root/copyleft/musica/resoluciones/formato-txt/2007-01-16_sentencia_ap-alicante-s-8.txt

El Paso y Digo Yo
=================

        AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
        SECCION OCTAVA.
        TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
        ROLLO DE SALA Nº 414-M121/06
        PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 800/05
        JUZGADO MERCANTIL ALICANTE-1
        SENTENCIA NÚM. 14/07
        Iltmos.:
        Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
        Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
        Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

SENTENCIA NÚM. 14/07
--------------------

En la ciudad de Alicante, a dieciséis de enero de dos mil siete.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando
como Sección especializada en materia mercantil, integrada por los
Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio
Ordinario número 800/05, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil número
1 de Alicante, de los que conoce en grado de apelación en virtud del
recurso entablado por la parte demandada, "Diara Hostelería, S.L.",
representada por el Procurador Don José María Manjón Sánchez, con la
dirección del Letrado Don José Luis Bordera Rodes; y como apelada, la
parte actora, "Sociedad General de Autores y Editores" (SGAE),
representada por la Procuradora Doña Silvia Pastor Berenguer, con la
dirección del Letrado Don José Luis Marco Blasco.

I - ANTECEDENTES DE HECHO
-------------------------

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 800/05 del Juzgado
de lo Mercantil Núm. 1 de Alicante, se dictó Sentencia de fecha
catorce de junio de dos mil seis, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: " Que estimando la demanda interpuesta por la
entidad SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES contra DIARA HOSTELERIA
S.L debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la actora
la cantidad de ocho mil setecientos sesenta y siete euros con sesenta
y cinco céntimos (8767,65) más los intereses legales desde la
interpelacion judicial y las costas"

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por
la parte demandada y; tras tenerlo por preparado, presentó el escrito
de interposición del recurso, del que se dio traslado a la actora que
presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las
partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el
Rollo número 414-M121/06. Al advertir la falta de acreditación de la
falta de pago de la tasa por la parte apelante se acordó devolver las
actuaciones al Juzgado de instancia para su subsanación. Una vez
verificado, se admitió la prueba documental aportada por la apelante,
confiriendo a las partes un plazo común para efectuar alegaciones
sobre su contenido, habiendo evacuado ese traslado sólo la apelada. Se
señaló para la deliberación, votación y fallo el día de la fecha, en
el que ha tenido lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso,
se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO
---------------------------

PRIMERO.- Por razones lógico-sistemáticas, debemos empezar el examen
de las alegaciones del recurso por la última de ellas que tiene por
objeto impugnar la admisión de las pruebas documental, videográfica,
de informe de investigador y de dictamen pericial aportadas por la
entidad actora en el acto de la audiencia previa al considerar
extemporáneo ese momento y provocarle indefensión. La razón del
análisis inicial de esta alegación se encuentra en que, de estimarse,
no deberían considerarse los hechos acreditados con esos medios de
prueba.

La Sala rechaza esa alegación en atención a lo dispuesto en el
artículo 265.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite al actor
presentar en la audiencia previa al juicio los documentos, medios,
instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto,
cuyo interés o relevancia sólo se ponga de manifiesto a consecuencia
de las alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la
demanda. Efectivamente, el motivo de oposición principal esgrimido por
la demandada en su contestación fue que los derechos de autor de las
obras musicales que eran objeto de comunicación pública en sus dos
establecimientos no estaban gestionados por la SGAE pues pertenecen al
movimiento "copyleft" que facilitan su disponibilidad libre a los
usuarios mediante las llamadas licencias "creative commons". Frente a
esta alegación singular opuesta por la demandada en su escrito de
contestación y con el fin de evitar que esa simple alegación del
demandado pudiera perjudicar a la actora, ésta aportó en el acto de la
audiencia previa los documentos, soportes videográficos, informes y
dictámenes que estimó oportunos para acreditar que los derechos de
autor correspondientes a las obras musicales que realmente se
comunican públicamente en esos dos establecimientos están gestionados
por ella.

SEGUNDO.- En la primera de las alegaciones contenidas en el recurso de
apelación se cuestiona la legitimación activa ad causam de la SGAE
para deducir su pretensión de condena al no haber aportado los
concretos contratos de gestión suscritos con los autores cuyas obras
supuestamente se comunican en los dos establecimientos.

No puede prosperar esta alegación porque es reiterada la doctrina
jurisprudencial acerca del ámbito de la actuación protectora de las
entidades gestoras respecto de los derechos de propiedad intelectual
que constituyen su objeto. Así, basta con reproducir de nuevo la STS
de 10 de mayo de 2003 : "El Tribunal de Instancia apoyó básicamente su
decisión en que, al haber desaparecido la exclusiva de la Sociedad
General de Autores establecida por Ley de 24 de junio de 1941 , -toda
vez que la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987
puso término a la situación de monopolio instaurada-, dicha entidad no
podía erigirse en gestora de todos los autores en general, lo que
hacía preciso aportar los contratos de gestión con los autores
titulares correspondientes (artículo 138 de la Ley especial).

La cuestión de la legitimación activa de la recurrente y que ocasionó
que la demanda no prosperase, ha sido resuelta por esta Sala en dos
sentencias de fecha 29 de octubre de 1999 -que precisamente casaron
las pronunciadas por la Audiencia que dictó la que nos ocupa-, y en
las que se vino a declarar, interpretando el artículo 135 de la Ley ,
que los derechos confiados de gestión que refiere para hacerlos valer
las entidades autoridades en toda clase de procedimientos judiciales o
administrativos, comprenden aquellos cuya gestión "in genere"
constituye el objeto de su actividad, de acuerdo con los Estatutos que
las rigen y no los concretos derechos individuales, en virtud de
contratos con los titulares o acuerdos con otras organizaciones de
idéntica finalidad y de este modo la S.G.A.E está asistida de la
legitimación necesaria para poder defender en juicio los derechos a
los que se extiende su actividad. Aquí quedó demostrado que la
recurrente cumplió los requisitos exigidos por los artículos 132 y 133
de la Ley que, en cuanto a haber obtenido la correspondiente
autorización del Ministerio de Cultura (Orden de 1 de junio de 1988
que aprobó sus Estatutos), y en este sentido las sentencias referidas
resultan contundentes al sentar que a la recurrente le basta para la
defensa judicial de los derechos discutidos en el litigio con la
aportación de la documentación que se deja dicha, al cumplirse de esta
manera con las exigencias del artículo 503-2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Las sentencias de 18 de octubre de 2001 y 31 de enero de 2003 reiteran
la doctrina de las precedentes reseñadas y resultan oportunas al
declarar que la legitimación de la S.G.A.E bajo la Ley de 1987 no
tenía la misma amplitud que la vigente Ley de 12 de abril de 1996
reconoce a las entidades de gestión, declarando que dicha legitimación
es propia y no por sustitución.

La sentencia de 18 de diciembre de 2001 mantiene línea jurisprudencial
de las precedentes, aplicando su doctrina, para reconocer la
legitimación de la S.G.A.E, la que encuentra apoyo legal, de tipo
genérico, en el artículo 24 de la Constitución, al referirse a los
derechos e intereses legítimos, como en el artículo 7 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que contempla los intereses individuales y
los colectivos, bastando para la defensa en juicio de los derechos a
que refiere el litigio con la aportación de la autorización
administrativa que habilite la gestión y los Estatutos debidamente
aprobados, lo que ya queda considerado."

En consecuencia, no se es necesaria que la entidad actora aporte los
concretos contratos de gestión con todos los autores cuyas obras son
comunicadas públicamente en los dos locales de la demandada pues basta
con que pretenda la indemnización por la comunicación pública de obras
musicales in genere sin autorización de sus autores.

Por otro lado, resulta contradictorio que la apelante alegue la falta
de acreditación del contrato de gestión celebrado con los autores
cuando el motivo principal de su oposición es que los derechos de
propiedad intelectual de las obras musicales que se comunican en sus
locales no son gestionados por esa entidad al pertenecer al movimiento
"copyleft" o estar licenciadas mediante el sistema "creative commons".

Vuelve a reproducir la apelante, sin incluir ningún argumento que
trate de refutar las acertadas razones expuestas en el fundamento
jurídico cuarto (el primero de los identificados con ese ordinal) de
la Sentencia de instancia, que es posible que la entidad actora esté
interesando una indemnización respecto de derechos de propiedad
intelectual cuya gestión corresponde a otra entidad distinta y a tal
fin acompaña los recibos que le ha reclamado la entidad
AGEDI. Remitimos a la apelante a la Sentencia de instancia y al tenor
del artículo 3.3 TRLPI donde se declara que los derechos de autor son
independientes, compatibles y acumulables con los otros derechos de
propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de esa Ley, entre los
que se encuentran, los derechos de propiedad intelectual de los
productores de fonogramas (artículos 114 y ss. TRLPI) cuya gestión
colectiva corresponde a AGEDI.

TERCERO.- También alega la recurrente que se han infringido las reglas
legales de distribución de la carga de la prueba porque, de un lado,
no puede imponerse a la demandada la carga de acreditar un hecho
negativo y, de otro lado, se ha acreditado suficientemente que los
derechos de autor sobre las obras musicales comunicadas en los dos
locales no son gestionadas por la entidad actora al tratarse de obras
musicales correspondientes al movimiento " copyleft ".

En primer lugar, no se impone a la demandada la carga de la prueba de
un hecho negativo. De conformidad con lo establecido en el artículo
217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , una vez admitido por la
demandada que se comunican públicamente obras musicales en sus dos
locales, le resulta más fácil a ella, por tener plena disponibilidad
de las fuentes de prueba, probar que los derechos de propiedad
intelectual de las concretas obras musicales no están gestionados por
la entidad actora sino que se trata de obras musicales cuyos autores
les han autorizado directamente su comunicación en los dos locales
(grupos musicales de la comarca) o que son obras musicales libres de
cualquier canon (obras musicales integradas en el movimiento
"leftcopy" o licenciadas por el sistema "creaive commons"). Ambos
hechos son positivos y ninguna probatio diabolica se impone para su
demostración.

En segundo lugar, la demandada no ha acreditado que los derechos de
las obras comunicadas en sus locales pertenezcan al movimiento "
copyleft " porque se trata de una simple alegación carente de soporte
probatorio creíble. Basta para ello con observar el interrogatorio del
legal representante de la demandada quien afirmó que él se encargaba
de copiar esas obras musicales en "Internet" pero era incapaz de
facilitar el nombre de los grupos musicales o de los intérpretes que
las ejecutaban o, la testifical de Doña mm, empleada de uno de los
locales desde hace dos años, quien tampoco podía identificar el nombre
de esos intérpretes, cuando ese tipo de música se está poniendo
siempre en ese establecimiento. Por otro lado, la manifiesta
contradicción entre los testigos empleados de la demandada acerca del
tipo de música es muy ilustrativa, pues mientras Doña Trinidad
afirmaba que se trataba de música "tranquila", el testigo Don nn,
"pinchadiscos" de uno de los locales, por el contrario, aseguraba que
era tipo "pop-rock", lo que pone en evidencia su falta de
credibilidad. Al mismo tiempo, ha de tenerse en cuenta a la vista de
los documentos números 12, 13 y 14 de los aportados por la actora en
el acto de la audiencia previa, cuya autenticidad no ha sido impugnada
por la demandada, que los autores que licencian sus obras musicales
mediante el sistema "creative commons" establecen como una limitación
su utilización con fines comerciales y esa finalidad es la perseguida
por la demandada cuando supuestamente ameniza sus locales con esas
obras musicales en un establecimiento abierto al público con ánimo de
lucro en el que la amenización musical constituye uno de los reclamos
para la captación de mayor clientela y aumento de beneficios.

Más bien, lo contrario, de la prueba desplegada por la mercantil
actora se desprende que las obras musicales comunicadas en los dos
locales se corresponden con las del repertorio que ella gestiona. Así
se desprende de la testifical del representante en la zona de la SGAE,
Don Millán , el cual afirmó que en las visitas realizadas en los
locales pudo comprobar que las obras musicales eran de las
correspondientes al repertorio de la SGAE. Esa testifical de una
persona relacionada con la entidad actora se corrobora con la
testifical de la investigadora que consiguió efectuar dos grabaciones
en el interior de uno de los locales, reproducidas en el acto del
juicio, donde se podían oír las canciones que amenizaban el local y
que fueron identificadas por el testigo-perito Don Ernesto , locutor
de Radio-Fórmula, aportando respecto de esas canciones que los
derechos de sus autores eran gestionados por la SGAE.

Dos objeciones se han opuesto a la prueba practicada por la actora:
1.-) las grabaciones se corresponden con unas fechas que no están
comprendidas en el período de tiempo al que se refiere la reclamación;
2.-) sólo se ha acreditado la comunicación pública en uno de los
establecimientos ("El Paso") pero no en el otro ("Digo Yo").

Respecto de la primera objeción, hemos de rechazarla porque nunca ha
alegado la demandada que hubiera alterado el tipo de obras musicales
después del período reclamado (septiembre de 2005) y así en su
contestación a la demanda dejó muy claro que desde la Sentencia
condenatoria en un procedimiento anterior iniciado también por la SGAE
decidió comunicar únicamente obras musicales del movimiento
"copyleft". Consiguientemente, en aplicación de las reglas de la
lógica debemos de concluir que en el período reclamado también se
comunicaba el mismo tipo de obra musical que se acreditó con
posterioridad.

Respecto de la segunda objeción, tampoco puede prosperar
porque la demandada siempre mantuvo que comunicaba en ambos locales el
mismo tipo de música sin distinción alguna; por lo que habiéndose
acreditado que en el Pub "El Paso" se comunicaban obras musicales
cuyos derechos de propiedad intelectual eran gestionados por la
demandada igual conclusión ha de alcanzarse respecto del Pub "Digo
Yo".

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 , al
que se remite el artículo 398.1, ambos, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, las costas de esta alzada deberán imponerse a la apelante al
rechazarse su recurso.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente
aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida
por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA
-----------------------

FALLAMOS: 

Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante,
de fecha catorce de junio de dos mil seis , en las actuaciones de que
dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la
mencionada resolución, con expresa imposición de las costas de esta
alzada a la parte apelante.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento,
devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que
se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la
presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo
acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de
apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior
resolución por el Iltmo. Sr.  Ponente que la suscribe, hallándose la
Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-