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Restaurante El Caserón de Araceli
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      AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

      MADRID

      SENTENCIA: 00110/2008

      AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

      SECCIÓN 28

      C/ General Martínez Campos nº 27.

      Teléfono: 91 4931988/89

      Fax: 91 4931996

      ROLLO DE APELACIÓN Nº 283/07.

      Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 300/04.

      Órgano de Procedencia: Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alcobendas.

      Parte recurrente: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE).

      Procurador: Don José María Murúa Fernández.

      Parte recurrida: "EL CASERÓN DE ARACELI, S.A."

      Procurador: Doña María José Bueno Ramírez

      ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

      D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA

      D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

      D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

SENTENCIA Nº 110
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.. container:: encabezamiento

 En Madrid, a ocho de mayo de dos mil ocho.

 En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia
 Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada
 por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto
 en grado de apelación, bajo el nº de rollo 283/07, los autos de
 juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5
 de Alcobendas con el número 300/2004, el cual fue promovido por la
 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), apelante en esta
 alzada, representada por el Procurador don José María Murúa Fernández
 y defendida por el letrado don Eduardo Ezpondaburu Marco contra la
 mercantil "EL CASERÓN DE ARACELI, S.L.", ahora apelada, representada
 por la Procuradora doña María José Bueno Ramírez y defendida por el
 letrado don Tomás Villatoro González, sobre derechos de propiedad
 intelectual.

 Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el
 parecer de la Sala.

Antecedentes de Hecho
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 PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda
 presentada con fecha 8 de junio de 2004 por la representación de la
 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra la mercantil "EL
 CASERÓN DE ARACELI, S.L.", en la que, tras exponer los hechos que
 estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que
 consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

  "A Se declare: Que la parte demandada viene comunicando públicamente
  obras musicales en el local que explota denominado RESTAURANTE EL
  CASERÓN DE ARACELI, sin haber obtenido para ello la previa
  autorización de la SGAE, infringiéndose así los derechos gestionados
  por dicha entidad.

  B Y se condene a la parte demandada:

  1. A estar y pasar por la anterior declaración.

  2. A que cese de inmediato la referida comunicación pública, en
  tanto no proceda a obtener la preceptiva autorización de la SGAE,
  acordándose el precinto de los aparatos utilizados en la misma.

  3. A que satisfaga a mi mandante en concepto de indemnización,
  conforme a lo establecido en el artículo 140 del TRLPI , por la
  comunicación pública de obras llevadas a cabo sin autorización en el
  establecimiento de su titularidad, cuya cuantía deberá ser
  concretada en fase probatoria o subsidiariamente en ejecución de
  sentencia, y al menos por el periodo comprendido entre marzo de 2003
  a mayo de 2004.

  4. Y pago de los intereses legales devengados y las costas que se
  generen en el presente procedimiento".

.. container:: antecedente

 SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes
 el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alcobendas dictó sentencia,
 con fecha 4 de mayo de 2006, cuyo fallo era el siguiente:

  "Que desestimo la demanda interpuesta por la SOCIEDAD GENERAL DE
  AUTORES Y EDITORES (SGAE). contra EL CASERÓN DE ARACELI, S.L..,
  apreciando las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva,
  absolviendo a la parte demandada de los pedimentos deducidos en su
  contra, sin entrar a conocer del fondo. Con expresa imposición de
  las costas causadas a la parte demandante."

.. container:: antecedente

 TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes
 litigantes, por la representación de la parte demandante se interpuso
 recurso de apelación al que se opuso la parte demandada. Admitido el
 recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado
 lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la
 Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los
 de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 8 de
 mayo de 2008.

.. container:: antecedente

 CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las
 prescripciones legales.

Fundamentos de Derecho
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.. container:: fundamento

 PRIMERO.- La sentencia apelada desestima la demanda deducida por la
 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra la mercantil "EL
 CASERÓN DE ARACELI, S.L." por la que interesaba se declarase la
 infracción por parte de la demandada de los derechos de propiedad
 intelectual gestionados por la demandante como consecuencia de la
 comunicación pública de obras musicales en el local que explota bajo
 la denominación EL CASERÓN DE ARACELI con motivo de las celebraciones
 de banquetes de boda, bautizos, bailes y eventos de análoga
 naturaleza, sin la previa autorización de la SGAE, así como la
 condena a la demandada a cesar en la referida comunicación pública en
 tanto en cuanto no procediera a obtener la previa autorización de la
 demandante; y a abonar la correspondiente indemnización conforme a
 las tarifas generales durante el período de la infracción, concretado
 en la Audiencia Previa entre marzo de 2003 y mayo de 2004 , y cuya
 cuantía se fijó durante el proceso en la cantidad de 16.230,25 euros,
 IVA incluido.

 La demanda fue desestimada al apreciar la sentencia falta de
 legitimación activa por no haber aportado la demandante con la
 demanda los estatutos adaptados a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
 marzo, reguladora del Derecho de Asociación ni certificación
 acreditativa de su autorización administrativa otorgada por el
 Ministerio de Cultura y publicada en el Boletín Oficial del Estado,
 tras la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica.

 También se rechaza la legitimación de la demandada al entender que
 aquélla no efectúa comunicación pública de obras musicales al
 prestarse el servicio de discoteca en los eventos que así lo
 requieren los clientes a través de la sociedad "VIP FIESTA, S.L.",
 contratada al efecto por la demandada.

 Contra la sentencia de instancia se alza la parte actora afirmando
 tanto su legitimación como la de la demandada, a lo que se opone
 ésta, manteniendo los demás motivos que, a su juicio, justifican la
 desestimación de la demanda para el caso de que se admitiese tanto la
 legitimación activa como la pasiva de las partes que, en su caso,
 serán analizados a lo largo de esta resolución.

 Por último, conviene indicar que en la contestación a la demanda se
 opuso la excepción de demanda defectuosa por no delimitar con la
 debida claridad y precisión la parte actora en su demanda el período
 supuestamente infractor, sin que tampoco se concretara el importe de
 la indemnización solicitada ni se ofrecieran las bases de modo que la
 liquidación resultase de un pura operación aritmética. Dicha
 excepción fue desestimada en trámite de audiencia previa, razonada
 por escrito en auto de fecha 6 de abril de 2005 y desestimado el
 recurso de reposición interpuesto por la demandada, en lo relativo a
 esta excepción por auto de 3 de mayo de 2006 (aunque realmente no se
 había impugnado en dicho recurso el pronunciamiento desestimatorio de
 la excepción de demanda defectuosa, sin perjuicio de las cuestiones
 de fondo planteadas en torno a las tarifas -folios 180 a 188 de los
 autos-). Como es lógico, dicha excepción no se ha reproducido en esta
 instancia por lo que la misma queda fuera del examen de este tribunal
 (artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

.. container:: fundamento

 SEGUNDO.- La cuestión de la legitimación de las entidades de gestión
 conferida por el artículo 150 Texto Refundido de la Ley de Propiedad
 Intelectual y antes por el artículo 135 de la Ley de Propiedad
 Intelectual de 11 de noviembre de 1987 , ha sido analizada en
 numerosas sentencias del Tribunal Supremo con relación a la
 legitimación de dichas entidades en supuestos de defensa de los
 derechos de comunicación que requieren una autorización global
 (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1999, recursos
 262/1998 y 969/1997; 24 de septiembre de 2002, 15 de octubre de 2002
 y 10 de mayo de 2003, entre otras).

 Concretamente la sentencia de 10 de mayo de 2002, señala con
 precisión que "Del articulado de la Ley resulta que los autores
 pueden hacer valer directamente sus derechos ya que la actuación
 necesaria a través de una entidad de gestión solo es exigida en los
 supuestos de los artículos 3.2 y 25.7 de la Ley 43/1994, de 30 de
 diciembre , sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos
 afines a los derechos de autor en el ámbito de la Propiedad
 intelectual (artículos 25.7 y 90.7 del texto Refundido de 1996 ),
 derechos entre los que no se incluyen aquellos a que se refiere esta
 litis; no obstante esa libertad de gestión, la experiencia demuestra
 que los titulares de estos derechos no gestionan directamente los
 derivados de la comunicación pública de fonogramas por medios
 mecánicos y de transmisión publica mediante aparatos de televisión en
 establecimientos abiertos al público, sin duda por la imposibilidad
 de llevar a cabo en adecuado control de la ejecución de esos actos de
 comunicación, habida cuenta de los numerosos establecimientos en que
 los mismos se llevan a cabo". A continuación dicha sentencia,
 siguiendo las de 29 de octubre de 1999 , señala que "Cuando el
 artículo 135 de la Ley de Propiedad Intelectual, redacción de 1987 ,
 establece que "las entidades de gestión una vez autorizadas, estarán
 legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos,
 para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en
 toda clase de procedimientos administrativos o judiciales", debe
 entenderse partiendo de lo antes dicho, que la expresión "derechos
 confiados a su gestión" puesta en relación con la de "en los términos
 que resulten de sus estatutos", se refiere a aquellos derechos cuya
 gestión "in genere" constituye, de acuerdo con los estatutos, el
 objeto de actuación de la entidad de gestión, no a los concretos
 derechos individuales que, mediante contratos con los titulares de
 los mismos o acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad,
 les hayan sido encomendados para su gestión; se atribuye así a la
 SGAE legitimación para la defensa en juicio de los derechos a que se
 extiende su actividad; entender, como hace la sentencia recurrida,
 que es necesaria la acreditación documental, al amparo del artículo
 503.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de la relación contractual
 establecida entre la SGAE con cada uno de los titulares del derecho
 de comunicación pública o de los acuerdos con otras entidades de
 idéntica función gestora, hace ineficaz, respecto de esta modalidad
 de derechos de autor, el sistema de protección establecido en la Ley,
 al no alcanzar la así dispensada los caracteres de real, concreta y
 efectiva que el texto legal propugna, resultando defraudados los
 intereses generales en la protección de la propiedad intelectual que
 justifica la concesión de autorización administrativa a las entidades
 de gestión (artículo 133.1 c) de la Ley de 1987").

 Finalmente, la resolución analizada concluye que el artículo 135 de
 la ley de 1987, actualmente 150 , atribuye una legitimación que
 denomina presunta, a las entidades de gestión de los derechos de
 autor ".para cuando se trata de la defensa de los derechos de
 comunicación que requieren una autorización global".

 En definitiva, la legitimación extraordinaria, propia y de carácter
 legal del artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
 Intelectual , atribuye legitimación a las entidades de gestión
 respecto de los derechos de ejercicio necesariamente colectivo o para
 aquellos que requieren una autorización global.

 No cabe duda, pues, que la legitimación de la actora al amparo del
 artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ,
 sólo requiere la aportación de sus estatutos y la preceptiva
 certificación acreditativa de la autorización administrativa otorgada
 por el Ministerio de Cultura, cuestión que como tal no es discutida
 en este pleito, en el que sí se cuestiona la legitimación de la
 demandante al no haber acreditado al tiempo de la presentación de la
 demanda la necesaria adaptación de sus estatutos a la Ley Orgánica
 1/2002, de 22 de marzo , reguladora del Derecho de Asociación, cuya
 exigencia deduce del artículo 151 Texto Refundido de la Ley de
 Propiedad Intelectual que somete el contenido de los estatutos a lo
 previsto en dicho precepto, "Sin perjuicio de lo que dispongan otras
 normas que les sean de aplicación.", en este caso la Ley Orgánica
 1/2002 , reguladora del Derechos de Asociación, dada la naturaleza de
 las entidades de gestión como personas jurídicas de base asociativa.

 Es incuestionable que la demandante no acreditó al tiempo de la
 interposición de la demanda (8 de junio de 2004) la adaptación de sus
 estatutos a la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo ,
 reguladora del Derecho de Asociación y que había transcurrido el
 plazo de adaptación de dos años desde la entrada en vigor de la Ley,
 lo que tuvo lugar a los dos meses de su publicación en el BOE (26 de
 marzo de 2002), esto es, el día 26 de mayo de 2002, previsto en el
 apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera .

 Sin embargo, el recurrente parte de una premisa errónea cual es que
 la preceptiva autorización que las entidades de gestión han de
 obtener del Ministerio de Cultura conforme al artículo 150 Texto
 Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para que aquélla ostente
 la correspondiente legitimación (y, en realidad, para que puedan
 dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de
 explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés
 de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad
 intelectual), pasa de forma ineludible (artículos 148 y 151 Texto
 Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ) porque los estatutos
 se encuentren adaptados a la vigente Ley Orgánica reguladora del
 Derecho de Asociación, de modo que al no haber acreditado al tiempo
 de la presentación de la demanda dicha adaptación a esta última
 norma, la actora queda privada de legitimación activa.

 Dicha conclusión no tiene fundamento legal. Efectivamente, como ya
 hemos apuntado el plazo de adaptación de los estatutos a la Ley
 Orgánica 1/2002 expiró el día 26 de mayo de 2004 (Disposición
 Transitoria Primera ) y, en consecuencia, con anterioridad a la
 presentación de la demanda, pero la falta de adaptación no priva a la
 entidad de gestión de legitimación o, dicho de otro modo, no implica
 la revocación "ipso iure" de la autorización administrativa, lo que
 carece de previsión legal. Es más, el propio apartado 1 de la
 Disposición Transitoria Primera establece que "Las asociaciones
 inscritas en el correspondiente Registro con anterioridad a la
 entrada en vigor de la presente Ley Orgánica estarán sujetas a la
 misma y conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su
 capacidad.", sin anudar a la falta de adaptación la pérdida de la
 autorización administrativa. En similar sentido se pronuncia la
 sentencia de la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza de
 fecha 7 de diciembre de 2005 que alude, en supuesto análogo al aquí
 enjuiciado, a que la falta de adaptación no produce de forma
 automática la extinción de la asociación incumplidora o la suspensión
 de sus derechos en sus relaciones jurídicas, rechazando, en suma, que
 la falta de adaptación prive de legitimación a la entidad de gestión.

 Por otro lado, la única consecuencia que se prevé para la falta de
 adaptación se contempla en el Real Decreto 1497/2003, de 28 de
 noviembre , por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional
 de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de
 asociaciones, en cuya Disposición Transitoria Única, relativa,
 precisamente, a la adaptación de estatutos a la Ley Orgánica 1/2002,
 de 22 de marzo. Así , el apartado 2) de la citada Disposición
 establece que "Transcurrido el plazo de dos años (para la adaptación
 de los estatutos), no se inscribirá en el correspondiente registro
 documento alguno de las asociaciones no adaptadas, hasta que se haya
 efectuado ante el registro la acreditación en forma de los extremos a
 que se refiere el apartado 1 anterior". Ésta es la única consecuencia
 que, de modo automático, cabe atribuir a la falta de adaptación,
 porque la más severa prevista en el apartado 3) del mismo precepto ha
 sido declarada nula, por ilegal, por la reciente sentencia de la Sala
 3ª del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2006 .

 El mencionado apartado 3) establecía que "Las asociaciones no
 adaptadas, ni disueltas, que actúen, en su caso, sin haber
 regularizado su situación registral se asimilarán a las asociaciones
 no inscritas a los efectos previstos en el art. 10 de la Ley Orgánica
 1/2002, de 22 de marzo", estableciendo en apartado 4 del artículo 10
 de la Ley que "Sin perjuicio de la responsabilidad de la propia
 asociación, los promotores de asociaciones no inscritas responderán,
 personal y solidariamente, de las obligaciones contraídas con
 terceros. En tal caso, los asociados responderán solidariamente por
 las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a
 terceros, siempre que hubieran manifestado actuar en nombre de la
 asociación".  Esto es, extendía por vía reglamentaria el régimen de
 responsabilidad solidaria de promotores y asociados previsto para las
 asociaciones no inscritas en el artículo 10.4 de la Ley Orgánica
 1/2002 , a las asociaciones inscritas con anterioridad en el Registro
 correspondiente, cuyos estatutos, sin embargo, no se hubieran
 adaptado en plazo legal a la nueva Ley y también a aquéllas que
 habiendo efectuado la oportuna adaptación de éstos, la misma no
 hubiese tenido acceso al Registro.

 La referida sentencia del Tribunal Supremo declara la nulidad del
 apartado tercero de la Disposición Transitoria Única del Reglamento
 del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los
 restantes registros de asociaciones, aprobado por Real Decreto
 1497/2003, de 28 de noviembre , por carecer el Reglamento de la
 necesaria habilitación legal, señalando que "La Disposición
 Transitoria primera de la Ley Orgánica , reguladora del derecho de
 asociación, impone a las asociaciones, inscritas en el
 correspondiente Registro con anterioridad a la entrada en vigor de la
 propia Ley Orgánica, el deber de adaptar sus estatutos a la nueva Ley
 en el plazo de dos años, sin señalar las posibles consecuencias en el
 caso de incumplimiento de ese deber, precisando meramente que tales
 asociaciones inscritas con anterioridad quedan sujetas a la nueva Ley
 y conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su
 capacidad".

 Resulta patente que anulada por falta de habilitación legal la
 extensión del régimen de responsabilidad de las asociaciones no
 inscritas, a las inscritas con anterioridad a la entrada en vigor de
 la Ley, como lo es la SGAE, pero que no hubieran adaptado sus
 estatutos en plazo legal, lo que estaba previsto en un Real Decreto,
 con mayor razón debe negarse la pérdida o revocación automática de la
 autorización administrativa de la entidad de gestión, "sanción" o
 consecuencia no prevista en norma alguna.

 En todo caso, el propio Texto Refundido de la Ley de Propiedad
 Intelectual prevé en su artículo 149 que "La autorización podrá ser
 revocada por el Ministerio de Cultura si sobreviniera o se pusiera de
 manifiesto algún hecho que pudiera haber originado la denegación de
 la autorización, o si la entidad de gestión incumpliera gravemente
 las obligaciones establecidas en este título. En los tres supuestos
 deberá mediar un previo apercibimiento del Ministerio de Cultura, que
 fijará un plazo no inferior a 3 meses para la subsanación o
 corrección de los hechos señalados.

 La revocación producirá sus efectos a los tres meses de su
 publicación en el Boletín Oficial del Estado".

 Si la falta de adaptación de los estatutos a la Ley Orgánica 1/2002
 es causa que justifique la revocación de la autorización otorgada a
 una entidad de gestión es una cuestión ajena a esta resolución pero
 sí interesa destacar que no consta en modo alguno, porque no se ha
 producido nunca, la revocación de la autorización concedida a la SGAE
 por el Ministerio de Cultura.

 Dicho lo anterior, la actora acompañó a la demanda copia de sus
 estatutos, contemplando el artículo 5 como el fin principal de la
 entidad la protección del autor y demás derechohabientes en el
 ejercicio y mediante la gestión eficaz, entre otros, de los derechos
 de comunicación pública de obras musicales (documento nº 2 de la
 demanda). Además, se aportó la oportuna certificación acreditativa de
 que la SGAE fue autorizada para actuar como entidad de gestión de
 derechos de propiedad intelectual en virtud de Orden del Ministerio
 de Cultura de 1 de junio de 1988, publicada en el BOE el siguiente
 día 4 (documento nº 3 de la demanda), por lo que la demandante dio
 cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 150 Texto
 Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , sin que la
 autorización, al tiempo de la interposición de la demanda, hubiera
 sido revocada por falta de adaptación de los estatutos a la Ley
 Orgánica 1/2002 , ni por ninguna otra circunstancia, lo que determina
 el reconocimiento de la legitimación de la parte actora, siendo
 irrelevante a estos efectos si, efectivamente, la actora había o no
 adaptado sus estatutos cuando presentó la demanda.

 En todo caso, aunque no es relevante para apreciar la legitimación de
 la demandante, de la certificación expedida por el Ministerio del
 Interior unida al folio 220 resulta que la demandante, tras la
 presentación de la demanda, ha dado cumplimiento a la necesaria
 adaptación de sus estatutos con fecha 8 de marzo de 2005, los cuales
 figuran debidamente inscritos en el Registro Nacional de
 Asociaciones, sin que en momento alguno se haya revocado la
 autorización del Ministerio de Cultura para actuar como entidad de
 gestión, cuya autorización es certificada por el Subdirector General
 de Propiedad Intelectual con fecha 21 de abril de 2005 (folios 222 y
 ss), figurando en la propia certificación que el fin principal de la
 sociedad conforme a sus estatutos es, en lo que aquí interesa, la
 protección del autor y demás derechohabientes en el ejercicio y
 mediante la gestión eficaz, entre otros, de los derechos de
 comunicación pública de obras musicales.

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 TERCERO.- Admitida la legitimación de la demandante, debe analizarse
 la falta de legitimación pasiva, también acogida como excepción en la
 sentencia, en los términos en que fue planteada en la demandada, esto
 es, circunscrita a la prestación de servicio de discoteca por un
 tercero, sin perjuicio de la utilización o no del repertorio musical
 gestionado por la SGAE, alegado como cuestión de fondo en la
 contestación y que indebidamente en el escrito de oposición del
 recurso se hace valer a propósito de la falta de legitimación pasiva,
 además de mantenerse como oposición de fondo.

 Precisado lo anterior, tampoco se comparte el razonamiento de la
 sentencia de instancia en este punto que niega la legitimación de la
 demandada porque "tiene subcontratada con la mercantil VIP FIESTA
 S.L. el servicio de megafonía y sonorización de eventos, así como el
 servicio de discoteca móvil".

 Aunque es cierto que la amenización musical de las celebraciones de
 bodas las efectúa la demandada a través de la mercantil "VIP FIESTA,
 S.L.", en virtud de contrato suscrito al efecto entre ambas
 (documentos n 1 y 2 de la contestación a la demanda), dicha
 circunstancia no priva de legitimación a la demandada.

 Es la demandada la que ofrece como un servicio más a sus clientes la
 posibilidad de amenizar el evento a través de lo que en su oferta
 denomina discoteca móvil a un precio de 596 euros más IVA (documento
 nº 2 de la demanda y concretamente el folio 42 de los autos), siendo
 irrelevante si tal servicio lo presta directamente la demandada
 utilizando sus propios aparatos de música, a través de una orquesta o
 grupo que pudiera contratar al efecto o mediante una empresa que
 ameniza la celebración "pinchando" música.

 Ofreciendo la demandada como un servicio más de las celebraciones que
 pueden efectuarse en sus instalaciones la amenización musical, es
 ella quien, en su caso, también efectúa la comunicación pública de
 obras musicales con independencia de que se valga de un tercero para
 prestar materialmente ese servicio ofrecido por la demandada y del
 que obtiene un triple beneficio económico: en primer lugar, el
 vinculado al propio precio que se cobra por tal servicio; en segundo
 lugar, el asociado a la contratación de la denominada barra libre,
 que carecería de sentido en este tipo de celebraciones sin música,
 hasta el punto de que la duración del servicio de discoteca móvil se
 vincula al de la barra libre; y en tercer lugar, evita la pérdida
 derivada de la disminución de la contratación de eventos que podría
 suponer no ofrecer dicho servicio, en aquéllos casos en que el
 cliente considerase imprescindible la amenización musical de la
 celebración.

 En similar sentido se pronuncian las sentencias de la Audiencia
 Provincial de La Coruña, sección 6ª, de 19 abril de 2004; de la
 sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 21 de abril de
 2003 y de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 21
 de febrero de 2005 , incluso referida alguna de ella a un supuesto
 más extremo como la contratación de orquestas directamente por los
 clientes para amenizar el acto, señalando esta última que: "Ha de
 considerarse que, conforme a reiterada jurisprudencia, la ejecución
 de obras musicales en actos sociales celebrados en establecimientos
 públicos constituye un acto de comunicación pública sujeto a
 autorización. El titular del establecimiento no es tan ajeno a la
 actuación musical como se pretende desde el momento en que, primero,
 la ejecución de la obra musical exige la adecuación del local,
 adoptando las medidas de insonorización, distribución, sonido,
 iluminación..., necesarias para posibilitar aquella actuación;
 segundo, el grupo musical u orquesta de que se trate necesitan la
 asistencia de los medios técnicos y materiales (energía eléctrica,
 instalación de sonido...) con los que cuenta el establecimiento y de
 los que se valen para el desarrollo de su actuación; tercero, el
 hecho de que haya música genera un beneficio para el titular del
 local ya que suele generar la contratación de servicios accesorios
 como barra libre..., al proporcionar a los asistentes la oportunidad
 de prolongar su presencia en el local más allá del ágape. Es
 indiscutible, por tanto, que contratando, o permitiendo contratar
 orquestas, se obtiene un provecho económico, al beneficiarse la
 empresa de los derechos de propiedad intelectual de los autores de
 las composiciones musicales que se escuchan, con su anuencia expresa,
 en su establecimiento. Es el dato de que en el establecimiento haya
 banquetes con música lo que obliga a pagar los derechos de autor,
 resultando indiferente que la orquesta que los ameniza sea contratada
 por el propio establecimiento público o por los particulares que
 hacen la celebración, porque lo cierto es, como se ha dicho, que
 quien se beneficia económicamente de ello es el establecimiento, pues
 ese ambiente musical hace más atractiva la celebración. De ahí la
 obligación de pagar los derechos de autor por parte del
 establecimiento público".

 Por último, este tribunal también ha señalado en su sentencia de 14
 de diciembre de 2006 que si en las instalaciones del establecimiento
 "se producen ilícitos contra los derechos de propiedad intelectual y
 la demandada no sólo los consiente sino que los integra en su
 negocio, pues así los oferta, debe hacérsele responsable de ello. Y
 si es que pudiera existir un tercero que tuviera esa licencia para
 efectuar la comunicación pública de obras audiovisuales le incumbía a
 la parte demandada haberlo demostrado (artículo 217 de la LEC) y no
 lo ha hecho", doctrina plenamente aplicable al supuesto enjuiciado.

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 CUARTO.- Rechazadas las razones que condujeron a la sentencia de
 instancia a desestimar la demanda, deben ahora examinarse el resto de
 la cuestiones que fueron objeto del litigio y, concretamente, de las
 alegadas en la contestación a la demanda que impedirían el éxito de
 las acciones ejercitadas por la actora al estar acreditado que la
 demandada ofrece y presta el servicio de discoteca en los banquetes
 de boda que se celebran en sus instalaciones sin contar con la
 autorización de la SGAE.

 La parte demandada rechaza que la comunicación de obras musicales en
 sus instalaciones, aunque estuvieran protegidas y gestionadas por la
 SAGE, implique un acto de comunicación pública del artículo 20 TRLPI,
 al considerar que las bodas o banquetes que se celebran están sujetos
 a acceso restringido, dado que sólo asisten los invitados por los
 organizadores del acto, por lo que se desarrollan en un ámbito
 estrictamente doméstico y sin que los aparatos utilizados estén
 integrados en una red de difusión.

 No se comparte la tesis de la demanda que en apoyo de su
 interpretación cita diversas resoluciones relativas a la difusión de
 obras musicales mediante radio o televisión realizadas en las
 habitaciones de un hotel, declarando que no constituyen actos de
 comunicación pública y, entre otras, la sentencia del Tribunal
 Supremo de 10 de mayo de 2003.

 Al margen de que los supuestos de hecho no guardan relación alguna
 pues nada tiene que ver la comunicación de obras musicales en la
 habitación de un hotel a través de aparato de radio o televisión con
 la amenización musical en banquetes o celebraciones de boda en
 establecimientos públicos, lo cierto es que la polémica sobre si era
 comunicación pública el acceso a obras protegidas en las habitaciones
 de los hoteles ha sido zanjada por la sentencia del Tribunal de
 Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de diciembre de 2006 que
 declara que la distribución de una señal por un establecimiento
 hotelero a los clientes alojados en sus habitaciones, efectuada por
 medio de televisores, constituye un acto de comunicación al público
 en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE
 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa
 a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
 derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la
 información, sea cual fuere la técnica empleada para la transmisión
 de la señal y que el carácter privado de los dormitorios de un
 establecimiento hotelero no impide que se considere que la
 comunicación de una obra en tales habitaciones, efectuada por medio
 de televisores, constituye un acto de comunicación al público en el
 sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

 Centrándonos en el supuesto objeto de autos, la comunicación de obras
 musicales en celebraciones de boda o banquetes en establecimiento
 público, este tribunal ya ha manifestado con anterioridad en su
 sentencia de que 14 de diciembre de 2006 que "La ejecución musical en
 directo ante un público destinatario, que puede serlo el que concurre
 a un banquete de bodas, bautizos, banquetes y eventos sociales
 similares, supone un acto de comunicación pública de la obra musical
 susceptible de inclusión en el artículo 20 de la LPI . También supone
 una modalidad de comunicación pública de obras musicales la que se
 realiza mediante la instalación al efecto de equipos de reproducción
 musical (permanentes o móviles) en dichos eventos".

 Efectivamente, el artículo 20.1 Texto Refundido de la Ley de
 Propiedad Intelectual entiende por comunicación pública todo acto por
 el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin
 previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

 Sólo se excluye del concepto de comunicación pública cuando la
 comunicación se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico
 que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier
 tipo.

 No cabe confundir el ámbito doméstico (de domus, casa: relativo a la
 casa u hogar) con el familiar que es más amplio (relativo a la
 familia), sin que la celebración de una boda, con carácter general,
 pueda identificarse con un acto estrictamente familiar, menos
 doméstico, en tanto que ha adquirido un dimensión social,
 incluyéndose entre los invitados un círculo más o menos amplio de
 amistades de los contrayentes y de sus progenitores. La ya citada
 sentencia de este tribunal de 14 de diciembre de 2006 indica que los
 banquetes de boda, con independencia de su significado intrínseco,
 "se han convertido más en actos sociales que en estrictamente
 familiares. Por lo que puede afirmarse que cuando allí se está
 poniendo música existe en realidad una comunicación pública de obras
 protegidas por la propiedad intelectual ante una pluralidad de
 personas, en los términos del artículo 20 del TR de la Ley de
 Propiedad Intelectual".

.. container:: fundamento

 QUINTO.- También niega la demandada que en las celebraciones que
 tienen lugar en sus locales se comuniquen obras protegidas cuyos
 derechos de autor sean gestionados por al SGAE.

 Como ya ha mantenido este tribunal en su sentencia de 21 de febrero
 de 2008, en atención a "la enorme cantidad de obras musicales,
 españolas e incluso extranjeras, cuyos derechos de autor son
 gestionados en España por la SGAE, no encontramos razones, dadas las
 circunstancias de este caso (especialmente la relativa al tipo de
 música que se emplea para este tipo de actividades) y a falta de
 indicios de lo contrario, para poner en entredicho que las
 comunicadas en el local del demandado correspondieran al repertorio
 de ésta. Además, el demandado ni tan siquiera ha insinuado, ni
 mucho menos ha aportado al respecto un principio de prueba, de que
 las obras pudieran corresponderse con la denominada música libre (los
 modelos de dominio público y de licencias generales -General Public
 License-, como son, por ejemplo, las licencias "creative commons",
 algunas de las cuales incluyen la cláusula "copyleft") a la que puede
 accederse merced a la expansión de internet, lo que hubiese podido
 permitir poner en cuestión el razonamiento precedente".

 En el supuesto de autos con fundamento en la testifical del
 representante de la empresa que contrata la demandada para la
 amenización musical, "VIP FIESTA, S.L.", se mantiene que se programa
 durante la primera hora música de notable antigüedad, consistente en
 valses, tangos, pasodobles y bailes similares; y durante el resto del
 evento bien se utilizan orquestas que interpretan sus propias
 composiciones, bien se emplea discjockeys que reproducen sus propias
 composiciones o improvisaciones musicales.

 En cuanto a la primera parte, dada la duración de los derechos de de
 explotación de la obra que se prolongan durante toda la vida del
 autor y 70 años más a contar desde su muerte o declaración de
 fallecimiento (artículo 26 Texto Refundido de la Ley de Propiedad
 Intelectual), el hecho de que se programe música de los géneros
 descritos por el demandado no implica que hayan expirado los derechos
 de autor, al margen de que alguna concreta pieza pudiera haber pasado
 a dominio público. En definitiva, lo que el demandado tenía que haber
 acreditado (artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es que
 las obras que comunica pertenecen al dominico público por haber
 expirado los derecho de explotación. En todo caso, tras la audición
 de la grabación del acto del juicio debe precisarse que el
 representante de la entidad "VIP FIESTA, S.L." que compareció como
 testigo (9h 53mm y 27 ss de la grabación) en modo alguno alude a la
 antigüedad de la música y menos que estén en el dominio público,
 limitándose a afirmar que abre con algún vals para pasar a la música
 interpretada por una orquesta latina y cuando se alarga la
 celebración se usan los CD mezclados por el propio discjockey.

 Respecto a la ejecución por las orquestas de sus propias obras
 musicales o composiciones y la de composiciones o improvisaciones
 creadas por el discjockey con sintetizadores, ordenadores o
 mezcladores, sencillamente, no resulta en absoluto verosímil, dado el
 tipo de eventos en que se efectúa la comunicación pública de obras
 musicales, bodas o banquetes, coincidente además con tiempo de barra
 libre. Es más, como antes se ha apuntado, el representante legal de
 la empresa "VIP FIESTA, S.L." en ningún momento sostiene que las
 orquestas latinas interpretan sus propias obras o composiciones
 musicales, por lo que en ningún caso cabe estimar acreditado que las
 obras que ejecutan sean ajenas al repertorio de la SGAE. Por otro
 lado, se admite por el testigo que en ocasiones se reproduce la
 música facilitada por lo propios asistentes que traen los CD de los
 vehículos, con lo que no parece que se trate de obras de autores que
 pudieran no tener cedidos sus derechos a la entidad de gestión.

 Además, en los propios contratos suscritos por la demandada con la
 empresa "VIP FIESTA, S.L.", se exige a ésta que disponga de
 colecciones de música especializadas y actualizadas dos veces al mes,
 lo que no tiene sentido si no es para programar, precisamente, la
 música de más actualidad en cada momento.

 Todo lo anterior queda corroborado por la declaración testifical de
 don César Malagón Linares que aun cuando es el representante de zona
 de la SGAE, celebró el banquete de boda en el restaurante de la
 entidad demandada, el cual afirma (9h 46¿ y 56¿¿ y ss de la
 grabación) que el repertorio utilizado durante la celebración
 consistió en música "pachanga", nacional y que incluso él facilitó un
 CD de música moderna, sin que el letrado de la parte demandada
 considerase necesario formular pregunta alguna al testigo sobre este
 particular, por lo que no existe motivo alguno para dudar de la
 veracidad de su testimonio.

.. container:: fundamento

 SEXTO.- La comunicación pública de obras musicales en las condiciones
 analizadas exige autorización del titular de los derechos de autor
 (artículos 2 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
 Intelectual ) en relación con el artículo 428 del Código Civil y los
 artículos 11 y 11 bis del Convenio de Berna y el artículo IV de la
 Convención Universal del Derecho de Autor. Prescindir de ella supone
 una infracción de la normativa vigente en materia de propiedad
 intelectual. Por ello, debe revocarse la sentencia y acogerse la
 acción declarativa de la infracción de los derechos de propiedad
 intelectual (artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
 Intelectual) y la de cesación de dicha actividad infractora
 (artículos 138 y 139 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
 Intelectual), sin que proceda ordenar el precinto de los aparatos por
 pertenecer a tercero no demandado.

.. container:: fundamento

 SÉPTIMO.- Acreditada la infracción, el artículo 138 Texto Refundido
 de la Ley de Propiedad Intelectual permite al actor exigir la
 correspondiente indemnización de daños y perjuicios, habiendo optado
 el demandante por el criterio de la remuneración que hubiera
 percibido de haber autorizado la explotación, tal y como lo
 contemplaba el artículo 140 del mismo texto legal en la redacción
 vigente aplicable al supuesto enjuiciado por razones temporales.

 Acotada la infracción al período que media entre marzo de 2003 y mayo
 de 2004, la actora cuantifica la indemnización en aplicación de sus
 tarifas generales en 16.230,25 euros conforme a la liquidación
 aportada con el escrito presentado el día 22 de septiembre de 2005
 tras la prueba de exhibición de libros.

 Al margen de la duplicidad de algunas facturas y de la aplicación del
 IVA a lo que constituye una indemnización, la demandada discute,
 entre otros extremos, la cuantificación de la indemnización por no
 cumplir la tarifas los presupuestos formales previstos en la Ley de
 Propiedad Intelectual y en los estatutos de la actora, remitiéndose a
 la contestación de la demanda, lo que obliga a analizar antes de
 examinar la concreta cuantificación efectuada tras el acto del
 juicio, las cuestiones relativas a las tarifas alegadas por la
 demandada.

 La desidia probatoria de la demandante impide conocer al tribunal
 cuáles son las tarifas generales, vigentes durante el período
 reclamado, cuya aplicación se pretende para la cuantificación de la
 indemnización, lo que conducirá al rechazo de la pretensión
 indemnizatoria.

 En la demanda, la actora para acreditar las tarifas generales
 vigentes durante el ejercicio 2003, para la utilización del
 repertorio de pequeño derecho, en bailes celebrados con motivo de
 bodas, banquetes, bautizos, comuniones y actos sociales de análoga
 naturaleza, aportó una certificación del Secretario General a la que
 se adjuntaba fotocopia de la tarifa, fijada en 99,70 euros hasta 75
 comensales y 0,40 euros por cada comensal que excediera de los 75
 (documento nº 10 de la demanda, folios 70 y 71). Para el ejercicio
 2004 aportó idéntica certificación (folio 72) pero sin acompañar
 fotocopia de la tarifa, lo que fue subsanado en la audiencia previa,
 resultando una tarifa general para dicho ejercicio de 102,30 euros
 hasta 75 comensales y 0,41 euros por cada uno de los que exceda de
 esa cifra (folios154 y 155).

 Impugnadas por la demanda las tarifas que se pretendían aplicar al no
 constar que fueran las realmente aprobadas por la SGAE conforme a sus
 propios estatutos, esto es, mediante acuerdo de la Junta Directiva a
 propuesta del Consejo de Dirección (artículo 62.1.c y 65 .d), la
 demandante no sólo no propuso prueba alguna con la finalidad de
 acreditar la debida aprobación de las tarifas que pretende aplicar
 sino que requerida a instancias de la demandada para que aportase a
 las actuaciones el acta de la sesión de la Junta Directiva de la SGAE
 por la que se aprobaron las tarifas generales aportadas como
 documento nº 10 de la demanda, presentó, en lo que aquí interesa,
 copia del acta de la Junta Directiva celebrada el día 16 de
 septiembre de 2003 , en la que se aprueban unas tarifas generales
 "para establecimientos hoteleros" en virtud del acuerdo alcanzando
 con las Federaciones Españolas de Hoteles ZONTUR y FEH, condición
 hotelera que no consta concurra en la demandada, dedicada
 exclusivamente a la restauración como resulta de propio informe de
 detectives privados unido como documento nº 5 de la demanda, cuya
 vigencia comenzó el 1 de julio de 2003 y se prolongará hasta 31 de
 diciembre de 2008, fijando una tarifa para ese período de 99,70 euros
 hasta 75 comensales y 0,40 euros por cada comensal que excediera de
 los 75, aplicable sólo a partir del 1 de julio de 2003.

 Dicha tarifa es la aplicable durante el período del convenio a los
 bailes celebrados con motivos de bodas y demás eventos en las zonas
 comunes de los hoteles, entendiendo por tales, entre otras
 dependencias, los restaurantes siempre que estén integrados en la
 explotación hotelera y no sean objeto de una explotación económica
 independiente, diferenciada y ajena al establecimiento hotelero
 (folio 210 vuelto), por lo que dichas tarifas no son las generales
 para esos mismos eventos en meros restaurantes que, al parecer,
 tienen un vigencia anual coincidente con el año natural y cuya
 cuantía se modifica cada anualidad o, al menos, es lo que resulta de
 las certificaciones de las tarifas que se pretenden aplicar, cuya
 aprobación en forma por la demandante no ha sido acreditada. Es más,
 en la prueba de interrogatorio de parte, el representante legal de la
 demandante, en este caso el propio letrado que asistía a la SGAE en
 el juicio, admitió (9h 39¿ y 38¿¿ ss de la grabación) que dicha
 tarifa no es de aplicación a los restaurantes sin que pudiera ofrecer
 explicación razonable de la razón por la que no se habían aportado
 los acuerdos de la Junta Directiva por los que se aprobaron las
 tarifas generales correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004, cuya
 falta de acreditación determina el rechazo de la indemnización
 pretendida.

.. container:: fundamento

 OCTAVO.- En materia de costas, la estimación parcial de la demanda
 determina en aplicación del artículo 394 de la LEC que no se efectúe
 especial pronunciamiento respecto de las costas procesales
 ocasionadas en primera instancia.

 Por otra parte, al estimarse parcialmente el recurso interpuesto por
 el actor, no procede condenar al pago de las costas originadas con el
 mismo a ninguno de los litigantes, todo ello en aplicación del
 artículo 398 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general
aplicación,

Fallo
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.. container:: fallo

 En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la
 representación de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE)
 contra la sentencia dictada el 4 de mayo de 2006 por el Juzgado de
 Primera Instancia nº 5 de Alcobendas, en el juicio ordinario nº
 300/2004 del que este rollo dimana y, en consecuencia, debemos
 revocar y revocamos dicha resolución.

 2.- Estimar parcialmente la demanda formulada por SOCIEDAD GENERAL DE
 AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra la mercantil "EL CASERÓN DE ARACELI,
 S.L.", con los siguientes pronunciamientos:

  1 Declarar que la parte demandada viene comunicando públicamente
  obras musicales en el local que explota denominado RESTAURANTE EL
  CASERÓN DE ARACELI, sin haber obtenido para ello la previa
  autorización de la SGAE, infringiéndose así los derechos gestionados
  por dicha entidad, condenando a la demandada a estar y pasar por
  dicha declaración.

  2 Condenar a la demandada a que cese de inmediato la referida
  comunicación pública, en tanto no proceda a obtener la preceptiva
  autorización de la SGAE.

  3 Se desestima en lo demás la demanda.

 3.- No se efectúa especial pronunciamiento respecto de las costas
 procesales causadas tanto con la demanda como con el recurso de
 apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.