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Hotel Puerta de Burgos
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Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Burgos
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En Burgos, a catorce de febrero de 2008.

D. JOSE MARÍA TAPIA LOPEZ, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia número cuatro de Burgos, habiendo visto los presentes Autos
de JUICIO VERBAL número 823/2006, a instancia de la Sociedad General
de Autores y Editores, representada por el Procurador Sr. GG y
asistida por la Letrado Sra. CD, contra la sociedad "PUERTA DE BURGOS
S.L.", representada por el Procurador Sr. GM y asistida por el Letrado
Sr. DD.

Antecedentes de Hecho
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PRIMERO: Con fecha 13 de junio de 2006, el Procurador Sr. GG en la
citada representación formuló Petición Inicial de procedimiento
Monitorio en reclamación de la cantidad de 2.157,15 Euros, en la que
tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por
convenientes terminaba por suplicar que se dictara Auto por el que se
requiriera al deudor para que pagara la cantidad de 2.157,15 Euros y
si no lo hiciera se dictare Auto por el que se despachara ejecución
por la cantidad expresada más otros 647 Euros que se presupuestaban,
sin perjuicio de ulterior liquidación, para pago de intereses y
costas.

Por providencia de fecha 20 de junio de 2006, se admitió a trámite la
Petición Inicial de Procedimiento Monitorio, requiriéndose al deudor
para que en el plazo de veinte días pagara la cantidad reclamada o
presentare escrito oponiéndose a su pago.

Por escrito de fecha 20 de julio de 2006, presentado por el Procurador
S. GM en la citada representación se opuso al pago de la cantidad
reclamada en base a los hechos y fundamentos que tuvo por
convenientes.

SEGUNDO: Por Providencia de fecha 24 de julio de 2007, se convocó a
las partes a la celebración de Juicio para el día 16 de enero de
2008. El día 16 de enero de 2008, se celebró el Juicio en el que la
parte actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda,
solicitando el recibimiento del pleito a prueba, mientras que la parte
demandada se opuso a la misma en base a los fundamentos de hecho y
derecho que tuvo por convenientes, solicitando el recibimiento del
pleito a prueba, practicadas las pruebas propuestas y declaradas
pertinentes con el resultado que obra en autos, quedaron las
actuaciones conclusas para sentencia.

TERCERO: En la tramitación del presente Procedimiento se han observado
los preceptos y prescripciones legales.

Fundamentos de Derecho
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PRIMERO: Ejercita la parte actora en este Procedimiento, acción de
reclamación de cantidad, por importe de 2.157,15 Euros, como
consecuencia del impago por parte de la demandada, en concepto de
indemnización, conforme a lo establecido en el artículo 140 del TRLPI,
por la amenización musical en las zonas comunes del hotel propiedad de
la demandada.

SEGUNDO: Por la representación de la Mercantil demandada se alegaba
como primer motivo de oposición al pago de la cantidad reclamada, la
falta de vigencia del contrato suscrito por las litigantes de fecha 15
de julio de 1.997, al haber rescindido el mismo con fecha 13 de junio
de 2003. consta en las actuaciones (a través de la documental aportada
en el acto de la vista por la representación de la demandada), escrito
de 13 de junio de 2003 (recibido por la actora el día 18 de junio de
2003) por el que se rescindía el citado contrato. Dicha carta fue
contestada en fecha 9 de julio de 2003 por la demandante en los
términos que obran en el presente Juicio Verbal. Para la resolución de
la citada cuestión es necesario tener en cuenta el contrato suscrito
por las litigantes y en concreto la Cláusula 7ª del mismo que
textualmente dispone que "duración y resolución del contrato. En caso
de resolución por parte de la Empresa, será requisito imprescindible
el cese efectivo en la utilización del repertorio de SGAE y la
retirada material del establecimiento del aparato utilizado para las
amenizaciones. Si posteriormente de que la empresa comunique la
resolución, continua haciendo uso del repertorio de SGAE, el contrato
se considerará vigente a todos los efectos".

Aplicando la doctrina expuesta al caso enjuiciado no puede entenderse
resuelto el contrato objeto de las presentes actuaciones dado que
aunque si bien es cierto la carta dirigida por la demandada
comunicando su intención de resolver el contrato, no se acreditado que
haya procedido a retirar el aparato utilizado en su establecimiento
para las amenizaciones.

TERCERO: En cuanto al fondo de la cuestión planteada, por la
representación de la SGAE se reclama la cantidad de 2.157,15 Euros
(según liquidación aportada como documento nº 2 de la Petición Inicial
del proceso Monitorio), en concepto de los recibos no abonados por las
amenizaciones musicales autorizada por la firma del contrato entre
ambas partes.

El artículo 138 de la Ley de propiedad Intelectual faculta a las
entidades gestoras de los derechos de autor a solicitar la
correspondiente indemnización por los daños materiales y morales
causados, señalándose en el artículo 140 de la misma que la
indemnización podrá consistir en "en el beneficio que hubiere obtenido
presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la
remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la
explotación", a elección del perjudicado. En el presente caso la
perjudicada opta por la segunda posibilidad, es decir, reclamar la
cantidad que hubiera percibido de existir contrato o autorización.

El artículo 157 de la Ley de Propiedad Intelectual establece las
obligaciones de las propiedades [sic] gestoras a establecer tarifas
generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de
su repertorio. A este respecto debe señalarse que la demandante ha
aportado al procedimiento las tarifas aplicables a los
establecimientos hoteleros por amenización con ejecución humana en las
dependencias del hotel y por la utilización de las obras de su
repertorio con carácter secundario por cualquier procedimiento o medio
efectuado en las dependencias comunes de los establecimientos
hoteleros, excluida la ejecución humana (Documentos núm. Ocho, Nueve,
Diez, Once, Doce, Trece, Catorce, Quince, Dieciséis, Diecisiete,
Dieciocho y Diecinueve). Se entiende como dependencias comunes de los
establecimientos hoteleros los vestíbulos, pasillos, escaleras,
ascensores y demás que se especifican en las tarifas aportadas.

CUARTO: Por la parte demandada, se reconoce la existencia de hilo
musical para ambientar el recinto del hotel en la zona del hall. Sin
embargo, manifiesta que la música la [sic] que se reproduce, a través
del hilo musical, se trate de obras protegidas por la SGAE. Reconocida
la existencia de actos de comunicación pública, se trata de determinar
si el repertorio utilizado está o no protegido por la SGAE.

La mayor parte de la jurisprudencia ha venido sosteniendo
especialmente antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento
Civil EDL 2000/77463, que una vez acreditada la existencia de los
aparatos reproductores o de la comunicación (el hilo musical en el
hall y en dependencias del hotel), existe un hecho base suficiente
para presumir que hay comunicación pública cuya presunción determina
una necesaria inversión de la carga de la prueba, debiendo ser la
demandada quien acredite qué material ha utilizado con objeto de
comprobar que no es el protegido.

Tras la entrada en vigor de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil
existe cierta Jurisprudencia menor que, en los casos concretos que
establecen, ha sostenido que no se reproduce la inversión de la carga
de la prueba, en base a lo dispuesto en el art. 217 de la ley de
Enjuiciamiento Civil (Sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla
de fechas 30 de noviembre de 2004 y 18 de febrero de 2005, y Sentencia
de la Audiencia Provincial de Segovia, de 27 de septiembre de 2004).

En este sentido un adecuado reparto de la carga probatoria implica en
este caso, que al demandado corresponda tan solo destruir la
presunción favorable a la actora (no pudiendo exigírsele la "probatio
diabólica" de que todas y cada una de las obras que ha emitido no
correspondan con las gestionadas por la actora). Ahora bien estamos en
presencia de una presunción iuris tantum que como tal admite prueba en
contrario. En concreto podría desvirtuarse la presunción, si el
demandado acreditara que las obras musicales objeto de comunicación
pública no forman parte del repertorio gestionado por la actora,
siendo, por el contrario de autores que no han encomendado a dicha
entidad la gestión de sus derechos de propiedad intelectual sobre sus
obras. Hasta fechas muy recientes, esta posibilidad de desvirtuar la
presunción se tornaba ciertamente difícil, dada la ingente cantidad de
obras gestionadas por la demandante, bien a consecuencia de contratos
estipulados directamente por los autores con la SGAE o a través de los
contratos de reciprocidad concertados con otras entidades de gestión
de todo el mundo, todo lo que ha generado hasta ahora la sensación de
que la demandante tiene un derecho a la gestión exclusiva del
repertorio universal de las obras musicales. En los últimos tiempos,
está alcanzando cierto auge un movimiento denominado de "música libre"
directamente relacionado con la expansión de Internet como medio de
distribución musical. Este fenómeno ha originado la concurrencia o
coexistencia de diferentes modelos de difusión de contenidos en
relación con las nuevas posibilidades ofrecidas por Internet: a) el
tradicional, basado en la protección de la copia (copyright), b) un
modelo que proporciona acceso libre "on line" a los contenidos,
permitiendo en ocasiones el uso personal de los mismos (modelo de
licencia implícita) y, en otros supuestos, la difusión libre de la
obra, su transformación e incluso su explotación económica, con la
única condición de citar la fuente.

Se trata de modelos de dominio público, y de licencias generales
(General Public License), como son por ejemplo, las licencias
"creative commons", algunas de las cuales incluyen la cláusula
copyleft. con la citada cláusula, el titular permite por medio de una
licencia pública general, la transformación o modificación de la obra,
obligando al responsable de la obra modificada a poner la misma a
disposición del público con las mismas condiciones, esto es,
permitiendo el libre acceso y su transformación. con las licencias
creative commons, el titular del derecho se reserva la explotación
económica pudiendo impedir transformaciones de la misma. Por tanto,
debe distinguirse las referidas licencias de la cláusula copyleft. En
ocasiones habrá licencias que incluyan la citada cláusula.

QUINTO: Aplicando la doctrina expuesta al caso enjuiciado, en el acto
de la vista se practicó en primer lugar el interrogatorio del
representante legal de la demandada que manifestó que había un aparato
que reproducía música no perteneciente a la actora; igualmente se
practicó la testifical de D. DDD, representante de zona de la
demandante), quien manifestó que la reclamación económica se limitaba
a la ambientación musical, indicando como existía hilo musical en las
zonas comunes del citado Hotel sin poder especificar el tipo de música
que se ofrecía en el mismo.

De lo actuado no puede desprenderse que se haya acreditado que todas y
cada una de las obras musicales que se comunican públicamente en el
establecimiento de la demandada fueran temas cedidos gratuitamente por
sus autores a través de Licencias Creative Commons, pero exigir dicha
prueba, sería exigir una prueba tan diabólica como la que resultara de
forzar a la demandante a que pruebe todas y cada una de las obras
comunicadas en dicho establecimiento son de autores cuya gestión le ha
sido encomendada. Pero es que además no se puede olvidar que la
cuestión litigiosa se centra no en que la demandada haya comunicado o
no música cedida a través de las licencias Creative Commons, sino si
ha usado música procedente de autores que hayan confiado a la actora
la gestión de los derechos dimanantes de sus obras, siendo ésta quien
reclama. Lo que sí se ha acreditado es que la demandada posee
capacidad técnica para crear música y acceder a ella a través de
medios informáticos. Destruida la presunción corresponde a la
demandante acreditar que en el Hotel gestionado por la demandada se
reproduce música gestionada por ella.

De la prueba anteriormente indicada, no se han acreditado tales
extremos, siendo evidente que la prueba propuesta y admitida a la
actora ha sido escasa e irrelevante para acreditar tales extremos, por
lo que y en atención a lo expuesto procede desestimar la demanda
presentada, absolviendo a la demandada de las pretensiones ejercidas
en su contra.

[Por error tipográfico, la sentencia pasa del Fundamento Quinto al
Séptimo]

SEPTIMO: En cuanto a las costas (art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) procede su imposición a la actora.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación al caso

Fallo
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Que, desestimando como desestimo la Demanda formulada por el
Procurador Sr. GG en representación de la Sociedad General de Autores
y Editores debo absolver y absuelvo a la Mercantil "PUERTA DE BURGOS
S.L." de las pretensiones ejercidas en su contra, con expresa
imposición de costas a la parte demandante.

Líbrese testimonio de esta Sentencia que se unirá a los presentes
autos, quedando el original en el libro de Sentencias de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la
misma no es firme, y que contra ella cabe interponer recurso de
apelación para ante la Audiencia Provincial de Burgos, que en su caso,
deberán interponer ante este mismo Juzgado, dentro del plazo de cinco
días contados desde el día siguiente a su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada que fue la precedente sentencia en el
día de su fecha por el/la Ilmo./a. Sr./Sra. Magistrado Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.