root/copyleft/musica/resoluciones/formato-txt/2007-04-11_sentencia_pi-4-salamanca.txt

.. _sentencia-birdland:

Birldland
=========

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Salamanca
----------------------------------------------

.. container:: encabezamiento

 En Salamanca, 11 de abril de 2007.

 Vistos por Don Luis Sanz Acosta, Magistrado-Juez titular del Juzgado
 de Primera Instancia número cuatro de Salamanca y su Partido los
 presentes autos de JUICIO VERBAL n° 4/2007, seguidos ante Juzgado
 entre partes, de un lado, como demandante, la Sociedad General de
 Autores (S.G.A.E.) representada por la Procuradora Sra. N. y
 defendida por el letrado Sr. X y, de otro lado, como demandado,
 D. representado por la Procuradora Sr. D. y asistido del Letrado
 Sr. D. Felipe Crespo.

Antecedentes de Hecho
---------------------

.. container:: antecedente
 
 PRIMERO. Por la actora se formuló demanda en JUCIO VERBAL sobre la
 base de los hechos y fundamentos de derecho que expuso, terminando
 con la súplica de que se dicte sentencia por la que se condene a la
 demandada a abonar a la actora la cantidad de 1.676,42 euros más los
 intereses y pago de las costas.

.. container:: antecedente

 SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda se acordó convocar a las
 partes a la celebración del oportuno juicio con las prevenciones
 legales, llegado el cual la actora se ratificó en la demanda y la
 demandada se opuso a la misma en la forma que consta en la grabación,
 proponiéndose por ambas las pruebas que les interesaban cuales,
 previa admisión, se practicaron en la forma que obra en autos.

.. container:: antecedente

 TERCERO. En la sustanciación del proceso se han observado las
 prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia por
 acumulación de trabajo.

Fundamentos de Derecho
----------------------

.. container:: fundamento

 PRIMERO. Se ejercita por la demandante acción de reclamación de
 cantidad, fundada en el incumplimiento por el demandado de su
 obligación de pago del precio tarifado por la comunicación pública de
 las obras de los autores gestionados por la Sociedad General de
 Autores y Editores, todo ello al amparo de lo dispuesto en los
 artículos 2, 17 y 20 de la Ley de propiedad Intelectual.

.. container:: fundamento

 SEGUNDO. El artículo 2 de la Ley de 12 de abril de 1996 de Propiedad
 Intelectual está integrada por derechos de carácter poersonal y
 patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho
 exclusivo a la explotación de la obras, sin más limitaciones que las
 establecidas en la ley.

 Por lo que se refiere a los derechos de explotación, el artículo 17
 del referido texto legal, concreta que corresonde al autor el
 ejercicio exlcusivo de los derechos de explotación de su obra en
 cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
 distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán
 ser realizados sin su autorización, salvo en los casos previstos en
 la presente ley.

 El derecho de comunicación pública se define en la ley como todo acto
 por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra
 sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas,
 excluyéndose la comunicación que se se celebra dentro de un ámbito
 estrictamente doméstico que no está integrado a una red de difusión
 de cualquier tipo, todo ello tal y como establece el artículo 20 de
 la ley.

.. container:: fundamento

 TERCERO. Es un hecho notorio que la SGAE gestiona los derechos de
 propiedad intelectual de gran número de autores, además de los
 derivados de los contratos de reciprocidad concertados con otras
 entidades de gestión de todo el mundo. A partir de aquí es clara e
 indiscutible la legitimación de la SGAE para reclamar los derechos de
 explotación por comunicación pública de las obras de dichos
 autores. Una visión simplista de las normas sobre la carga de la
 prueba, podría conducir a exigir que, en todo caso, la SGAE probara,
 una a una, que las obras comunicadas por los demandados pertenecen
 precisamente al repertorio gestionado por dicha entidad. Sin embargo,
 es evidente que de entenderse así las cosas se estaría condenando a
 la SGAE a una auténtica prueba diabólica. Exigir que la SGAE pruebe
 que todas y cada una de las obras musicales utilizadas en el recinto
 de los demandados están dentro de su repertorio, implicaría la
 necesidad de su previa identificación y ello conllevaría por su
 imposibilidad o gran costo, la ineficacia del sistema de protección
 establecido en la Ley, y convertirlo en la práctica en irreal,
 resultando defraudados los intereses generales en la protección de la
 propiedad intelectual que justifica la concesión de esa gestión
 colectiva. Por ello, se insiste, la jurisprudencia señala que ello
 sería imponer una probatio diabolica (SAP de Cantabria de 16/6/2001,
 con cita de la STS de 29 de octubre de 1999).

 De esta forma, se ha venido sosteniendo con cierta uniformidad por
 nuestros tribunales fórmulas presuntivas que, en cierto modo,
 producen una cierta inversión de la carga probatoria basada en el
 criterio de facilidad de la prueba que se establece en el artículo
 217 de la LEC. Así, por ejemplo, se sostiene en la doctrina de las
 Audiencias Provinciales que la mera existencia de un aparato de
 televisión o de una radio o equipo de música, en un establecimiento
 abierto al público, como un servicio más que se presta a la
 cllientela, genera una presunción iuris tantum de utilización de los
 mismos de forma habitual y a todo evento, con la consiguiente
 posibilidad de ejecución de actos de comunicación pública de obras
 gestionadas por la SGAE y objeto de propiedad intelectual (así,
 sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 20ª de 5 de
 mayo de 1993, de la Sección 21ª de 25 de junio de 2002 de la
 Audiencia Provincial de Orense; de la Sección 13ª de 29 de octubre de
 2004). Es expresiva de esta tendencia jurisprudencial la SAP de
 Madrid de 25 de junio de 2002 que, a este respecto, señala que
 "Existe una presunción de comunicación pública, que provoca la
 inversión de la carga de la prueba, por lo que el demandado es quien
 debería probar los hechos desvirtuadores de la acción
 ejercitada. Esta inversión de la carga de la prueba se ha venido
 entendiendo en esa materia antes de la entrada en vigor de la Ley de
 Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, así en la SAP de Madrid
 Sección 2ª de 5 de mayo 1993, SAP de Palencia de 21 de octubre de
 1993, entre otras, y tras la referida fecha, y aplicando el precepto
 antes referido, artículo 217 de la LEC, la conclusión a la que se
 llega es la misma, porque se llame inversión de la carga de la
 prueba, o mayor facilidad probatoria lo cierto es que era el
 demandado quien tenía que probar que no estaba explotando derechos de
 autor, o que los que explotaba no estaban cedidos a la actora, o que
 estaba pagando por esa actividad a un aprticular o a otra entidad,
 para que al amparo de ello la demandante probara que esos derechos
 eran gestionados por ella, en su caso".

 Ahora bien, estamos en presencia de una presunción iuris tantum que,
 por ello, admite prueba en contrario. En concreto, podría
 desvirtuarse la presunción, si el demandado acreditara que las obras
 musicales objeto de comunicación pública no forman parte del
 repertorio gestionado por la SGAE, siendo, por el contrario, de
 autores que no han encomendado a dicha entidad la gestión de sus
 derechos de propiedad intelectual sobre sus obras. Hasta fechas
 recientes esa posibilidad de desvirtuar la presunción se tornaba
 ciertamente difícil, dada la ingente cantidad de obras gestionadas
 por la SGAE, bien a consecuencia de contratos estipulados
 directamente por los autores con la SGAE o a través de contratos de
 reciprocidad concertados con otras entidades de gestión de todo el
 mundo, todo lo que ha generado hasta ahora la sensación de que la
 SGAE tiene un derecho a la gestión exclusiva del repertorio universal
 de las obras musicales.

 Sin embargo, en los últimos tiempos está alcanzando en nuestro país
 cierto auge un movimiento denominado de "música libre", muy
 relacionado con la expansión de Internet como medio de distribución
 musical. De un modelo de difusión de los contenidos musicales
 limitado a la venta y al alquiler de ejemplares, controlado por la
 industria de contenidos, se ha pasado a un modelo casi ilimitado,
 gracias a la difusión global que proporciona Internet, ámbito en el
 que los propios creadores, sin intermediación de la industria, pueden
 poner a disposición de los usuarios de Internet copias digitales de
 sus obras. Este fenómeno ha originado la concurrencia o coexistencia
 de diferentes modelos de difusión de contenidos en relación a las
 nuevas posibilidades ofrecidas por Internet:

 a) El tradicional, basado en la protección de la copia ("copyright"),
 que busca una restricción del acceso u uso del contenido "on line",
 recurriendo a fórmulas negociales de carácter restrictivo y medidas
 tecnológicas de control de accesos, que se subsumen en los llamados
 "Digital Rights Management".

 b) Un modelo que proporciona acceso libre "on line" a los contenidos,
 permitiéndose en ocasiones el uso personal de los mismos (modelos de
 licencia implícita) y, en otros supuestos, la difusión libre de la
 obra, su transformación e incluso su explotación económica, con la
 única condición de citar la fuente. Se trata de los modelos de
 dominio público y de licencias generales (General Public License),
 como son, por ejemplo, las licencias "creative commons", algunas de
 las cuales incluyen la cláusula "copyleft".

 Con la cláusula "copyleft" el titular permite, por medio de una
 licencia pública general, la transformación o modificación de su
 obra, obligando al responsable de la obra modificada a poner la misma
 a disposición del público con las mismas condiciones, esto es,
 permitiendo el libre acceso y su transformación. Con las licencias
 creative commons, el titular del derecho se reserva la explotación
 económica y puede impedir transformaciones de la misma. Por tanto,
 debe distinguirse las licencias creative commons de la cláusula
 "copyleft". En ocasiones habrá licencias creative commons que
 incluyan la cláusula "copyleft".

 En todo caso, este modelo parte de la idea común de pretender colocar
 las obras en la Red para su acceso libre y gratuito por parte del
 público. Sus partidarios lo proponen como alternativa a las
 restricciones de derechos para hacer y redistribuir copias de una
 obra determinada, restricciones que dicen derivadas de las normas
 planteadas en los derechos de autor o propiedad intelectual. Se
 pretende garantizar así una mayor libertad, permitiendo que cada
 persona receptora de una copia o una versión derivada de un trabajo
 pueda, a su vez, usar, modificar y redistribuir tanto el propio
 trabajo como las versiones derivadas del mismo. Se trata, sostienen
 los partidarios de este modelo, de otorgar al autor el control
 absoluto sobre sus obras, y surge como respuesta frente al
 tradicional modelo del copyright, controlado por la industria
 mediática.

.. container:: fundamento

 TERCERO. De las manifestaciones de ambas partes se deduce que la
 discrepancia, que constituye así el centro u objeto básico del
 litigio, estriba en si en el local de D. yy denominado "Birdland",
 sito en la Calle Azafranal nº 57 y mediante el equipamiento instalado
 al efecto, el demandado viene haciendo uso o no del repertorio de
 obras gestionado por la S.G.A.E., acto de comunicación pública para
 el que no contaría con la previa y preceptiva autorización de la
 demandante. En la demanda, más allá de afirmar tales hechos, no se
 especifica el tipo de aparato utilizado para la comunicación pública
 de las obras musicales. Dicho aparato tampoco se describe en el acta
 de visita de la representante de la SGAE de fecha 4 de noviembre de
 2006, que se acompaña como documento número dos de la demanda, en la
 que únicamente se hace referencia a un "aparato reproductor de música
 en la modalidad de amenización con carácter necesario". El informe
 del Detective Privado de la agencia Inves Land Detectives, aportado
 como documento número 4 de la demanda, se hace inexpresiva referencia
 a un "equipo de música", sin especificar de qué tipo de aparato se
 trata y sin que se tomaran fotografías del mismo, a pesar de que sí
 se acompañan diversas fotografías del local. Eso sí, en dicho
 informe, se indica que "la música que suena es de actualidad", sin
 que tal expresión revele necesariamente que sea de autores
 gestionados por la SGAE. Para terminar, el mencionado informe
 acompaña un CD, grabación de la visita del detective que,
 sorprendentemente, no se refiere al Bar Birdland, sino a otro
 establecimiento denoinado "Mala leche", hasta tal punto ajeno a este
 litigio que fue renunciado como prueba en el acto del juicio.

 Frente a este pobre resultado probatorio, el demandado ha logrado
 probar que en su local no hay un aparato convencional de música, sino
 dos ordenadores, un amplificador y altavoces desde el que se
 descargan o bajan música de Internet. Al tiempo, la demandada propuso
 cuatro pruebas testificales: una de ellas encaminada a acreditar la
 existencia del ordenador en el local, por quien se lo vendió e
 instaló al demandado, Don XX y tres testigos, dos de ellos clientes
 habituales del local, D. YY y D. ZZ y otro camarero del bar,
 D. MM. que han dado fe que en el mismo se escucha música de la
 denominada "de vanguardia", "alternativa" o "libre", no de los
 circuitos comerciales, de autores que cuelgan la misma en Internet y
 que permiten su uso y comercialización, no estando sus obras
 gestionadas por la SGAE. El demandado ha logrado así probar que poseé
 capacidad técnica para crear música y acceder a ella a través de
 medios informáticos. Ciertamente, de lo actuado no puede decirse que
 se haya probado que todas y cada una de las obras músicales que se
 comunican públicamente en el local del demandado sean temas cedidos
 gratuitamente por sus autores a través de licencias Creative Commons,
 pero exigir dicha prueba, en esos términos de exhausitividad, sería
 exigir una prueba tan diabólica como la que resultaría de forzar a la
 SGAE a que pruebe que todas y cada una de las obras comunicadas en
 dicho local sean de autores cuya gestión le ha sido encomendada. Pero
 es que además no podemos olvidar que el centro del litigio no es que
 el demandado haya comunicado música cedida a través de licencias
 creative commons, sino si ha usado de música procedente de autores
 que hayan confiado a la SGAE la gestión de los derechos dimanantes de
 sus obras, siendo ésta quien reclama. Lo que sí supone la prueba de
 la utilización de música bajo licencia Creative Commons por el
 demandado es que el mismo ha tenido acceso y reproducido una gran
 cantidad de obras que no están bajo la gestión de la SGAE. A partir
 de aquí, dicha prueba tiene la consecuencia de romper la presunción
 de que la música comunicada en su establecimiento debía corresponder
 al menos parcialmente a obras gestionadas por la SGAE. Destruida la
 presunción, es a la actora, a la SGAE, a quien corresponde probar que
 se reproduce en el local la música por ella gestionada. Pues bien,
 así las cosas, es evidente que la prueba de la SGAE ha sido escasa e
 irrelevante. De la declaración de la agente de la SGAE, nada en
 concreto se prueba a este respecto, pues nada se le preguntó al
 efecto. Del informe del detective y su declaración en el acto del
 juicio nada se deduce tampoco sobre esta cuestión. De la grabación
 poco hay que decir al referirse a otro local. Del informe del
 detective privado y su ratificación tan sólo se acredita que se
 reproduce música en el local, pero no que se reproduzcan concretas
 obras gestionadas por la Sociedad General de Autores y Editores. Por
 todo ello debe desestimarse la demanda.

.. container:: fundamento

 CUARTO. En materia de costas dispone el artículo 394 de la Ley 1/2000
 de Enjuiciamiento Civil que "en los procesos declarativos, las costas
 de primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazada
 todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo
 razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de
 derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso
 era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia
 recaida en casos similares". Conforme a lo indicado y en atención a
 lo resuelto procede imponer las costas de este procedimiento a la
 actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
en nombre de S.M. el Rey y por el poder que me confiere la
Constitución

Fallo
-----

.. container:: fallo

 Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sr. xx. en
 nombre y representación de la Sociedad General de Autores y Editores
 (SGAE) debo absolver a Don. yy de los pedimentos contra él formulados
 con expresa imposición de las costas a la parte actora.

La presente sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de
Apelación ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Salamanca, que
habrá de interponerse en el plazo de los cinco días a su notificación
y prepararse ante este mismo Juzgado conforme a lo dispuesto en los
artículos 457 y siguientes de la Ley 1/2000 de 7 de enero de
Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes, cuyo original quedará
registrado en el Libro de Sentencias quedando testimonio de la misma
en estos autos.

Así lo acuerdo, mando y firmo.