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Complejo Alcántara
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       AUDIENCIA PROVINCIAL DE BADAJOZ
       SECCIÓN TERCERA
       MÉRIDA
       S E N T E N C I A Num. 251/07.
       Iltmos/as. Sres/as.
       PRESIDENTE:
       D.ª MARINA DE LA CRUZ MUÑOZ ACEDO (PONENTE).
       MAGISTRADOS:
       D. JOSE MARIA MORENO MONTERO.
       D. JESUS SOUTO HERRERO.
       Recurso Civil núm. 478/06.
       Autos núm. 150/06.

       Juzgado Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Badajoz

       En Mérida, a siete de Septiembre de dos mil siete.

Vistos en trámite de apelación ante esta Sección Tercera de la
Audiencia Provincial, los Autos num.  150/06, procedentes del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción num. 6 de Badajoz, sobre Juicio
Ordinario, en los que aparece como apelante Descanso y Deportes, S.A,
asistido del Letrado Juan Maria Calero González y representado por el
Procurador Riesco Martínez y como parte apelada Sociedad General de
Autores, asistido del Letrado Mercedes Lena Marín y representado por
el Procurador Mera Velasco.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Se aceptan en cuanto son relación de trámites y antecedentes
los de la sentencia apelada que con fecha 8/06/2006 dictó la Señora
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Badajoz.

SEGUNDO.- La referida sentencia apelada contiene fallo del tenor
literal siguiente:

 "Estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador
 Sr. Rivera Pinna en representación de la Sociedad General de Autores
 y Editores (SGAE) debo condenar a la actora la cantidad de Cinco Mil
 Cuatrocientos Setenta y Dos Euros Y noventa Y Cinco Céntimos
 (5.472,95.- €). Dicha cantidad será incrementada con los intereses
 del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes
 por mitad."

TERCERO.- Contra expresada sentencia se interpuso en tiempo y forma
recurso de apelación por la representación procesal de la parte
demandante, que le fue admitido en ambos efectos, dándose traslado a
la contraparte, para su adhesión o impugnación al mismo, y una vez
verificado se remitieron los autos a este Tribunal, donde se formó el
rollo de Sala, que fue seguido por sus trámites.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado en lo
esencial las prescripciones legales, habiéndose demorado el dictado de
la presente por haberse encontrado de baja por enfermedad la Ponente.

VISTO siendo Ponente Illma. Señora Presidenta Dª MARINA DE LA CRUZ
MUÑOZ ACEDO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- La actora, hoy la Sociedad General de Autores y Editores,
ejercita en la presente litis una acción de reclamación de daños y
perjuicios contra la entidad demandada, solicitando sea condenada la
misma al abono de 9971,49 euros e intereses legales, al amparo del
art. 138 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 12
de Abril de 1996 , por la comunicación pública que ésta ha llevado a
cabo durante el año 2005, sin su previa y preceptiva autorización, y a
través de la reproducción de obras musícales cuyos derechos de autor
tiene encomendada su gestión, y que dice constituir una actividad que
resulta imprescindible para la explotación del negocio de hostelería,
denominado "Complejo Alcántara", del que es titular dicha demandada, y
, más concretamente, para los banquetes de bodas y demás eventos
sociales que se celebran en sus salones; y frente a cuya pretensión
ésta se opone alegando la excepción de falta de legitimación pasiva,
como argumento principal, por inexistencia de la comunicación publica
en que se basa la demanda, ya que, según manifiesta en su escrito de
contestación, ni se han difundido en su establecimiento obras del
repertorio administrado por la SGAE, ni es cierto que la música sea un
elemento imprescindible de su negocio de servicio de comidas, si bien
reconoce que se celebran en sus salones bodas y demás actos sociales
donde de forma muy puntual, según dice puede emitirse música que,
argumenta, se lleva a cabo bien a través del hilo musical del
restaurante por el que paga el correspondiente canon de los derechos
de autor a la actora, que pretende, pues, duplicidad de cobros, o bien
a través de la que el propio cliente contrata por su cuenta,
limitándose la misma sólo a encargarse de mediar entre éste y la
persona (de su empleado) que se dedica a prestar dicho servicio
mediante su propio ordenador y equipo de música, y que lleva a cabo a
través de un programa de Internet denominado " Creative Commons " de
libre uso y acceso gratuito, amén de impugnar también,
subsidiariamente, dicha demandada la cuantía solicitada por
considerarla arbitrariamente fijada por la actora y , en definitiva,
improcedente. Habiéndose dictado por el Juzgador de instancia
sentencia estimatoria en parte, al haber rechazado la excepción de
fondo referenciada y moderado, no obstante, la cuantificación de la
indemnización solicitada; y contra cuya resolución se alza ahora la
demandada, al reputar que ha habido una errónea valoración de la
prueba y argumentando en suma las mismas alegaciones ya aducidas,
excepto en lo relativo, podríamos matizar, a la difusión efectuada por
el hilo musical por haber admitido su representante legal, en el
interrogatorio judicial, que en los salones donde se celebran los
banquetes no existe y que por tanto no se utiliza nada más que en la
cafetería y restaurante, e insistiendo fundamentalmente en que la
probanza obrante en autos, en contra del criterio sustentado por el
Juez "a quo", no logra acreditar que la actora gestione los derechos
de autor correspondientes al repertorio de las obras musicales que
difunde durante los susodichos eventos y poniendo, además, especial
énfasis en que dicha prueba tampoco ha demostrado la cuantía que ha
sido condenada a abonar, suplicando, en consecuencia, su absolución o,
subsidiariamente, sea condenada fijándose la cuantía adeudada en
función de los banquetes que hayan sido realmente acreditados,
mientras que, por el contrario, la sociedad actora interesa la
confirmación integra de la sentencia impugnada por considerarla en
todo ajustada a derecho.

SEGUNDO.- Delimitados de este modo los términos del debate litigioso
planteado ante esta segunda instancia, hemos de partir, para su
adecuada resolución, teniendo en cuenta que el art 17 de LPI y
actualmente el R.D - leg 1/1996, de 2 de abril , por el que se aprueba
el Texto Refundido de aquella, dispone que corresponde al autor el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en
cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación publica y transformación, que no podrán ser
realizados sin su autorización, salvo en los casos previstos en la
Ley, quedando prohibida, conforme a los art 1 y 20 de la misma, la
comunicación publica de tales obras intelectuales sin abonar a sus
autores los derechos correspondientes, pero la gestión, explotación y
percepción de tales derechos de autor raramente, la llevan a acabo
estos directamente, sino que lo usual es que lo encomienden a las
entidades de gestión a las que alude el art. 135 de la referenciada
Ley , que, contrariamente a lo que sostiene la actora, de ser la única
en este ámbito, permite la existencia de diferentes entidades de
gestión poniendo con ello fin a la anterior situación de monopolio
exclusivo y privilegio que tenía la Sociedad General de Autores de
España, pues establece que tales entidades, una vez autorizadas, están
legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos para
ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda
clase de procedimientos judiciales; ahora bien, no puede desconocerse,
sin embargo, la amplia difusión que la sociedad actora tenía en este
campo de gestión, hasta el punto que la mayoría de la doctrina de las
Audiencias Provinciales se ha inclinado por estimar que existe la
presunción "iuris tantum" de que los derechos de propiedad intelectual
de cualquier actor son gestionadas por la misma, salvo prueba en
contrario, quedando así dicha sociedad relevada de acreditar en cada
caso la cesión concreta de cada autor en particular mediante la
aportación de los convenios de gestión correspondientes, sino que ha
de ser quien lo niegue el que debe acreditar lo contrario, es decir
que el autor tiene encomendada la gestión de sus derechos a otra
entidad diferente, bien probando haber satisfecho el importe reclamado
a otra entidad de gestión legitima, o bien acreditando que los
derechos reclamados no son, por las circunstancias que fuere, de los
administrados por la sociedad actora, ya que ,ciertamente, exigir que
la actora tenga que expresar y demostrar una por una todas las obras
musicales que, por ejemplo, han sido reproducidas en los salones que
regenta la demandada recurrente, y que las mismas pertenecen a autores
que la tienen encomendada la gestión de sus derechos, conllevaría sin
duda la imposición de una prueba diabólica, siendo , pues por ello,
por lo que se consagra, como anteriormente hemos explicitado, por la
Jurisprudencia menor, el principio de inversión de la carga probatoria
en esta materia.

TERCERO.- Ello sentado y centrándonos ya en el supuesto contemplado,
y, más concretamente en el objeto del recurso suscitado ante este
segunda instancia, habida cuenta que la demandada - que en un primer
momento, en la declaración practicada en las diligencias preliminares
instadas por la actora, negó que se diera el servicio de música en las
bodas y banquetes de análoga naturaleza, salvo en alguna ocasión que
los novios lo contrataran por su cuenta y no enlatada sino música en
directo, en dichas ocasiones, y que después, en el escrito de
contención a la demanda, ya admitió dicho servicio de reproducción de
música pero afirmando incluso que la actora pretendía una duplicidad
de cobros, al prestarle a través del hilo musical por el que pagaba
los derechos correspondientes a aquella - ahora se limita, sin
embargo, a insistir en que dicho servicio de música, que admite
ofrecer para las bodas y banquetes, es prestado por un empleado suyo,
el Sr. Salvador , actuando ella tan solo como intermediaria sin
ninguna intervención en la contratación entre el cliente y el
mencionado empleado, contraviniendo así, de alguna manera, sus propios
actos o manifestaciones que, sin duda, resultaban desde un principio
insostenibles por cuanto la realidad social demuestra, como hecho
notorio, que hoy día en la mayoría de las bodas y demás banquetes de
semejante índole se emiten obras musicales, existiendo, pues, un
enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano entró el
hecho demostrado (la celebración de tales eventos) y el hecho presunto
(difusión de obras protegidas) que determinaba la aplicación de la
prueba de presunción a favor de la actora, obviamente no desvirtuada
por la demandada; pues bien, como venimos diciendo, la valoración de
la prueba obrante en autos, cuya revisión debe llevarse a cabo en este
alzada, y que ha sido calificada de erróneamente apreciada por el
Juzgador de primer grado, según la recurrente, ha de llevarnos a la
conclusión de afirmar la plena legitimación de la actora para deducir
la pretensión actuada en la demanda, y cual correctamente ha sido
expuesto por aquel en la fundamentación jurídica de la sentencia
recurrida, ya que, ciertamente, ninguna prueba practicada por la
demandada ha logrado demostrar la intermediación que invoca, pues,
antes al contrario, resulta nada creíble dicha versión ante las
manifestaciones del testigo encargado, según se dice, de prestar dicho
servicio, y que, además de ser interesadas por ser empleado de la
casa, resulta totalmente contradictorias con la tesis de la demandada,
toda vez que afirma haber hecho tan sólo este trabajo, en el año 2005,
en dos o tres ocasiones, emitiendo música que le pasaba un compañero
que era el que poseía la licencia para el acceso al programa Creative
Commos mencionado, pero sin identificar al mismo, resultando, cuanto
menos curioso, que si ello era así, es decir si dicho empleado cobraba
directamente a las novios, o éstos, en ocasiones, como también se
dice, contrataban su propia orquesta, la demandada no se haya
preocupado de traer siquiera los testimonios de algunos de estos
novios para corroborar dichos alegatos, dada la menor dificultad o
facilidad probatoria que reviste para ello la práctica de tal prueba,
lo que unido a la actividad probatoria desarrollada por la actora
(documental, testifical del detective privado complementada con la
grabación aportada en autos, y demás testimonios practicadas) nos
lleva a la ineludible convicción de que la difusión de obras
protegidas en los salones de la demandada, constituía una practica
habitual durante la celebración de los banquetes referenciados, y sin
lugar a dudas en el cotillón de fin de año, cual resulta de la propia
actuación de la demandada, que retiró las entradas de la oficina de la
SGAE, que había llevado para su contraseñado, por no estar de acuerdo
con el importe de las tarifas que, a su decir, le resultaba
desproporcionado, pero sin que en ningún momento dicha demandada haya
puesto en tela de juicio la difusión de las mentadas obras en dicha
fiesta, por lo que habrá, pues, de presumirse que también se emitieron
las obras que se encuentran protegidas por el derecho del autor y, por
consiguiente, el deber de la demandada de abonar las tarifas
establecidas al respecto y que reclama la actora en la presente
demanda.

CUARTO.- Por cuanto antecede, acreditada por tanto la difusión sin la
autorización precisa de la actora, es claro que la demandada vendrá
obligada a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados y que aquella
opta por concretar en la remuneración que hubiere percibido de haber
autorizado la explotación, y si bien, ciertamente, dicho daño no está
perfectamente especificado y es de difícil cuantificación, los
criterios adoptados por la actora en base a los elementos probatorios
aportados y que documentalmente se constatan resultan lógicos y
justificados, sin que la demandada haya logrado desvirtuarlos con sus
alegatos en el presente recurso, a todas luces ambiguos e
inconsistentes y que no se ha preocupado de demostrar con el intento
siquiera de la más mínima prueba al respecto, cuya facilidad
probatoria sin duda poseía, no pudiendo pretender ahora desconocer el
alcance probatorio de la agenda de reservas que ella misma presentó en
las diligencias preliminares, por no poseer facturas, según
manifiestó, ni documentación contable alguna, bajo la excusa de que se
trata de simples anotaciones previsibles, que no tienen por qué
desembocar en la efectiva celebración de tales eventos, ni que
coincida el número de personas que se anotó al respecto, pues, como
decíamos, a ella competía la carga de la probanza contraria que, no
obstante, el Juzgador, pese a su total ausencia, ha tenido en cierto
modo en consideración, en base precisamente a dicha falta de precisión
exacta, aplicando un criterio de moderación y equidad, hasta deducir
más de un 40% la suma reclamada, que esta sala considera ponderado y
que, en consecuencia, ha de respetar al no existir motivación alguna
para rechazarlo, lo que conlleva, sin necesidad de mayores
consideraciones, la desestimación del recurso entablado, al
considerarse procedente la cuantía otorgada en la sentencia apelada.

QUINTO.- Por último, en cuanto a las costas procesales causadas en
esta alzada, dada la confirmación de la sentencia resulta procedente
su imposición a la parte demandada, por imperativo legal.

VISTOS los artículos citados y los demás de general y pertinente
aplicación, en nombre de S.M. El REY y en virtud de la autoridad que
nos es conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español,

FALLAMOS
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Que, DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de la entidad Descanso y Deporte S.A., contra
la sentencia dictada por el Ilmo. Sr Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. 6 de Badajoz, en el procedimiento del Juicio
Ordinario tramitado bajo el núm.  150/06, de que dimana el presente
Rollo, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución,
dando aquí por reproducida su parte dispositiva y con expresa
imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 466 y ss. de la L.EC. y 267 de la LOPJ.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con
testimonio de lo resuelto, a fin de que se proceda a su ejecución y
cumplimiento, archivándose el original en el Libro Registro de
sentencias civiles de esta Sección.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el
Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando el Tribunal celebrando audiencia
pública en el día de la fecha, de todo lo que certifico.