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jdelacueva

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copyleft/musica/resoluciones/formato-txt/2008-05-08_sentencia_ap-madrid-s-28.txt

@@ +1 @@
+.. role:: cita
+   :class: copyleft
+
+
 Restaurante El Caserón de Araceli
 =================================
@@ -43 +47 @@
 ----------------
 
-En Madrid, a ocho de mayo de dos mil ocho.
-
-En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia
-Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada
-por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto
-en grado de apelación, bajo el nº de rollo 283/07, los autos de juicio
-ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de
-Alcobendas con el número 300/2004, el cual fue promovido por la
-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), apelante en esta
-alzada, representada por el Procurador don José María Murúa Fernández
-y defendida por el letrado don Eduardo Ezpondaburu Marco contra la
-mercantil "EL CASERÓN DE ARACELI, S.L.", ahora apelada, representada
-por la Procuradora doña María José Bueno Ramírez y defendida por el
-letrado don Tomás Villatoro González, sobre derechos de propiedad
-intelectual.
-
-Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el
-parecer de la Sala.
-
-ANTECEDENTES DE HECHO
+.. container:: encabezamiento
+
+ En Madrid, a ocho de mayo de dos mil ocho.
+
+ En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia
+ Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada
+ por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto
+ en grado de apelación, bajo el nº de rollo 283/07, los autos de
+ juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5
+ de Alcobendas con el número 300/2004, el cual fue promovido por la
+ SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), apelante en esta
+ alzada, representada por el Procurador don José María Murúa Fernández
+ y defendida por el letrado don Eduardo Ezpondaburu Marco contra la
+ mercantil "EL CASERÓN DE ARACELI, S.L.", ahora apelada, representada
+ por la Procuradora doña María José Bueno Ramírez y defendida por el
+ letrado don Tomás Villatoro González, sobre derechos de propiedad
+ intelectual.
+
+ Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el
+ parecer de la Sala.
+
+Antecedentes de Hecho
 ---------------------
 
-PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda
-presentada con fecha 8 de junio de 2004 por la representación de la
-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra la mercantil "EL
-CASERÓN DE ARACELI, S.L.", en la que, tras exponer los hechos que
-estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba
-que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:
-
- "A Se declare: Que la parte demandada viene comunicando públicamente
- obras musicales en el local que explota denominado RESTAURANTE EL
- CASERÓN DE ARACELI, sin haber obtenido para ello la previa
- autorización de la SGAE, infringiéndose así los derechos gestionados
- por dicha entidad.
-
- B Y se condene a la parte demandada:
-
- 1. A estar y pasar por la anterior declaración.
-
- 2. A que cese de inmediato la referida comunicación pública, en tanto
- no proceda a obtener la preceptiva autorización de la SGAE,
- acordándose el precinto de los aparatos utilizados en la misma.
-
- 3. A que satisfaga a mi mandante en concepto de indemnización,
- conforme a lo establecido en el artículo 140 del TRLPI , por la
- comunicación pública de obras llevadas a cabo sin autorización en el
- establecimiento de su titularidad, cuya cuantía deberá ser concretada
- en fase probatoria o subsidiariamente en ejecución de sentencia, y al
- menos por el periodo comprendido entre marzo de 2003 a mayo de 2004.
-
- 4. Y pago de los intereses legales devengados y las costas que se
- generen en el presente procedimiento".
-
-SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el
-Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alcobendas dictó sentencia, con
-fecha 4 de mayo de 2006, cuyo fallo era el siguiente:
-
- "Que desestimo la demanda interpuesta por la SOCIEDAD GENERAL DE
- AUTORES Y EDITORES (SGAE). contra EL CASERÓN DE ARACELI, S.L..,
- apreciando las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva,
- absolviendo a la parte demandada de los pedimentos deducidos en su
- contra, sin entrar a conocer del fondo. Con expresa imposición de las
- costas causadas a la parte demandante."
-
-TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes
-litigantes, por la representación de la parte demandante se interpuso
-recurso de apelación al que se opuso la parte demandada. Admitido el
-recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado
-lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la
-Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de
-su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 8 de mayo
-de 2008.
-
-CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las
-prescripciones legales.
-
-FUNDAMENTOS DE DERECHO
+.. container:: antecedente
+
+ PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda
+ presentada con fecha 8 de junio de 2004 por la representación de la
+ SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra la mercantil "EL
+ CASERÓN DE ARACELI, S.L.", en la que, tras exponer los hechos que
+ estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que
+ consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:
+
+  "A Se declare: Que la parte demandada viene comunicando públicamente
+  obras musicales en el local que explota denominado RESTAURANTE EL
+  CASERÓN DE ARACELI, sin haber obtenido para ello la previa
+  autorización de la SGAE, infringiéndose así los derechos gestionados
+  por dicha entidad.
+
+  B Y se condene a la parte demandada:
+
+  1. A estar y pasar por la anterior declaración.
+
+  2. A que cese de inmediato la referida comunicación pública, en
+  tanto no proceda a obtener la preceptiva autorización de la SGAE,
+  acordándose el precinto de los aparatos utilizados en la misma.
+
+  3. A que satisfaga a mi mandante en concepto de indemnización,
+  conforme a lo establecido en el artículo 140 del TRLPI , por la
+  comunicación pública de obras llevadas a cabo sin autorización en el
+  establecimiento de su titularidad, cuya cuantía deberá ser
+  concretada en fase probatoria o subsidiariamente en ejecución de
+  sentencia, y al menos por el periodo comprendido entre marzo de 2003
+  a mayo de 2004.
+
+  4. Y pago de los intereses legales devengados y las costas que se
+  generen en el presente procedimiento".
+
+.. container:: antecedente
+
+ SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes
+ el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alcobendas dictó sentencia,
+ con fecha 4 de mayo de 2006, cuyo fallo era el siguiente:
+
+  "Que desestimo la demanda interpuesta por la SOCIEDAD GENERAL DE
+  AUTORES Y EDITORES (SGAE). contra EL CASERÓN DE ARACELI, S.L..,
+  apreciando las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva,
+  absolviendo a la parte demandada de los pedimentos deducidos en su
+  contra, sin entrar a conocer del fondo. Con expresa imposición de
+  las costas causadas a la parte demandante."
+
+.. container:: antecedente
+
+ TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes
+ litigantes, por la representación de la parte demandante se interpuso
+ recurso de apelación al que se opuso la parte demandada. Admitido el
+ recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado
+ lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la
+ Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los
+ de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 8 de
+ mayo de 2008.
+
+.. container:: antecedente
+
+ CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las
+ prescripciones legales.
+
+Fundamentos de Derecho
 ----------------------
 
-**PRIMERO**.- La sentencia apelada desestima la demanda deducida por
-la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra la mercantil
-"EL CASERÓN DE ARACELI, S.L." por la que interesaba se declarase la
-infracción por parte de la demandada de los derechos de propiedad
-intelectual gestionados por la demandante como consecuencia de la
-comunicación pública de obras musicales en el local que explota bajo
-la denominación EL CASERÓN DE ARACELI con motivo de las celebraciones
-de banquetes de boda, bautizos, bailes y eventos de análoga
-naturaleza, sin la previa autorización de la SGAE, así como la condena
-a la demandada a cesar en la referida comunicación pública en tanto en
-cuanto no procediera a obtener la previa autorización de la
-demandante; y a abonar la correspondiente indemnización conforme a las
-tarifas generales durante el período de la infracción, concretado en
-la Audiencia Previa entre marzo de 2003 y mayo de 2004 , y cuya
-cuantía se fijó durante el proceso en la cantidad de 16.230,25 euros,
-IVA incluido.
-
-La demanda fue desestimada al apreciar la sentencia falta de
-legitimación activa por no haber aportado la demandante con la demanda
-los estatutos adaptados a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
-reguladora del Derecho de Asociación ni certificación acreditativa de
-su autorización administrativa otorgada por el Ministerio de Cultura y
-publicada en el Boletín Oficial del Estado, tras la entrada en vigor
-de la citada Ley Orgánica.
-
-También se rechaza la legitimación de la demandada al entender que
-aquélla no efectúa comunicación pública de obras musicales al
-prestarse el servicio de discoteca en los eventos que así lo requieren
-los clientes a través de la sociedad "VIP FIESTA, S.L.", contratada al
-efecto por la demandada.
-
-Contra la sentencia de instancia se alza la parte actora afirmando
-tanto su legitimación como la de la demandada, a lo que se opone ésta,
-manteniendo los demás motivos que, a su juicio, justifican la
-desestimación de la demanda para el caso de que se admitiese tanto la
-legitimación activa como la pasiva de las partes que, en su caso,
-serán analizados a lo largo de esta resolución.
-
-Por último, conviene indicar que en la contestación a la demanda se
-opuso la excepción de demanda defectuosa por no delimitar con la
-debida claridad y precisión la parte actora en su demanda el período
-supuestamente infractor, sin que tampoco se concretara el importe de
-la indemnización solicitada ni se ofrecieran las bases de modo que la
-liquidación resultase de un pura operación aritmética. Dicha excepción
-fue desestimada en trámite de audiencia previa, razonada por escrito
-en auto de fecha 6 de abril de 2005 y desestimado el recurso de
-reposición interpuesto por la demandada, en lo relativo a esta
-excepción por auto de 3 de mayo de 2006 (aunque realmente no se había
-impugnado en dicho recurso el pronunciamiento desestimatorio de la
-excepción de demanda defectuosa, sin perjuicio de las cuestiones de
-fondo planteadas en torno a las tarifas -folios 180 a 188 de los
-autos-). Como es lógico, dicha excepción no se ha reproducido en esta
-instancia por lo que la misma queda fuera del examen de este tribunal
-(artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
-
-SEGUNDO.- La cuestión de la legitimación de las entidades de gestión
-conferida por el artículo 150 Texto Refundido de la Ley de Propiedad
-Intelectual y antes por el artículo 135 de la Ley de Propiedad
-Intelectual de 11 de noviembre de 1987 , ha sido analizada en
-numerosas sentencias del Tribunal Supremo con relación a la
-legitimación de dichas entidades en supuestos de defensa de los
-derechos de comunicación que requieren una autorización global
-(sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1999, recursos
-262/1998 y 969/1997; 24 de septiembre de 2002, 15 de octubre de 2002 y
-10 de mayo de 2003, entre otras).
-
-Concretamente la sentencia de 10 de mayo de 2002, señala con precisión
-que "Del articulado de la Ley resulta que los autores pueden hacer
-valer directamente sus derechos ya que la actuación necesaria a través
-de una entidad de gestión solo es exigida en los supuestos de los
-artículos 3.2 y 25.7 de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre , sobre
-derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos
-de autor en el ámbito de la Propiedad intelectual (artículos 25.7 y
-90.7 del texto Refundido de 1996 ), derechos entre los que no se
-incluyen aquellos a que se refiere esta litis; no obstante esa
-libertad de gestión, la experiencia demuestra que los titulares de
-estos derechos no gestionan directamente los derivados de la
-comunicación pública de fonogramas por medios mecánicos y de
-transmisión publica mediante aparatos de televisión en
-establecimientos abiertos al público, sin duda por la imposibilidad de
-llevar a cabo en adecuado control de la ejecución de esos actos de
-comunicación, habida cuenta de los numerosos establecimientos en que
-los mismos se llevan a cabo". A continuación dicha sentencia,
-siguiendo las de 29 de octubre de 1999 , señala que "Cuando el
-artículo 135 de la Ley de Propiedad Intelectual, redacción de 1987 ,
-establece que "las entidades de gestión una vez autorizadas, estarán
-legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos,
-para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en
-toda clase de procedimientos administrativos o judiciales", debe
-entenderse partiendo de lo antes dicho, que la expresión "derechos
-confiados a su gestión" puesta en relación con la de "en los términos
-que resulten de sus estatutos", se refiere a aquellos derechos cuya
-gestión "in genere" constituye, de acuerdo con los estatutos, el
-objeto de actuación de la entidad de gestión, no a los concretos
-derechos individuales que, mediante contratos con los titulares de los
-mismos o acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad, les
-hayan sido encomendados para su gestión; se atribuye así a la SGAE
-legitimación para la defensa en juicio de los derechos a que se
-extiende su actividad; entender, como hace la sentencia recurrida, que
-es necesaria la acreditación documental, al amparo del artículo 503.2
-de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de la relación contractual
-establecida entre la SGAE con cada uno de los titulares del derecho de
-comunicación pública o de los acuerdos con otras entidades de idéntica
-función gestora, hace ineficaz, respecto de esta modalidad de derechos
-de autor, el sistema de protección establecido en la Ley, al no
-alcanzar la así dispensada los caracteres de real, concreta y efectiva
-que el texto legal propugna, resultando defraudados los intereses
-generales en la protección de la propiedad intelectual que justifica
-la concesión de autorización administrativa a las entidades de gestión
-(artículo 133.1 c) de la Ley de 1987").
-
-Finalmente, la resolución analizada concluye que el artículo 135 de la
-ley de 1987, actualmente 150 , atribuye una legitimación que denomina
-presunta, a las entidades de gestión de los derechos de autor ".para
-cuando se trata de la defensa de los derechos de comunicación que
-requieren una autorización global".
-
-En definitiva, la legitimación extraordinaria, propia y de carácter
-legal del artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
-Intelectual , atribuye legitimación a las entidades de gestión
-respecto de los derechos de ejercicio necesariamente colectivo o para
-aquellos que requieren una autorización global.
-
-No cabe duda, pues, que la legitimación de la actora al amparo del
-artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ,
-sólo requiere la aportación de sus estatutos y la preceptiva
-certificación acreditativa de la autorización administrativa otorgada
-por el Ministerio de Cultura, cuestión que como tal no es discutida en
-este pleito, en el que sí se cuestiona la legitimación de la
-demandante al no haber acreditado al tiempo de la presentación de la
-demanda la necesaria adaptación de sus estatutos a la Ley Orgánica
-1/2002, de 22 de marzo , reguladora del Derecho de Asociación, cuya
-exigencia deduce del artículo 151 Texto Refundido de la Ley de
-Propiedad Intelectual que somete el contenido de los estatutos a lo
-previsto en dicho precepto, "Sin perjuicio de lo que dispongan otras
-normas que les sean de aplicación.", en este caso la Ley Orgánica
-1/2002 , reguladora del Derechos de Asociación, dada la naturaleza de
-las entidades de gestión como personas jurídicas de base asociativa.
-
-Es incuestionable que la demandante no acreditó al tiempo de la
-interposición de la demanda (8 de junio de 2004) la adaptación de sus
-estatutos a la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo ,
-reguladora del Derecho de Asociación y que había transcurrido el plazo
-de adaptación de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, lo que
-tuvo lugar a los dos meses de su publicación en el BOE (26 de marzo de
-2002), esto es, el día 26 de mayo de 2002, previsto en el apartado 1
-de la Disposición Transitoria Primera .
-
-Sin embargo, el recurrente parte de una premisa errónea cual es que la
-preceptiva autorización que las entidades de gestión han de obtener
-del Ministerio de Cultura conforme al artículo 150 Texto Refundido de
-la Ley de Propiedad Intelectual para que aquélla ostente la
-correspondiente legitimación (y, en realidad, para que puedan
-dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de
-explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés
-de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad
-intelectual), pasa de forma ineludible (artículos 148 y 151 Texto
-Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ) porque los estatutos se
-encuentren adaptados a la vigente Ley Orgánica reguladora del Derecho
-de Asociación, de modo que al no haber acreditado al tiempo de la
-presentación de la demanda dicha adaptación a esta última norma, la
-actora queda privada de legitimación activa.
-
-Dicha conclusión no tiene fundamento legal. Efectivamente, como ya
-hemos apuntado el plazo de adaptación de los estatutos a la Ley
-Orgánica 1/2002 expiró el día 26 de mayo de 2004 (Disposición
-Transitoria Primera ) y, en consecuencia, con anterioridad a la
-presentación de la demanda, pero la falta de adaptación no priva a la
-entidad de gestión de legitimación o, dicho de otro modo, no implica
-la revocación "ipso iure" de la autorización administrativa, lo que
-carece de previsión legal. Es más, el propio apartado 1 de la
-Disposición Transitoria Primera establece que "Las asociaciones
-inscritas en el correspondiente Registro con anterioridad a la entrada
-en vigor de la presente Ley Orgánica estarán sujetas a la misma y
-conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad.",
-sin anudar a la falta de adaptación la pérdida de la autorización
-administrativa. En similar sentido se pronuncia la sentencia de la
-sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 7 de
-diciembre de 2005 que alude, en supuesto análogo al aquí enjuiciado, a
-que la falta de adaptación no produce de forma automática la extinción
-de la asociación incumplidora o la suspensión de sus derechos en sus
-relaciones jurídicas, rechazando, en suma, que la falta de adaptación
-prive de legitimación a la entidad de gestión.
-
-Por otro lado, la única consecuencia que se prevé para la falta de
-adaptación se contempla en el Real Decreto 1497/2003, de 28 de
-noviembre , por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional
-de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de
-asociaciones, en cuya Disposición Transitoria Única, relativa,
-precisamente, a la adaptación de estatutos a la Ley Orgánica 1/2002,
-de 22 de marzo. Así , el apartado 2) de la citada Disposición
-establece que "Transcurrido el plazo de dos años (para la adaptación
-de los estatutos), no se inscribirá en el correspondiente registro
-documento alguno de las asociaciones no adaptadas, hasta que se haya
-efectuado ante el registro la acreditación en forma de los extremos a
-que se refiere el apartado 1 anterior". Ésta es la única consecuencia
-que, de modo automático, cabe atribuir a la falta de adaptación,
-porque la más severa prevista en el apartado 3) del mismo precepto ha
-sido declarada nula, por ilegal, por la reciente sentencia de la Sala
-3ª del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2006 .
-
-El mencionado apartado 3) establecía que "Las asociaciones no
-adaptadas, ni disueltas, que actúen, en su caso, sin haber
-regularizado su situación registral se asimilarán a las asociaciones
-no inscritas a los efectos previstos en el art. 10 de la Ley Orgánica
-1/2002, de 22 de marzo", estableciendo en apartado 4 del artículo 10
-de la Ley que "Sin perjuicio de la responsabilidad de la propia
-asociación, los promotores de asociaciones no inscritas responderán,
-personal y solidariamente, de las obligaciones contraídas con
-terceros. En tal caso, los asociados responderán solidariamente por
-las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a terceros,
-siempre que hubieran manifestado actuar en nombre de la asociación".
-Esto es, extendía por vía reglamentaria el régimen de responsabilidad
-solidaria de promotores y asociados previsto para las asociaciones no
-inscritas en el artículo 10.4 de la Ley Orgánica 1/2002 , a las
-asociaciones inscritas con anterioridad en el Registro
-correspondiente, cuyos estatutos, sin embargo, no se hubieran adaptado
-en plazo legal a la nueva Ley y también a aquéllas que habiendo
-efectuado la oportuna adaptación de éstos, la misma no hubiese tenido
-acceso al Registro.
-
-La referida sentencia del Tribunal Supremo declara la nulidad del
-apartado tercero de la Disposición Transitoria Única del Reglamento
-del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los
-restantes registros de asociaciones, aprobado por Real Decreto
-1497/2003, de 28 de noviembre , por carecer el Reglamento de la
-necesaria habilitación legal, señalando que "La Disposición
-Transitoria primera de la Ley Orgánica , reguladora del derecho de
-asociación, impone a las asociaciones, inscritas en el correspondiente
-Registro con anterioridad a la entrada en vigor de la propia Ley
-Orgánica, el deber de adaptar sus estatutos a la nueva Ley en el plazo
-de dos años, sin señalar las posibles consecuencias en el caso de
-incumplimiento de ese deber, precisando meramente que tales
-asociaciones inscritas con anterioridad quedan sujetas a la nueva Ley
-y conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su capacidad".
-
-Resulta patente que anulada por falta de habilitación legal la
-extensión del régimen de responsabilidad de las asociaciones no
-inscritas, a las inscritas con anterioridad a la entrada en vigor de
-la Ley, como lo es la SGAE, pero que no hubieran adaptado sus
-estatutos en plazo legal, lo que estaba previsto en un Real Decreto,
-con mayor razón debe negarse la pérdida o revocación automática de la
-autorización administrativa de la entidad de gestión, "sanción" o
-consecuencia no prevista en norma alguna.
-
-En todo caso, el propio Texto Refundido de la Ley de Propiedad
-Intelectual prevé en su artículo 149 que "La autorización podrá ser
-revocada por el Ministerio de Cultura si sobreviniera o se pusiera de
-manifiesto algún hecho que pudiera haber originado la denegación de la
-autorización, o si la entidad de gestión incumpliera gravemente las
-obligaciones establecidas en este título. En los tres supuestos deberá
-mediar un previo apercibimiento del Ministerio de Cultura, que fijará
-un plazo no inferior a 3 meses para la subsanación o corrección de los
-hechos señalados.
-
-La revocación producirá sus efectos a los tres meses de su publicación
-en el Boletín Oficial del Estado".
-
-Si la falta de adaptación de los estatutos a la Ley Orgánica 1/2002 es
-causa que justifique la revocación de la autorización otorgada a una
-entidad de gestión es una cuestión ajena a esta resolución pero sí
-interesa destacar que no consta en modo alguno, porque no se ha
-producido nunca, la revocación de la autorización concedida a la SGAE
-por el Ministerio de Cultura.
-
-Dicho lo anterior, la actora acompañó a la demanda copia de sus
-estatutos, contemplando el artículo 5 como el fin principal de la
-entidad la protección del autor y demás derechohabientes en el
-ejercicio y mediante la gestión eficaz, entre otros, de los derechos
-de comunicación pública de obras musicales (documento nº 2 de la
-demanda). Además, se aportó la oportuna certificación acreditativa de
-que la SGAE fue autorizada para actuar como entidad de gestión de
-derechos de propiedad intelectual en virtud de Orden del Ministerio de
-Cultura de 1 de junio de 1988, publicada en el BOE el siguiente día 4
-(documento nº 3 de la demanda), por lo que la demandante dio
-cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 150 Texto
-Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , sin que la
-autorización, al tiempo de la interposición de la demanda, hubiera
-sido revocada por falta de adaptación de los estatutos a la Ley
-Orgánica 1/2002 , ni por ninguna otra circunstancia, lo que determina
-el reconocimiento de la legitimación de la parte actora, siendo
-irrelevante a estos efectos si, efectivamente, la actora había o no
-adaptado sus estatutos cuando presentó la demanda.
-
-En todo caso, aunque no es relevante para apreciar la legitimación de
-la demandante, de la certificación expedida por el Ministerio del
-Interior unida al folio 220 resulta que la demandante, tras la
-presentación de la demanda, ha dado cumplimiento a la necesaria
-adaptación de sus estatutos con fecha 8 de marzo de 2005, los cuales
-figuran debidamente inscritos en el Registro Nacional de Asociaciones,
-sin que en momento alguno se haya revocado la autorización del
-Ministerio de Cultura para actuar como entidad de gestión, cuya
-autorización es certificada por el Subdirector General de Propiedad
-Intelectual con fecha 21 de abril de 2005 (folios 222 y ss), figurando
-en la propia certificación que el fin principal de la sociedad
-conforme a sus estatutos es, en lo que aquí interesa, la protección
-del autor y demás derechohabientes en el ejercicio y mediante la
-gestión eficaz, entre otros, de los derechos de comunicación pública
-de obras musicales.
-
-TERCERO.- Admitida la legitimación de la demandante, debe analizarse
-la falta de legitimación pasiva, también acogida como excepción en la
-sentencia, en los términos en que fue planteada en la demandada, esto
-es, circunscrita a la prestación de servicio de discoteca por un
-tercero, sin perjuicio de la utilización o no del repertorio musical
-gestionado por la SGAE, alegado como cuestión de fondo en la
-contestación y que indebidamente en el escrito de oposición del
-recurso se hace valer a propósito de la falta de legitimación pasiva,
-además de mantenerse como oposición de fondo.
-
-Precisado lo anterior, tampoco se comparte el razonamiento de la
-sentencia de instancia en este punto que niega la legitimación de la
-demandada porque "tiene subcontratada con la mercantil VIP FIESTA
-S.L. el servicio de megafonía y sonorización de eventos, así como el
-servicio de discoteca móvil".
-
-Aunque es cierto que la amenización musical de las celebraciones de
-bodas las efectúa la demandada a través de la mercantil "VIP FIESTA,
-S.L.", en virtud de contrato suscrito al efecto entre ambas
-(documentos n 1 y 2 de la contestación a la demanda), dicha
-circunstancia no priva de legitimación a la demandada.
-
-Es la demandada la que ofrece como un servicio más a sus clientes la
-posibilidad de amenizar el evento a través de lo que en su oferta
-denomina discoteca móvil a un precio de 596 euros más IVA (documento
-nº 2 de la demanda y concretamente el folio 42 de los autos), siendo
-irrelevante si tal servicio lo presta directamente la demandada
-utilizando sus propios aparatos de música, a través de una orquesta o
-grupo que pudiera contratar al efecto o mediante una empresa que
-ameniza la celebración "pinchando" música.
-
-Ofreciendo la demandada como un servicio más de las celebraciones que
-pueden efectuarse en sus instalaciones la amenización musical, es ella
-quien, en su caso, también efectúa la comunicación pública de obras
-musicales con independencia de que se valga de un tercero para prestar
-materialmente ese servicio ofrecido por la demandada y del que obtiene
-un triple beneficio económico: en primer lugar, el vinculado al propio
-precio que se cobra por tal servicio; en segundo lugar, el asociado a
-la contratación de la denominada barra libre, que carecería de sentido
-en este tipo de celebraciones sin música, hasta el punto de que la
-duración del servicio de discoteca móvil se vincula al de la barra
-libre; y en tercer lugar, evita la pérdida derivada de la disminución
-de la contratación de eventos que podría suponer no ofrecer dicho
-servicio, en aquéllos casos en que el cliente considerase
-imprescindible la amenización musical de la celebración.
-
-En similar sentido se pronuncian las sentencias de la Audiencia
-Provincial de La Coruña, sección 6ª, de 19 abril de 2004; de la
-sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 21 de abril de
-2003 y de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 21
-de febrero de 2005 , incluso referida alguna de ella a un supuesto más
-extremo como la contratación de orquestas directamente por los
-clientes para amenizar el acto, señalando esta última que: "Ha de
-considerarse que, conforme a reiterada jurisprudencia, la ejecución de
-obras musicales en actos sociales celebrados en establecimientos
-públicos constituye un acto de comunicación pública sujeto a
-autorización. El titular del establecimiento no es tan ajeno a la
-actuación musical como se pretende desde el momento en que, primero,
-la ejecución de la obra musical exige la adecuación del local,
-adoptando las medidas de insonorización, distribución, sonido,
-iluminación..., necesarias para posibilitar aquella actuación;
-segundo, el grupo musical u orquesta de que se trate necesitan la
-asistencia de los medios técnicos y materiales (energía eléctrica,
-instalación de sonido...) con los que cuenta el establecimiento y de
-los que se valen para el desarrollo de su actuación; tercero, el hecho
-de que haya música genera un beneficio para el titular del local ya
-que suele generar la contratación de servicios accesorios como barra
-libre..., al proporcionar a los asistentes la oportunidad de prolongar
-su presencia en el local más allá del ágape. Es indiscutible, por
-tanto, que contratando, o permitiendo contratar orquestas, se obtiene
-un provecho económico, al beneficiarse la empresa de los derechos de
-propiedad intelectual de los autores de las composiciones musicales
-que se escuchan, con su anuencia expresa, en su establecimiento. Es el
-dato de que en el establecimiento haya banquetes con música lo que
-obliga a pagar los derechos de autor, resultando indiferente que la
-orquesta que los ameniza sea contratada por el propio establecimiento
-público o por los particulares que hacen la celebración, porque lo
-cierto es, como se ha dicho, que quien se beneficia económicamente de
-ello es el establecimiento, pues ese ambiente musical hace más
-atractiva la celebración. De ahí la obligación de pagar los derechos
-de autor por parte del establecimiento público".
-
-Por último, este tribunal también ha señalado en su sentencia de 14 de
-diciembre de 2006 que si en las instalaciones del establecimiento "se
-producen ilícitos contra los derechos de propiedad intelectual y la
-demandada no sólo los consiente sino que los integra en su negocio,
-pues así los oferta, debe hacérsele responsable de ello. Y si es que
-pudiera existir un tercero que tuviera esa licencia para efectuar la
-comunicación pública de obras audiovisuales le incumbía a la parte
-demandada haberlo demostrado (artículo 217 de la LEC) y no lo ha
-hecho", doctrina plenamente aplicable al supuesto enjuiciado.
-
-CUARTO.- Rechazadas las razones que condujeron a la sentencia de
-instancia a desestimar la demanda, deben ahora examinarse el resto de
-la cuestiones que fueron objeto del litigio y, concretamente, de las
-alegadas en la contestación a la demanda que impedirían el éxito de
-las acciones ejercitadas por la actora al estar acreditado que la
-demandada ofrece y presta el servicio de discoteca en los banquetes de
-boda que se celebran en sus instalaciones sin contar con la
-autorización de la SGAE.
-
-La parte demandada rechaza que la comunicación de obras musicales en
-sus instalaciones, aunque estuvieran protegidas y gestionadas por la
-SAGE, implique un acto de comunicación pública del artículo 20 TRLPI,
-al considerar que las bodas o banquetes que se celebran están sujetos
-a acceso restringido, dado que sólo asisten los invitados por los
-organizadores del acto, por lo que se desarrollan en un ámbito
-estrictamente doméstico y sin que los aparatos utilizados estén
-integrados en una red de difusión.
-
-No se comparte la tesis de la demanda que en apoyo de su
-interpretación cita diversas resoluciones relativas a la difusión de
-obras musicales mediante radio o televisión realizadas en las
-habitaciones de un hotel, declarando que no constituyen actos de
-comunicación pública y, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo
-de 10 de mayo de 2003.
-
-Al margen de que los supuestos de hecho no guardan relación alguna
-pues nada tiene que ver la comunicación de obras musicales en la
-habitación de un hotel a través de aparato de radio o televisión con
-la amenización musical en banquetes o celebraciones de boda en
-establecimientos públicos, lo cierto es que la polémica sobre si era
-comunicación pública el acceso a obras protegidas en las habitaciones
-de los hoteles ha sido zanjada por la sentencia del Tribunal de
-Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de diciembre de 2006 que
-declara que la distribución de una señal por un establecimiento
-hotelero a los clientes alojados en sus habitaciones, efectuada por
-medio de televisores, constituye un acto de comunicación al público en
-el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del
-Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
-armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
-derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la
-información, sea cual fuere la técnica empleada para la transmisión de
-la señal y que el carácter privado de los dormitorios de un
-establecimiento hotelero no impide que se considere que la
-comunicación de una obra en tales habitaciones, efectuada por medio de
-televisores, constituye un acto de comunicación al público en el
-sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.
-
-Centrándonos en el supuesto objeto de autos, la comunicación de obras
-musicales en celebraciones de boda o banquetes en establecimiento
-público, este tribunal ya ha manifestado con anterioridad en su
-sentencia de que 14 de diciembre de 2006 que "La ejecución musical en
-directo ante un público destinatario, que puede serlo el que concurre
-a un banquete de bodas, bautizos, banquetes y eventos sociales
-similares, supone un acto de comunicación pública de la obra musical
-susceptible de inclusión en el artículo 20 de la LPI . También supone
-una modalidad de comunicación pública de obras musicales la que se
-realiza mediante la instalación al efecto de equipos de reproducción
-musical (permanentes o móviles) en dichos eventos".
-
-Efectivamente, el artículo 20.1 Texto Refundido de la Ley de Propiedad
-Intelectual entiende por comunicación pública todo acto por el cual
-una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa
-distribución de ejemplares a cada una de ellas.
-
-Sólo se excluye del concepto de comunicación pública cuando la
-comunicación se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico
-que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier
-tipo.
-
-No cabe confundir el ámbito doméstico (de domus, casa: relativo a la
-casa u hogar) con el familiar que es más amplio (relativo a la
-familia), sin que la celebración de una boda, con carácter general,
-pueda identificarse con un acto estrictamente familiar, menos
-doméstico, en tanto que ha adquirido un dimensión social, incluyéndose
-entre los invitados un círculo más o menos amplio de amistades de los
-contrayentes y de sus progenitores. La ya citada sentencia de este
-tribunal de 14 de diciembre de 2006 indica que los banquetes de boda,
-con independencia de su significado intrínseco, "se han convertido más
-en actos sociales que en estrictamente familiares. Por lo que puede
-afirmarse que cuando allí se está poniendo música existe en realidad
-una comunicación pública de obras protegidas por la propiedad
-intelectual ante una pluralidad de personas, en los términos del
-artículo 20 del TR de la Ley de Propiedad Intelectual".
-
-QUINTO.- También niega la demandada que en las celebraciones que
-tienen lugar en sus locales se comuniquen obras protegidas cuyos
-derechos de autor sean gestionados por al SGAE.
-
-Como ya ha mantenido este tribunal en su sentencia de 21 de febrero de
-2008, en atención a "la enorme cantidad de obras musicales, españolas
-e incluso extranjeras, cuyos derechos de autor son gestionados en
-España por la SGAE, no encontramos razones, dadas las circunstancias
-de este caso (especialmente la relativa al tipo de música que se
-emplea para este tipo de actividades) y a falta de indicios de lo
-contrario, para poner en entredicho que las comunicadas en el local
-del demandado correspondieran al repertorio de ésta. Además, el
-demandado ni tan siquiera ha insinuado, ni mucho menos ha aportado al
-respecto un principio de prueba, de que las obras pudieran
-corresponderse con la denominada música libre (los modelos de dominio
-público y de licencias generales -General Public License-, como son,
-por ejemplo, las licencias "creative commons", algunas de las cuales
-incluyen la cláusula " copyleft ") a la que puede accederse merced a
-la expansión de internet, lo que hubiese podido permitir poner en
-cuestión el razonamiento precedente".
-
-En el supuesto de autos con fundamento en la testifical del
-representante de la empresa que contrata la demandada para la
-amenización musical, "VIP FIESTA, S.L.", se mantiene que se programa
-durante la primera hora música de notable antigüedad, consistente en
-valses, tangos, pasodobles y bailes similares; y durante el resto del
-evento bien se utilizan orquestas que interpretan sus propias
-composiciones, bien se emplea discjockeys que reproducen sus propias
-composiciones o improvisaciones musicales.
-
-En cuanto a la primera parte, dada la duración de los derechos de de
-explotación de la obra que se prolongan durante toda la vida del autor
-y 70 años más a contar desde su muerte o declaración de fallecimiento
-(artículo 26 Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ), el
-hecho de que se programe música de los géneros descritos por el
-demandado no implica que hayan expirado los derechos de autor, al
-margen de que alguna concreta pieza pudiera haber pasado a dominio
-público. En definitiva, lo que el demandado tenía que haber acreditado
-(artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) es que las obras
-que comunica pertenecen al dominico público por haber expirado los
-derecho de explotación. En todo caso, tras la audición de la grabación
-del acto del juicio debe precisarse que el representante de la entidad
-"VIP FIESTA, S.L." que compareció como testigo (9h 53¿¿ y 27¿¿ y ss de
-la grabación) en modo alguno alude a la antigüedad de la música y
-menos que estén en el dominio público, limitándose a afirmar que abre
-con algún vals para pasar a la música interpretada por una orquesta
-latina y cuado se alarga la celebración se usan los CD mezclados por
-el propio discjockey.
-
-Respecto a