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Audiencia Provincial de Málaga
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 Audiencia Provincial de Málaga. Sección Quinta.

 Juzgado de Primera Instancia número catorce de Málaga

 Juicio Verbal sobre reclamación de cantidad

 Rollo de Apelación civil número 267/2006

 SENTENCIA NUM. 570

 Iltmos. Sres.

 Presidente

 Don Hipólito Hernández Barea

 Magistrados

 Doña Inmaculada Melero Claudio

 Doña María José Torres Cuéllar

 En Málaga a diecinueve de septiembre de dos mil seis.

 Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de esta
 Audiencia Provincial, los autos de juicio verbal procedentes del
 Juzgado de Primera Instancia número catorce de Málaga, sobre
 reclamación de cantidad, seguidos a instancia de Don Eduardo Serrano
 Muñoz contra la entidad "Naylo Hardware S.L."; pendientes ante esta
 Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por el
 demandante contra la sentencia dictada en el citado juicio.

Antecedentes de Hecho
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 PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Málaga
 dictó sentencia de fecha 28 de junio de 2005 en el juicio verbal del
 que este Rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así:

  "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Eduardo
  Serrano Muñoz contra la entidad mercantil NAYLO HARDWARE S.L.; debo
  absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones que se
  contenían en su contra en la demanda presentada; ello con expresa
  imposición de las costas causadas a la parte demandante."

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 SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma,
 recurso de apelación la representación del demandante, el cual fue
 admitido a trámite dándose traslado del escrito en el que constan los
 motivos y razonamientos del mismo a la otra parte para que en su
 vista alegase lo que le conviniese. Cumplido el trámite de audiencia
 se elevaron los autos a esta Audiencia, y tras su registro se
 turnaron a ponencia quedando pendientes de deliberación y fallo.

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 TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las
 prescripciones legales, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Hipólito
 Hernández Barea. Habiendo tenido lugar la deliberación previa a esta
 resolución el día 8 de mayo de 2006.

Fundamentos de Derecho
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No aceptando los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

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 PRIMERO.- Considerando que por la representación procesal de la parte
 apelante se solicitó la revocación de la sentencia recurrida y el
 dictado de otra en esta alzada que estimase íntegramente lo
 solicitado en la demanda. En su opinión incurre el Juez "a quo" en
 vulneración de lo dispuesto en el artículo 3º.1 del Código Civil en
 cuanto señala que las normas se interpretarán según el sentido propio
 de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes
 históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han
 de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad
 de aquéllas; y ello porque interpreta el artículo 25.1 de la Ley de
 Propiedad Intelectual de forma incorrecta en el marco de la realidad
 actual. Citó en su apoyo de su pretensión revocatoria, entre otras,
 la reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alcalá
 de Henares (Madrid) que, resolviendo sobre demanda idéntica a la que
 inició este proceso, señalaba textualmente: "En todo caso, la
 remuneración compensatoria de los derechos de propiedad intelectual
 por reproducción realizada exclusivamente para uso privado tiene como
 presupuesto que se haya realizado una reproducción . Cierto es que
 tal reproducción cabe entenderla presumida, pero ello es así cuando
 teleológicamente no cabe otra finalidad. Pero en el caso de autos, el
 material adquirido, o sea, diez "CDRom" en blanco, tiene un campo de
 posibilidades que no viene necesariamente circunscrito a servir de
 soporte a obras literarias, artísticas, o científicas de ajena
 pertenencia. Por tanto, la repercusión de la remuneración por copia
 privada verificada por el demandado no es conforme al artículo 25 de
 la L. P. Intelectual y procede, por tanto, la estimación de la
 demanda pues estamos en presencia de un supuesto cobro de lo
 indebido". Pidió en segundo lugar la revocación de la sentencia
 recurrida en cuanto a lo dispuesto sobre las costas de la instancia,
 alegando como vulnerados los artículos 394 y 32 de la Ley Procesal,
 el primero por entender que el caso plantea serias dudas de hecho o
 de derecho y no debió condenarse al demandante al abono de las
 costas, y el segundo en cuanto establece que, cuando la intervención
 de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en
 costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos
 profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por
 los mismos, salvo que el tribunal aprecie temeridad en la conducta
 del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y
 defendida esté en lugar distinto a aquél en que se ha tramitado el
 juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se
 refiere el apartado 3, del artículo 394 de la Ley. Por otrosí del
 escrito de recurso el apelante pidió que, en caso de entender el
 tribunal que el artículo 25.1 de la L.P.I. ha de interpretarse
 literalmente, se plantee la correspondiente cuestión de
 inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 35 de la Ley
 Orgánica del T.C., y ello por los motivos alegados en la demanda.

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 SEGUNDO.- Considerando que el artículo 25.1 del Real Decreto
 Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
 refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
 aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
 materia -legislación vigente al tiempo de los hechos contenidos en la
 demanda, y por tanto aplicable a los mismos- establece, bajo la
 rúbrica "Derecho de remuneración por copia privada", que la
 reproducción realizada exclusivamente para uso privado, conforme a lo
 autorizado en el apartado 2 del artículo 31 de esta ley, mediante
 aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas
 en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen
 reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros
 soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una
 remuneración equitativa y única por cada una de las tres modalidades
 de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan
 en el párrafo b) del apartado 4 del presente artículo, dirigida a
 compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaren de
 percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será
 irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o
 ejecutantes. A la luz de este texto legal puede afirmarse que en el
 presente proceso, derivado del cobro por la empresa demandada del
 canon previsto en el citado precepto y en el que la sentencia
 recurrida desestima la petición de su devolución al demandante, se
 mantiene por el apelante que la resolución judicial es contraria al
 contenido del citado artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de
 Propiedad Intelectual, ya que se condena únicamente por el simple
 hecho de que el disco comprado es de los que comúnmente se destinan a
 la copia privada, sin tener en cuenta el destino final del concreto
 disco en cuestión de que puede presumirse no se ha usado para copia
 privada de un autor amparable por la Ley de propiedad Intelectual,
 sino, como se deduce de lo actuado en el juicio verbal, que se usó
 para la grabación de documentos como los judiciales -actas de juicio-
 que no están protegidos por tal legislación. Se deduce igualmente del
 texto del recurso que la sentencia es contraria al propio fundamento
 económico de la remuneración por copia privada y vulnera también los
 apartados 1 y 2 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento
 Civil. Es evidente, por lo que ahora se dirá, que, si la conclusión
 de la Sala es que el "Juez a quo" incurre en error al valorar la
 prueba practicada y al interpretar y aplicar al caso enjuiciado la
 norma sustantiva mencionada, debe desestimarse la petición
 alternativa de la demanda, reproducida igualmente como subsidiaria en
 el recurso, de que el Tribunal "ad quem" platee ante el Tribunal
 Constitucional la correspondiente cuestión, que, por otra parte, no
 puede entenderse como inconstitucional a tenor de la reciente
 evolución legislativa en la materia operada por la Ley 23/2006, de 7
 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
 Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
 1/1996, de 12 de abril, en cuanto transpone diversas directivas de la
 Unión Europea a nuestro derecho interno incidiendo en la bondad y en
 la expansión del vulgarmente llamado "canon".

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 TERCERO.- Considerando que, como queda claro al haberse consignado
 más arriba textualmente, el artículo 25 de la mencionada L.P.I. se
 articula bajo el epígrafe "Derecho de remuneración por copia
 privada", y es evidente de su literalidad que excluye del canon
 aquellas copias destinadas a uso industrial, pero también entiende la
 Sala que al establecer que "la reproducción", realizada
 exclusivamente para uso privado, de obras divulgadas en forma de
 libros o publicaciones, así como de fonogramas, videogramas o de
 otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, es la que
 "originará" una remuneración en favor de las personas que se expresan
 en el párrafo b) del apartado 4 del presente artículo, dirigida a
 compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaren de
 percibir por razón de la expresada reproducción, permite acreditar el
 destino final de los soportes adquiridos, y demostrar que no se han
 usado para la definida reproducción. Aparece pues un problema
 meramente probatorio en el sentido antedicho que ha de resolverse
 sobre la presunción legal de que, en principio, la compra de los
 soportes es para la reproducción de obras acogidas al amparo de la
 Legislación Especial, pero cabe, dado el tenor legal, justificar que
 el soporte se ha usado para otro concreto fin distinto de la
 reproducción de obras de autores, que es la causa de la
 tributación. En este sentido aparece acreditado en autos, por la
 factura aportada que ha sido confeccionada por la demandada, que el
 demandante compró en fecha 29 de octubre de 2004 un solo "CDRom" en
 blanco -virgen- pagando por él un total de 0'60 euros, cantidad que
 se desglosó en la factura de la siguiente manera: 0'33 como precio
 del disco, 0'19 como canon de la propiedad intelectual; y 0'08 como
 Iva. De las conclusiones y de los informes emitidos en el acto del
 juicio verbal en la primera instancia, así como de los folios 133 y
 siguientes del expediente que atestiguan la entrega en la secretaría
 del Juzgado por la representación del Sr. Serrano de un "CDRom"
 virgen para la emisión de la correspondiente copia del acta del
 juicio y su devolución grabado a la parte como ordena la Ley
 Procesal, se deduce sin género de duda que la compra de un concreto
 disco a los fines de la grabación de un acto judicial público
 ordenada legalmente no es incluíble en el supuesto fáctico que
 establece el artículo 25 repetido de la Ley de Propiedad Intelectual.

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 CUARTO.- Considerando que bajo este prisma ha de analizarse la
 presunción legal establecida por el precepto, y tal afirmación de un
 hecho que la Ley deduce como acreditado -salvo prueba en contrario,
 ya que la misma norma legal en su literalidad permite la existencia
 de hecho alternativo de la sanción aplicable al presumido- se
 beneficia de la doctrina jurisprudencial que mantiene de siempre que
 tan sólo cabe la destrucción del hecho presumido si de forma adecuada
 se impugna la acreditación del hecho básico que la sustenta, o bien
 si la deducción legal es el caso concreto manifiesta y claramente
 errónea. En consecuencia, a juicio de esta Sala, la presunción de
 existencia de la "reproducción de obra de autor" que se deduce de la
 compra del soporte adecuado para ello, es presunción "iuris tantum"
 que es posible destruir si se declara probado que la compra obedeció
 a otra causa que excluiría en sí misma la aplicación del canon. La
 conclusión no puede ser otra que la alcanzada por la sentencia del
 Juzgado número 1 de Alcalá de Henares, fechada el 15 de junio de 2005
 y a la que en esta resolución se ha hecho referencia; en el caso de
 autos, el material adquirido, o sea, un "CDRom" en blanco, tiene un
 campo de posibilidades que, no sólo no viene necesariamente
 circunscrito a servir de soporte a un documento visual y sonoro que
 no goza de la protección otorgada por la Ley de propiedad Intelectual
 vigente al momento de los hechos, y procede en consecuencia la
 estimación de la demanda pues estamos en presencia de un supuesto de
 cobro de lo indebido. Al no solicitarse en la demanda el posible
 interés que, conforme al artículo 1100 del Código Civil, generaría la
 cantidad reclamada y concedida, solo cabe a este Tribunal expresar
 que en todo caso desde el dictado de esta sentencia devengará el
 interés de demora procesal previsto en el artículo 576 de la ley de
 Enjuiciamiento Civil

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 QUINTO.- Considerando que asiste la razón a la parte demandante y
 ahora apelante cuando afirma haberse infringido por la sentencia de
 primer grado la disciplina relativa a las costas procesales. y es que
 el artículo 394 de la Ley Procesal dispone el criterio del
 vencimiento objetivo en la condena en costas, en el caso de
 estimación total de la demanda -a cargo de la parte demandada- o de
 desestimación total de la misma -a cargo del demandante- dejando sin
 embargo un margen a la discrecionalidad judicial, siempre que
 concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no
 imposición, en cuyo caso la sentencia lo debe razonar debidamente. Es
 evidente que la complejidad del litigio, como ya ponía de manifiesto
 la misma demanda, aconsejaba entonces, es decir, en la primera
 instancia y a pesar de dar el Juez la razón a la demandada, no hacer
 especial declaración sobre las costas ocasionadas en esa anterior
 fase del proceso. Al prosperar el recurso y ser de aplicación a esta
 alzada en materia de costas el artículo 398 de la misma Ley Procesal,
 no debe hacerse especial atribución de las causadas en la
 apelación. No cabe en cambio atender a la reclamación formulada en
 base al artículo 32 de la repetida Ley rituaria, pues, no sólo es
 cuestión que se desvanece al no hacer esta Sala expresa atribución de
 los gastos procesales causados en ambas instancias, sino que en todo
 caso sería materia reservada a la tasación tras lo que el precepto
 denomina "la eventual condena en costas de la parte contraria a la
 que se hubiese servido de dichos profesionales".

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.

Fallamos
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.. container:: fallo

 Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por la
 representación de Don Eduardo Serrano Muñoz contra la sentencia
 dictada en fecha veintiocho de junio de 2005 por el Juzgado de
 Primera Instancia número Catorce de los de Málaga en sus autos
 civiles 1362/2004, debemos revocar y revocamos dicha resolución
 absolutoria condenando a la demandada a la devolución al demandante
 del importe reclamado, es decir, la cantidad de diecinueve céntimos
 de euro a la que se aplicará el correspondiente interés
 procesal. Todo ello sin hacer especial atribución de las costas
 causadas en una y otra instancia, y desestimando la petición
 subsidiaria de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del
 artículo 25.1 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996.

Notifíquese esta resolución en legal forma haciendo saber a las partes
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales, con testimonio de ella, al Juzgado
de su procedencia a sus efectos.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior resolución por el
Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrándose audiencia pública. Doy fe.