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Gimnasio Calle P. de Madrid
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Audiencia Provincial de Madrid, sección 28
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Rollo: RECURSO DE APELACION 166/2007

Proc. Origen: JUICIO VERBAL 70/2006

Organo Procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 6 de MADRID

De: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

Contra: xxx

SENTENCIA: 00055/2008 

En Madrid, a 21 de febrero de 2008. 

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,
especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos
señores magistrados D. Enrique García García, D. Alberto Arribas
Hernández y D. Pedro Mª Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación,
bajo el nº de rollo 166/2007, los autos del procedimiento nº 70/2006,
provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, el cual fue
promovido por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES contra
D. Demandado, siendo objeto del mismo acciones en materia de propiedad
intelectual.

Han actuado en representación y defensa de las partes, el Procurador
D. Jesús Iglesias Pérez y el Letrado D. Antonio Megia Grande por D.,
no compareciendo en esta Sección la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
EDITORES.

Antecedentes de Hecho
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PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda
presentada con fecha 23 de febrero de 2006 por la representación de la
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra D. Demandado,
en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar
los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión,
suplicaba lo siguiente: 

 "Se declare que la parte demandada debe satisfacer a mi mandante en
 concepto de indemnización conforme a lo establecido en el art. 140
 del LRLPI , por la comunicación pública de obras lleva a cabo sin
 autorización en el establecimiento denominado «ANTONIO TORRES» y por
 el período comprendido entre marzo de 2004 a mayo de 2005, la suma de
 524,44 euros a que se contrae la presente reclamación, condenándole
 al pago de la expresada suma así como al pago de los intereses
 legales desde la interposición de la demanda y las costas del
 procedimiento".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el
Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid se dictó sentencia, con fecha
20 de abril de 2006, cuyo fallo era el siguiente: 

  "Que estimando esencialmente la demanda formulada por el Procurador
  D. xx en nombre y representación de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
  EDITORES contra D. Demandado debo:

  Primero: Condenar y condeno a D. Demandado a que abone al actor
  la cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
  CÉNTIMOS (524,44), más el previsto en el art. 576 LEC.

  Segundo: Las costas se imponen a la parte demandada."

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes
litigantes, por la representación de D. Demandado se interpuso
recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y
tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente
rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se
ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. La
deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha
21 de febrero de 2008. Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado
D. Enrique García García, que expresa el parecer del
tribunal. 

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han
observado las prescripciones legales.

Fundamentos de Derecho
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PRIMERO.- El recurrente discrepa de la sentencia que en primera
instancia le condenó por la comunicación pública, entre marzo de 2004
y mayo de 2005, de obras musicales en su local, dedicado a gimnasio,
sito en la calle P. nº 00 de Madrid, aduciendo que no ha sido
acreditado que existan en éste equipos reproductores de
música. Asevera el apelante que no los necesita para impartir clases
de karate, que es la actividad a la que se dedica, y sostiene además
que él ha aportado pruebas que evidencian precisamente que no dispone
de ellos.

Con relación al primero de tales argumentos debe señalarse que lo que
aquí interesa comprobar es si se está produciendo una comunicación
pública de obras musicales protegidas por la propiedad intelectual
ante una pluralidad de personas, en los términos del artículo 20 del
TR de la Ley de Propiedad Intelectual , porque ello exige autorización
del titular de los derechos de autor (artículos 2 y 17 del TR de la
Ley de Propiedad Intelectual en relación con el artículo 428 del C
Civil y los artículos 11 y 11 bis del Convenio de Berna y el artículo
IV de la Convención Universal del Derecho de Autor), al que le
corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de
su obra en cualquier forma y, en concreto, los de índole patrimonial
(que incluyen los de reproducción, distribución, comunicación pública
y transformación). Se entiende por comunicación pública todo acto por
el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra. Para
ello basta la mera posibilidad de acceso, resultando indiferente
además que sea simultáneo o sucesivo. Entre los supuestos de
comunicación pública se incluye cualquier tipo de emisión o
transmisión de la obra en lugar accesible al público y mediante
cualquier instrumento idóneo. El responsable de la comunicación
pública no sólo es el autor directo de la actividad ilícita, sino
también cualquiera que facilite el acceso al público a esa
comunicación, como son los dueños de los locales donde ésta se
efectúa, ya que obtienen un beneficio por dicho servicio.

Pues bien, la entidad demandante ha aportado las siguientes pruebas de
que en el local del demandado se realizaba tal actividad de
comunicación pública de obras musicales:

  1º) El testimonio de Dª. yy, representante de zona de la SGAE, cuyo
  trabajo consiste precisamente en comprobar hechos de este tipo, que
  aseguró en el acto del juicio que visitó en varias ocasiones el
  local y que constató que estaban usando música disco para clases de
  aerobic; de una de ellas dejó constancia además en un acta de visita
  fechada el 30 de marzo de 2004 (folio nº 55 de autos);

  2º) Una hoja publicitaria del gimnasio (folio nº 56 de autos), donde
  consta el logo y teléfono de éste (reconocida por el demandado en la
  prueba de interrogatorio practicado en el acto del juicio), en la
  que se inserta un cuadrante con los horarios y precios de las clases
  de aerobic, actividad ésta que, como es notorio, requiere del empleo
  de música;

  3º) La SGAE dirigió requerimientos al demandado en abril y mayo de
  2004 (folios nº 52 y 53), al menos uno de ellos por correo
  certificado con acuse de recibo (folio nº 54 de las actuaciones),
  para que cesase en la infracción y regularizase la situación y, sin
  embargo, no consta que éste replicase ante dichas misivas que no
  estuviese realizando tal actividad, limitándose a no contestar, lo
  que no parece razonable si se le estaba imputando una conducta
  incorrecta y no era responsable de ella; y

  4º) Como admitió el demandado en el acto del juicio, no es la
  primera vez que resulta demandado por la SGAE, habiendo sufrido ya
  una condena precedente por comunicación pública de obras musicales.

El alegato del demandado que aduce que carece de equipo reproductor de
música en el local, a la vista de los precedentes hechos, no resulta
determinante para plantearse su posible absolución, puesto que: 

  1º) La actividad infractora puede realizarse mediante cualquier
  instrumento idóneo, ya sea por equipos instalados de modo estable,
  ya sea mediante aparatos portátiles u otro medio, por lo que la
  presencia de instalaciones musicales permanentes en el local (lo
  que, desde luego, hubiera sido un indicio muy revelador al respecto)
  no sería lo determinante de la condena sino el hecho mismo de
  realizarse de cualquier modo los actos de comunicación pública (el
  mercado ofrece al respecto una amplia gama de dispositivos, tanto
  analógicos como digitales, de escasas dimensiones, pero fiables y de
  calidad en sus prestaciones); 

  2º) El acta notarial aportada por el demandado no ofrece una visión
  completa de su local, sino cinco imágenes de otras tantas
  dependencias del mismo (salas con espalderas, sala de musculación y
  vestuarios), en las que sólo se aprecian perspectivas parciales de
  las mismas, quedando ocultas al observador muchas zonas del
  inmueble; por otro lado, llama la atención que no se pidiese al
  notario que diese fe de la ausencia de instalaciones musicales en el
  local y solo conste en el acta notarial la coincidencia de las fotos
  con lo reflejado en ellas (folios nº 83 a 85 de autos); y 

  3º) En último caso, lo que hubiese podido tener algún interés
  hubiese sido acreditar que no se disponía de tales aparatos en el
  período al que se refiere la demanda, entre marzo de 2004 y mayo de
  2005, y no un año después, ya que la acción ejercitada no era la de
  cesación sino la indemnizatoria por actos referidos a dicha
  época. 

El resto de los documentos aportados por el demandado apuntan a la
utilización del gimnasio para clases de karate y a los brillantes
resultados obtenidos en competiciones de dicho arte marcial por los
alumnos del demandado. No cuestiona este tribunal ni lo uno ni lo
otro, pero aquí no es lo relevante. Que el gimnasio tenga como
actividad principal el karate no excluye que, con carácter habitual,
se realicen además otras en las que se emplee música, como el aerobic,
a razón de tres horas diarias, de lunes a viernes, según la hoja de
horarios que obra al folio nº 56 de autos. 

No se defiende en esta resolución una inversión de la carga de la
prueba en contra del demandado, como parece entender éste. Al
contrario, la prueba de los hechos determinantes de la comisión de la
infracción incumbe a la SGAE, a tenor de lo establecido en el nº 2 del
artículo 217 de la LEC. Lo que ocurre es que consideramos que los
medios probatorios aportados por ésta demuestran, de modo razonable,
que se ha venido realizando la actividad infractora denunciada en la
demanda y, sin embargo, la contraprueba del demandado no permite
desvirtuar tal conclusión.

SEGUNDO.- También argumenta el recurrente que no se ha acreditado que
se haya comunicado alguna obra de las administradas por la demandante,
aludiendo además a que existen en España otras entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual. Se trata, en realidad, de una
cuestión que afecta a la legitimación "ad causam" de la actora para
accionar contra el demandado en la defensa de los derechos que se
invocan en la demanda, por lo que no debería extrañar al recurrente
que la resolución recurrida haya hecho alusión a ello. La SOCIEDAD
GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) es una entidad de gestión
colectiva de derechos de carácter patrimonial integrantes de la
propiedad intelectual y está legitimada para hacerlos valer en toda
clase de procedimientos administrativos o judiciales (art. 150 del TR
de la Ley de Propiedad Intelectual ). La jurisprudencia (sent TS 18 de
octubre de 2001, 18 de diciembre de 2001, 15 de octubre de 2002, 24 de
diciembre de 2002, 31 de enero de 2003 y 10 de mayo de 2003) ha
respaldado la legitimación de las entidades de gestión colectiva para
representar en juicio a todos los titulares pertenecientes a la clase
de derechos cuya administración asumió la entidad en sus estatutos,
sin que sea preciso que se acredite que cada uno de ellos les hayan
confiado la gestión individualizada de sus derechos. Asimismo, las
sentencias de 11 de mayo y 14 de diciembre de 2006 de esta sección 28ª
de la Audiencia Provincial de Madrid han señalado que se trata de una
legitimación propia, que va referida a la defensa de intereses
generales y no a la de concretos asociados, y que toma como base los
derechos a los que se refieren sus estatutos. Se trata de una
legitimación "ex lege" para ejercer los derechos que les han sido
confiados y para hacerlos valer en toda clase de procedimientos. Lo
que SGAE está defendiendo en este juicio son los derechos de los
autores de obras musicales, lo que acota el campo de los beneficiarios
respecto a los intereses que representan otras entidades de gestión
colectiva de derechos. Actúa así en defensa de intereses comunes del
colectivo cuya gestión tiene encomendada, por lo que en el desempeño
de esa labor es legítimo que reaccione contra la actividad de
comunicación pública de obras musicales que, sin autorización para
ello, se está llevando a cabo en el establecimiento de la parte
demandada. Lo que persigue es la obtención de una indemnización por la
infracción de tales derechos de propiedad intelectual, la cual deberá
luego distribuir, junto con sus demás recursos, entre el colectivo de
los autores de obras musicales cuyos derechos gestiona. 

Por otro lado, dado la enorme cantidad de obras musicales, españolas e
incluso extranjeras, cuyos derechos de autor son gestionados en España
por la SGAE, no encontramos razones, dadas las circunstancias de este
caso (especialmente la relativa al tipo de música que se emplea para
este tipo de actividades) y a falta de indicios de lo contrario, para
poner en entredicho que las comunicadas en el local del demandado
correspondieran al repertorio de ésta. **Además, el demandado ni tan
siquiera ha insinuado, ni mucho menos ha aportado al respecto un
principio de prueba, de que las obras pudieran corresponderse con la
denominada música libre (los modelos de dominio público y de licencias
generales -General Public License-, como son, por ejemplo, las
licencias "creative commons", algunas de las cuales incluyen la
cláusula "copyleft") a la que puede accederse merced a la expansión de
internet, lo que hubiese podido permitir poner en cuestión el
razonamiento precedente.**

TERCERO.- El testimonio de la enviada de SGAE, que exclusivamente por
su relación con ésta es criticado por el recurrente, constituye una
prueba tan apta como las demás para acreditar la comisión de los actos
de infracción de los derechos de autor. El hecho de que medie relación
mercantil o laboral entre la testigo y dicha entidad no impide que
aquélla pueda testificar, debiendo ser valorada su declaración con
arreglo a la sana crítica, como la de cualquier testigo (artículo 376
de la LEC). Aunque la existencia de vinculaciones entre testigos y las
partes sea una circunstancia a tener en cuenta por el juzgador, a fin
de valorar su imparcialidad (apartado 2 del artículo 367 y artículo
377 de la LEC), ello no significa que haya que negarle, de entrada,
fuerza probatoria a un testimonio solamente por ese motivo, si las
circunstancias del caso no permiten ponerlo en entredicho. Sobre todo
cuando el tenor de sus manifestaciones venga ser respaldado por otros
medios de prueba que permitan entrever la veracidad de lo testificado.

No se ha revelado, en este caso, razón de peso para cuestionar la
declaración realizada por la testigo Dª. yy en el acto del juicio. No
incurrió en contradicción relevante al prestarla y tenía perfecta
conciencia de lo que exponía por tratarse de hechos relativos a su
actividad profesional. Además, su relato resulta respaldado por la
existencia de otras pruebas, como el impreso publicitario del
gimnasio, reconocido por el propio demandado, donde se reseña el
horario correspondiente a la actividad de aerobic. Y a raíz de las
visitas de la testigo, de una de las cuales dejó reseña escrita en un
acta privada fechada a 30 de marzo de 2004, se enviaron en abril y
mayo siguientes por la SGAE las correspondientes cartas de reclamación
al demandado, no contestadas por éste, cuando la diligencia normal de
cualquier empresario debería haberle llevado a protestar en su defensa
si hubiesen carecido de justificación. Todo lo cual constituye un
soporte suficiente para otorgar credibilidad a la mencionada testigo.

CUARTO.- El recurrente cuestiona la valoración probatoria que se
efectúa en la resolución apelada respecto el impreso publicitario del
gimnasio, aduciendo que se trataba de un simple antiguo proyecto de
actividades que no se llevó a cabo. La crítica del recurrente carece
de justificación, pues tiene sentido que el juez dé el valor que
merece a dicha prueba puesto que es un documento que tiene su origen
en el propio demandado, que es quién lo facilita al público en su
local. Que así lo haga resulta contradictorio con sus manifestaciones,
pues no se comprende que si se tratase de un mero proyecto abandonado
facilitase al público dicho impreso informativo de horarios y precios
referidos precisamente a la actividad de aerobic, presentándolo con un
significativo abanico horario diario de clases. Además, puesto que la
SGAE ha aportado tal prueba claramente indicativa de la realización de
la actividad en el gimnasio, a quién correspondería desvirtuarla con
otras pruebas sería al propio demandado. Sin embargo, que él lo niegue
en la prueba de interrogatorio (con el valor que a la misma asigna el
artículo 316 de la LEC) o que aporte documentación relativa a la
práctica de karate no son elementos probatorios idóneos a tal fin, ya
que no permiten descartar que, en contra de la lógica, se esté dejando
de hacer lo que se está publicitando. 

QUINTO.- En cuanto a la procedencia de indemnización y su cuantía, que
pudiera entenderse contestada por el recurrente cuando efectúa un
alegato referente a las tarifas de SGAE, de las que dice que no son
aprobadas por el Ministerio de Cultura, debe explicarse lo
siguiente. El titular de los derechos de propiedad intelectual que
hayan resultado infringidos puede exigir que se le indemnicen los
daños causados (artículo 138 del TRLPI ). Para el cálculo de la
indemnización el perjudicado puede optar, como indemnización, al
amparo del artículo 140 del TRLPI , por aplicar el criterio de la
remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la
explotación. Lo cual justifica la condena a la parte demandada al pago
de la suma reclamada, siguiendo así el criterio legal mencionado, pues
se llega a ella tomando como referencia las tarifas de SGAE (artículo
157.1.b del TRLPI ) aplicadas al período de tiempo durante el cual ha
mediado la infracción, que es la remuneración que hubiera debido
percibir la demandante si hubiese autorizado la comunicación pública
de las obras que integran su repertorio.

El sistema de tarifas generales está así diseñado en la Ley de
Propiedad Intelectual (artículo 157) como el medio más adecuado de
establecer el precio que ha de pagarse por la utilización del
repertorio de una entidad de gestión. La ley atribuye a está la
facultad de aprobar de modo unilateral sus tarifas, quedando sometida
a la obligación de comunicarlas a la Administración Pública. La
finalidad legalmente perseguida es que así se agilice la obtención de
las licencias, que la entidad está legalmente obligada a conceder a
quién se la solicite (artículo 157.1 .a), y se garantice la igualdad
de trato de los usuarios (a salvo lo previsto en la propia ley a favor
de entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa - artículo
157.1 .b- o lo estipulado en contratos generales con asociaciones de
usuarios de su repertorio - artículo 157.1 .c), sin perjuicio del
eventual control del comportamiento de las entidades de gestión por
los órganos de defensa de la competencia. 

SEXTO.- El recurrente cuestiona el número de metros cuadrados que se
atribuyen a las dos dependencias de su local para el cálculo de la
indemnización, dimensión ésta que, junto con otras circunstancias, se
toma en cuenta para aplicar la tarifa de SGAE. Pues bien, resulta
patente que el que podía proporcionar esa información con exactitud es
el propio demandado, y no la SGAE, porque es evidente que sin
autorización de aquél no le resultaría posible a ésta ponerse a tomar
medidas en las instalaciones del gimnasio. No obstante, cada escalón
de la tarifa comprende una horquilla significativa de metros cuadrados
dentro de cada categoría, por lo que siendo el demandado el que tenía
la disponibilidad de tal dato a él incumbía aportarlo (al amparo del
nº 6 del artículo 217 de la LEC), sin que exista constancia de que
haya mediado un error grave en las dimensiones tomadas como referencia
por la SGAE para el encuadramiento del inmueble en el tramo
correspondiente. Por lo que el recurso también merece ser desestimado
por este motivo. 

SÉPTIMO.- Los alegatos que efectúa el recurrente en su escrito
respecto a la imposición del pago de intereses y costas parten del
presupuesto de que no se apreciase actividad infractora ni se
justificase su condena. Habiéndose concluido en esta resolución lo
contrario, a falta de otro argumento del apelante, procede confirmar
en esta resolución la aplicación efectuada en primera instancia de los
artículos 576 y 394 de la LEC.

OCTAVO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición a la
parte apelante de las costas ocasionadas con su apelación, tal como se
prevé en el nº 1 del artículo 398 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y
pertinente aplicación al caso, este tribunal emite el siguiente.

Fallo
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Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación
de D. Demandado contra la sentencia dictada el 20 de abril de 2006
por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid en el juicio nº 70/2006
del que este rollo dimana. E imponemos al mencionado recurrente las
costas correspondientes a dicha apelación. 

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.