderes que establece la Carta Magna. En teoría, decía, la Constitución sólo otorga el poder de fiscalización de la Administración al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, dos sentencias falladas a favor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) conceden a ésta “un derecho de fiscalización sobre cualquier organismo, ente, empresa o asamblea legislativa que distribuye materiales de grabación, incluidas las administraciones”.
La Asociación de Compositores y Autores de Música ha salido en defensa de la SGAE con una campaña a favor de la compensación por copia privada. La entidad rechaza que sea un “canon” sobre CD y DVD de “carácter unilateral, ilegal y que sólo lo aplique la SGAE “, y critica a la Asociación de Internautas como principal detractora de la medida. La campaña ¡Compensación Sí! informa sobre qué es la propiedad intelectual, qué y cuáles son las entidades de gestión y qué es la remuneración por copia privada.
Un año de polémica
La polémica sobre el canon a los CD y DVD vírgenes sigue viva cuando falta un mes para que se cumpla el primer aniversario desde su implantación, el 1 de septiembre de 2003.
El acuerdo entre seis entidades de gestión de derechos de autor y Asimelec, la asociación de fabricantes de soportes informáticos, estableció el pago de un canon por cada CD y DVD virgen vendido para compensar a los músicos por la copia privada (que regula la Ley de Propiedad Intelectual -LPI-), aunque su comprador lo use para albergar fotografías, programas informáticos o guardar una copia de seguridad, y no música.
Las acciones contra la medida proliferaron rápidamente.
El movimiento Sin Canon remitió una carta al Defensor del Pueblo para que se pronunciara sobre un pacto de subida de precios en el que no habían participado representantes públicos. La respuesta: “La compensación es legítima y comprensible el desacuerdo”.
La Asociación de Internautas aconsejó a los consumidores pedir una factura desglosada al comprar un CD, documento imprescindible para reclamaciones.
El abogado Javier de la Cueva impugnó el canon ante el Tribunal de Defensa de la Competencia por violar la libre competencia. El recurso alegaba que no había pacto entre todos los afectados y que suponía un incremento del coste de la justicia ya que se sometían a canon documentos judiciales como los CD ROM en los que se registran los juicios orales. El letrado lo comunicó al Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) y pidió apoyo para todos los abogados ante el Consejo General de la Abogacía, organismo que aprobó su petición por unanimidad y solicitó al Ministerio de Justicia y al CGPJ un régimen especial para los profesionales del derecho, petición a la que se adherió la Asociación de Ingenieros en Informática para sus profesionales y clientes.
El trasfondo de la cuestión es la crisis mundial de la industria discográfica que considera a Internet y, en especial, a la redes de intercambio de archivos P2P, la fuente de todos sus males.
