El pasado 17 de marzo tuvo lugar en Madrid, en el centro “Escuelas Pías” de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la entrega de los premios AUDAZ, en los que la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional (RAGA), en colaboración con la UNED y con la editorial Aranzadi, ha querido distinguir las mejores iniciativas de las Comunidades Autónomas en pro de la transparencia.
Adicionalmente, a partir de esta edición, RAGA ha creado la distinción Helen Darbishire:
Existirá una distinción especial con el nombre de Helen Darbishire en homenaje a esta activista de los derechos humanos, experta en acceso a la información y fundadora de Access Info Europe, que falleció en 2024 dejando un legado profundo en el movimiento global por la transparencia y el gobierno abierto.
Con esta distinción se reconocerá a una persona o institución que haya destacado por su trabajo y compromiso especial en el ámbito de la transparencia.
Joaquín Meseguer, secretario ejecutivo de RAGA España, me contactó comunicándome que me habían concedido dicha distinción especial, invitándome a la ceremonia de entrega. Ya en el evento, tras recibir el premio y escuchar la presentación de Meseguer sobre las razones de la distinción, basadas en una larga trayectoria profesional, improvisé unas palabras que intentaré reproducir a continuación, agradeciendo el premio a las siguientes instituciones:
En primer lugar, por supuesto, a RAGA por su distinción. Especialmente por tratarse de un premio a una trayectoria, por tratarse de la primera edición del premio y por llevar el nombre de Helen Darbishire, quien es un ejemplo para la reivindicación de unos derechos democráticos que no se pueden dejar de exigir y practicar.
https://ragaesp.org/distinciones-audaz-transparencia-autonomica-ii-edicion
En segundo lugar, mi agradecimiento es para la Fundación Ciudadana Civio. Su voluntad de llegar hasta el final en sus reclamaciones judiciales ha sido fundamental en los éxitos ante los tribunales. La reivindicación de los derechos exije una determinación que CIVIO ha bien demostrado, empuje que en otros casos no agota su recorrido, ya sea por cansancio, por los gastos o por cualesquiera otros motivos.
En tercer lugar, mi agradecimiento es para todas las personas que han recibido esta distinción por sus proyectos de Comunidades Autónomas y que hago extensivo para quienes no han resultado galardonados y para quienes realizan una labor callada y en la sombra.
Para quien, como yo, litiga desde fuera, la actividad es sencilla puesto que simplemente consiste en acudir a los tribunales en defensa del ejercicio de un derecho. Sin embargo, para quienes impulsan la transparencia desde dentro, su labor es árdua y en muchas ocasiones ponen en peligro sus legítimas aspiraciones profesionales y se arriesgan al ostracismo. El poder no es amigo de la transparencia.
Y en cuarto lugar, mi agradecimiento ha de ir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo por su sensibilidad y porque, en el caso BOSCO, a mi modo de ver ha realizado dos importantes aportaciones jurídicas para el derecho a la transparencia.
La primera aportación consiste en colocar el derecho de acceso a la información pública en el lugar que le corresponde. La jerarquía del derecho a la transparencia no se aprecia bien si se vincula con el lugar que ocupa en la Constitución española, en el artículo 105 b), allá en el Título IV, Del Gobierno y la Administración.
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=97&fin=107&tipo=2
El Tribunal Supremo configura el derecho al acceso a la información pública como un prius necesario para la democracia. Sin este derecho, se deteriora el círculo virtuoso compuesto por el derecho a la información, base para el ejercicio de una libertad de pensamiento de calidad, éste a su vez de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y publicación, lo que redunda de forma nuclear en el derecho a la participación ciudadana.
La segunda de las aportaciones del Tribunal Supremo se refiere a la infraestructura del Estado, cuando configura el derecho de acceso al código fuente de las aplicaciones informáticas que regulan nuestros derechos. Frente al Estado de siglos anteriores, donde era el dueño de sus infraestructuras de información y donde el algoritmo como el del orden alfabético era un procomún, nos hallamos con un Estado actual cuya infraestructura está sometida a una propiedad intelectual de unas corporaciones no europeas y cuyos algoritmos son susceptibles de apropiación. El Tribunal Supremo nos viene a decir que el derecho a saber se halla por encima de dicha propiedad intelectual.
Finalmente, quisiera recordar que el derecho es mucho más que el mero acceso a los documentos en manos de las administraciones públicas. Ya en 1795 Kant postulaba en su obra “Sobre la paz perpétua” que la transparencia tiene dos manifestaciones relevantes: la primera es de orden interno, pues cuando un gobierno es transparente, la ciudadanía puede ejercer su mayoría de edad. Además, existe un orden externo que se produce en la minoración de conflictos entre un Estado y sus Estados vecinos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobre_la_paz_perpetua
A pesar de su importancia, quisiera comentarles el vergonzoso panorama litigioso ante el que me encuentro ahora, como abogado de Civio. Frente a las ampulosas declaraciones del Gobierno en favor de la transparencia, la realidad a la que asistimos en los juzgados demuestra todo lo contrario.
Ya en su momento tuvimos que luchar contra la postura de la Abogacía del Estado, que defendía que la obligación de transparencia de las administraciones públicas nacía de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, debiéndose negar el acceso a información anterior a la entrada en vigor de esta norma. Se le olvidaba que el derecho al acceso a la información pública es un derecho fundamental, consustancial a todo sistema democrático.
Tal situación es la siguiente:
Derecho a conocer quiénes son los asesores de libre elección del Gobierno.
Aun cuando el Tribunal Supremo ha declarado en dos sentencias el derecho a conocer la identidad de los asesores, la Dirección General de la Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, nos ha obligado a solicitarlos nuevamente por vía judicial. En este caso, se nos fuerza a tener que ir la vía judicial a pesar de tener una resolución favorable del Consejo de Transparencia, que la Administración no cumple, y de que la entrega de los datos es sumamente fácil, como ya se demostró en una ocasión anterior.
Derecho a conocer el precio y las condiciones de financiación de los medicamentos.
El Gobierno tramita en estos momentos, oculta en la Ley de Discapacidad, una enmienda a la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios para ocultar el precio que el Estado satisface por los medicamentos.
La razón de dicha vergonzosa enmienda es para evitar el resultado de dos recursos de casación interpuestos por Civio, ya admitidos a trámite por el Tribunal Supremo, y que se hallan actualmente pendientes de sentencia.
Es obvio que todavía queda mucho trabajo por hacer. La distinción que tengo el honor de recoger supone una gran alegría y representa un excelente impulso para seguir por el mismo camino.
Muchas gracias.
