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Disco Bar Metropol
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Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Badajoz
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 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 761/2005

 SENTENCIA, nº 15/2.006.

 En BADAJOZ, a DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS, vistos por el
 Iltmo. Sr. don LUIS CÁCERES RUIZ, MAGISTRADO-JUEZ accdtal. del
 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS de esta ciudad y su partido,
 los presentes autos número 761/2005 de PROCEDIMIENTO ORDINARIO entre
 las siguientes partes: como demandante la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
 Y EDITORES (SGAE), representada por él Procurador Sr. R y asistida
 por la Letrada Sra. L.; como demandado don R. A. U. F., representado
 por la procuradora Sra. R y asistido por el Letrado D.; ha dictado la
 presente resolución conforme a los siguientes

Antecedentes de Hecho
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 PRIMERO.- Por el Procurador Sr. R. en nombre y representación de la
 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES se presentó escrito de demanda
 en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que
 estimaba de legal y pertinente aplicación, terminaba suplicando que
 se dictase sentencia por la que se declare: a) que en el periodo
 comprendido entre noviembre de 2002 a agosto de 2005, ambos meses
 inclusive, el demandado ha venido haciendo uso de las obras
 administradas por la actora en su local, denominado "Disco Bar
 Metropol" sin haber obtenido para ello la preceptiva autorización; y
 en consecuencia, se condene a la parte demandada: a) a estar y pasar
 por la anterior declaración; b) a cesar en la utilización del
 repertorio de obras administrado por la actora, con suspensión
 inmediata de la misma, en tanto no obtenga de ésta la correspondiente
 autorización para poder efectuar al uso del citado repertorio,
 decretando la remoción de los aparatos utilizados en tanto que sean
 separables del local, y el precinto de los que no lo sean; .c) a
 satisfacer a la actora en concepto de indemnización, conforme a lo
 establecido e el artículo 140 del texto refundido de la Ley de
 Propiedad Intelectual, para la comunicación pública de obras llevada
 a cabo sin autorización en el establecimiento denominado "Disco Bar
 Metropol" y por el periodo comprendido entre noviembre de 2002 a
 agosto de 2005, ambos inclusive, la suma de 4.816,74 euros, a que se
 contrae la reclamación; d) al pago de los intereses legales desde la
 interposición de la demanda y las costas del procedimiento.

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 SEGUNDO.- Por Auto de 6 de octubre de 2005 se admitió a trámite,
 emplazando al demandado a comparecer y contestar a la demanda.

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 TERCERO.- La Procuradora Sra. R. en nombre y representación de don
 R.U.F. compareció en las actuaciones, presentando escrito de
 contestación en el cual tras alegar los hechos y fundamentos de
 derecho que estimaba de legal y pertinente aplicación, consistentes
 básicamente en que reconocía que había sido titular de la explotación
 del establecimiento "Disco Bar Metropol" durante el periodo reclamado
 y que en el mismo se utilizaba amenización musical, pero negaba que
 se reprodujeran obras del repertorio de la SOCIEDAD GENERAL DE
 AUTORES Y EDITORES, terminaba suplicando que se dictase sentencia
 absolviendo al demandado de todos los pedimentos deducidos de
 contrario, todo ello con expresa imposición de costas a la parte
 demandante.

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 CUARTO.- Se citó a las partes a audiencia previa el día 22 de
 diciembre de 2005, compareciendo ambas. Se suspendió la audiencia
 previa, al aportarse copia actualizada de los estatutos de la actora,
 señalándose continuación de la audiencia el día 17 de enero de 2006.

 Se continuó la audiencia previa en la fecha señalada, acordándose la
 práctica de prueba, admitiéndose prueba documental (tanto en soporte
 de papel como en vídeo y DVD), interrogatorio de partes, testifical y
 pericial.

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 QUINTO.- En la fecha señalada se procedió a la celebración del acto
 del juicio, donde se practicaron las pruebas propuestas y
 admitidas. Una vez celebradas las pruebas, las partes realizaron las
 alegaciones que estimaron oportunas, ratificándose en sus peticiones
 iniciales, quedando las actuaciones para sentencia.

Fundamentos de Derecho
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 PRIMERO.- Se declara probado por el reconocimiento de ambas partes
 que don R.A.U.F. ha sido titular de la explotación del
 establecimiento "Disco Bar Metropol" al menos en el periodo reclamado
 comprendido entre noviembre de 2002 a agosto de 2005, ambos meses
 inclusive, utilizando amenización musical. Igualmente ambas partes
 reconocen que el demandado no ha solicitado ninguna autorización a la
 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, ni le ha abonado ninguna
 cantidad.

 La discrepancia entre las partes respecto a los hechos y lo que
 constituye objeto de controversia es que la actora sostiene que en el
 establecimiento Disco Bar Metropol se han utilizado obras de su
 repertorio, hecho que es negado por el demandado.

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 SEGUNDO.- La SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES ejerce la acción
 contemplada en el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 1/1996,
 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
 Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
 disposiciones legales vigentes sobre la materia: "el titular de los
 derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que
 le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del
 infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales
 causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140". En
 cuanto a la indemnización reclamada, se opta por la remuneración que
 hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

 La SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES es una entidad constituida
 conforme al artículo 147 de la Ley de Propiedad Intelectual para
 dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de
 explotación u otros dé carácter patrimonial, por cuenta y en interés
 de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad
 intelectual, habiendo obtenido la oportuna autorización del
 Ministerio de Cultura publicada en el Boletín Oficial del Estado.

 Como entidad de gestión está legitimada para ejercer los derechos
 confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de
 procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha
 legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al
 inicio del proceso copia de sus estatutos. y certificación
 acreditativa de su autorización administrativa. Habiéndose cumplido
 los requisitos por la entidad actora, posee legitimación activa para
 ejercerla acción interpuesta en el presente procedimiento (artículo
 150 del texto legal citado).

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 TERCERO.- La reclamación se plantea por la utilización de las obras
 administradas por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES en el
 Disco Bar Metropol de Badajoz, sin haber obtenido para ello la
 preceptiva autorización, durante el periodo comprendido entre
 noviembre de 2002 a agosto de 2005, ambos meses inclusive.

 La parte demandada plantea como base de su oposición el negar que
 haya reproducido obras musicales de autores que estén bajo la gestión
 de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES.

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 CUARTO.- Conforme al artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
 "corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar
 la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda,
 según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico
 correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la
 reconvención", y conformé al apartado sexto de dicho precepto legal
 "el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad
 probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio".

 La entidad actora está obligada a probar que en el establecimiento
 del demandado se ha reproducido música cuya gestión de los derechos
 de autor le corresponde.

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 QUINTO.- Conforme al artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento
 Civil, "no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad
 absoluta y general". Puede considerarse como un hecho notorio y
 generalmente admitido, como así lo ha sido en este procedimiento, que
 la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, directamente y a través de
 acuerdos con entidades similares de otros países, tiene encargada la
 gestión de los derechos de autor de la inmensa mayoría de la música
 objeto de difusión pública. Ello ha dado lugar a que, puesto que la
 mayoría de la música difundida está bajo la gestión de la SOCIEDAD
 GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, si existe difusión de música, se
 presuma que se reproducen obras gestionadas por ella (Sentencias de
 la Audiencia Provincial de Zaragoza de 8 de septiembre de 1997 y de
 la Audiencia Provincial de Cuenca de 22 de julio de 1997) "debiendo
 ser el titular del establecimiento quien acredite que sólo utiliza el
 aparato reproductor para difundir obras no protegidas".

 Puede considerarse como criterio interpretativo que, si se reproduce
 música de manera general y reiterada de muy diversos autores, en
 principio ello sea prueba suficiente de que al menos parte de esa
 música es gestionada por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
 EDITORES. Pero dicho principio admite ser rebatido por la actividad
 probatoria de la parte demandada.

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 SEXTO.- No basta con que el demandado alegue que no reproduce música
 gestionada por la entidad actora, ha de probarlo. Pero no puede
 exigírsele la "probatio diabólica" de que todas y cada una de las
 obras que ha emitido no corresponden a las gestionadas por la
 actora. Un adecuado reparto de la carga probatoria implica en este
 caso, que al demandado le corresponde tan sólo destruir la presunción
 favorable a la actora. Para ello el demandado ha de probar que tiene
 capacidad personal y técnica para acceder a música no gestionada por
 la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES, que tiene la capacidad personal y
 técnica de utilizarla y reproducirla en su establecimiento, así como
 de probar que efectivamente así lo ha realizado.

 La parte demandada ha realizado una amplia actividad probatoria. De
 los títulos presentados y la declaración testifical del
 Sr. M. L. queda probado que el demandado posee capacidad técnica para
 crear música y acceder a ella a través de medios
 informáticos. Numerosos testigos (Sr. L., Sr. S., Sr. B. y Sr. A.)
 declararon que acuden asiduamente al establecimiento y que en el
 mismo no se reproduce música bajo la gestión de la SOCIEDAD GENERAL
 DE AUTORES Y EDITORES, sino que la mayoría era obtenida a través de
 Internet como música bajo licencia "CREATIVE COMMONS".

 "La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o
 científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación"
 (artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual). El autor posee unos
 derechos morales y económicos sobre su creación. Y como tal titular,
 puede hacer la gestión que estime oportuna, pudiendo ceder el libre
 uso, o cederlo de modo parcial. Las licencias "CREATIVE COMMONS" son
 distintas clases de autorizaciones que da el titular de su obra para
 un uso más o menos libre o gratuito de la misma. Existen, tal y como
 aportaron ambas partes, distintas clases de licencias de este tipo,
 que permiten a terceros poderla usar libre y gratuitamente con mayor
 o menor extensión; y en algunas de dichas licencias determinados usos
 exigen el pago de derechos de autor. El demandado prueba que hace uso
 de música cuyo uso es cedido por sus autores a través de dichas
 licencias CREATIVE COMMONS.

 Lo relevante para este procedimiento no es que el demandado haya
 hecho uso de música cuya utilización estaba cedida gratuitamente por
 sus autores a través de licencias CREATIVE COMMONS, sino sí ha hecho
 uso o no de música bajo la gestión de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
 Y EDITORES, que es la entidad reclamante. La utilización de música
 bajo licencia CREATIVE COMMONS tan sólo acredita que el demandado ha
 tenido acceso y reproducido una gran cantidad de obras que no están
 bajo la gestión de la SGAE. De este modo el demandado prueba que
 tiene acceso a obras musicales no gestionadas por la SGAE.

 Al acreditar el acceso a dichas obras y que posee medios técnicos
 para obtenerla y reproducirla en el establecimiento, se rompe la
 presunción inicial de que la música reproducida debía corresponder al
 menos en parte a la gestión de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES. El
 demandado prueba que crea y accede a numerosas obras musicales no
 gestionadas por la SGAE, que tiene los medios técnicos para ello y
 que esa es la música que se reproduce en el local.

 Al destruirse la presunción de que las obras musicales reproducidas
 sean del repertorio gestionado por la actora, sobre ésta recae la
 carga de la prueba y habrá que analizar su actividad probatoria para
 ver si ha probado que se reproduce en el local música de la que
 gestiona.

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 SÉPTIMO.- La parte actora realiza varias pruebas, fundamentalmente la
 grabación del interior de la discoteca, así como el testimonio de
 detectives privados, y la declaración testifical de la agente de la
 SGAE Sra. C. y del perito Sr. A.

 De la grabación y de los testimonios de los detectives privados tan
 sólo se acredita que se reproduce música en el local, pero no que se
 reproduzcan concretas obras gestionadas por la SOCIEDAD GENERAL DE
 AUTORES Y EDITORES. En cuanto a la agente de la SGAE y del perito,
 aunque manifestaron que sí se reproducían obras gestionadas por SGAE,
 no indicaron ninguna obra o autor en concreto, a pesar de que ambos
 manifestaron ser clientes del local.

 En definitiva, la entidad actora tan sólo prueba que se reproduce
 música en el local, hecho reconocido por la demandada, pero no se
 prueba la reproducción de obras gestionadas por ella.

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 OCTAVO.- Para que la demanda prosperase, la SOCIEDAD GENERAL DE
 AUTORES Y EDITORES debería haber probado que en el establecimiento se
 reproduce música de su repertorio. No han resultado acreditados los
 hechos en que la parte actora funda su pretensión, resultando
 procedente en virtud del principio de la carga de la prueba recogido
 en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la desestimación
 íntegra de la demanda.

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 NOVENO.- En aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento
 Civil, se ha de condenar a la parte actora al pago de las costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

Fallo
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.. container:: fallo

 1. - Desestimando la demanda formulada por el Procurador Sr. R. en
 representación de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE)
 debo absolver al demandado don R.A.U.F. de las pretensiones que se
 formulaban contra él.

 2.- Se condena a la parte actora al pago de las costas.

Contra ésta sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

Líbrese únase certificación de esta resolución a las actuaciones con
inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el
Iltmo. Sr. MAGISTRADO-JUEZ que la suscribe, estando celebrando
Audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.