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 Alegaciones sobre planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJCE
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1. Antecedentes.
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1.1. Ejercicio de la función de control en el Parlamento Europeo.
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El día 5 de junio de 2007, el Parlamentario Europeo D. Raul Romeva i
Rueda, planteó a la Comisión Europea una pregunta escrita sobre el
régimen del derecho compensatorio del artículo 25 del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto 1/1986,
de 12 de abril.

El contenido de la pregunta era, literalmente, el siguiente:

 PREGUNTA ESCRITA de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) a la Comisión:

 E-2864/07

 5 de junio de 2007

 «Hace cerca de un año se aprobó en el Estado español la reforma del
 texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual. Las
 modificaciones amplían el ya existente canon en soportes analógicos
 con un canon sobre los productos digitales susceptibles de ser
 soporte de copia de obras protegidas por derechos de autor. Este
 canon, agravado por la desproporcionalidad de las cantidades con que
 se grava y por el hecho de que con tal medida se establezcan dobles
 imposiciones a una misma actividad —soporte, reproductor, copiador,
 etc.—, ha generado muchas protestas entre la sociedad española —un
 millón de firmas recogidas—, que ve como se presupone que toda
 utilización de productos digitales por parte de los usuarios es con
 la finalidad de copiar obras protegidas. Es obvio que esto representa
 una vulneración de toda presunción de inocencia. Si bien la Directiva
 29/2001/CE(1) reconoce el derecho de todo autor a recibir una
 compensación equitativa para que pueda continuar con su labor
 creativa, ésta está sujeta al uso de su obra. El canon, tal y como
 está establecido, está compensando algo diferente del uso de los
 derechos de autor, pues existen soportes digitales con sistemas de
 protección integrados que impiden hacer copias privadas y, sin
 embargo, la Ley los mantiene gravados con el canon. Por lo tanto, no
 se puede proceder al cobro indiscriminado a todo producto digital
 bajo el pretexto de su idoneidad para actividades de copia, porque
 tiene una gran diversidad de posibilidades de uso. Es más, la Ley de
 Administración Electrónica, actualmente en trámite, obliga a usar
 soportes digitales, gravados con canon, a sujetos sin capacidad para
 hacer copias para uso privado, como la Administración Pública
 —obligada a grabar los juicios, por ejemplo—, generándose un
 enriquecimiento injusto de entes privados como las sociedades
 gestoras de derechos de autor. En definitiva, la aplicación del canon
 no sólo significa un gran impacto económico en la sociedad española,
 sino que condiciona el mercado provocando desajustes que afectan la
 libre competencia, con lo que se viola la Ley española de Defensa de
 la Competencia, y en especial, los artículos 85 y 86 del Tratado CE,
 y 65 y 66 del Tratado CECA. Ante de los hechos expuestos, como
 eurodiputado español quisiera mostrar mi inquietud al respecto, y,
 viendo que se ha presentado una denuncia a la Comisión Europea por
 incumplimiento del derecho comunitario, declaro mi interés y urgencia
 por conocer la decisión adoptada al respecto por la Comisión. Así,
 ¿qué opina la Comisión sobre la aplicación indiscriminada del canon?
 ¿Cuál es el estado actual de la tramitación de la denuncia? ¿Para
 cuando habrá un pronunciamiento?»

En nombre de la Comisión, respondió a la pregunta el Comisario del
Mercado Interior, Sr. McCreevy, quien manifestó, también literalmente,
lo siguiente:

 Preguntas parlamentarias
 19 de septiembre de 2007       
 E-2864/2007
 Respuesta del Sr. McCreevy en nombre de la Comisión

 «La Directiva 2001/29(1) (en lo sucesivo, «la Directiva») introdujo el
 concepto de «compensación equitativa» como medio de compensar a los
 titulares de derechos de autor por actos que entran en el ámbito de
 la excepción sobre la copia privada.

 La Comisión examinó en 2006 los pormenores de los distintos sistemas
 de compensación. Constató que los cánones aplicados a determinados
 soportes o aparatos no siempre se calculan sobre la base de
 comportamientos observados en los consumidores, es decir, atendiendo
 al uso efectivo que los consumidores hacen de esos soportes o
 aparatos para realizar copias privadas. Dichos cánones se aplican a
 los soportes y aparatos, y no pueden modularse en función del
 comportamiento de los distintos consumidores por lo que se refiere a
 las copias con fines privados. De ahí que incidan por igual en los
 consumidores que realizan actos de copia privada en medida
 significativa y en aquéllos que nunca realizan tales actos, o sólo
 esporádicamente.

 También el canon sobre los productos digitales implantado en España
 se aplica a soportes y aparatos, sin hacer distinción entre los
 consumidores que se proponen utilizar equipos y soportes para la
 reproducción de material protegido y los que no tienen tal
 propósito. En consecuencia, se gravan con cánones muchos productos
 —lápices USB (Universal Serial Bus sticks), discos versátiles
 digitales (DVD) vírgenes (utilizados con frecuencia para hacer copias
 de seguridad de ficheros informáticos), ordenadores personales (PC) y
 otros— que pueden utilizarse para realizar copias privadas, pero que
 sirven también para otros fines por completo ajenos a la excepción
 prevista en la Directiva. Los usuarios, ya se trate de grandes
 empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), Administraciones
 Públicas, escuelas u otros, han de pagar aunque no realicen jamás
 copias para uso privado. En realidad, cualquier uso que puedan hacer
 de material protegido queda fuera del ámbito de aplicación del
 artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva.

 De acuerdo con el análisis preliminar de la Comisión, **sólo deben
 gravarse con cánones los soportes y equipos que puedan utilizarse, y
 que efectivamente se utilicen en medida apreciable, para hacer copias
 realmente destinadas a uso privado. La Comisión considera asimismo
 que los equipos utilizados con fines comerciales (p. ej., en empresas
 o en Administraciones Públicas) no deberían gravarse con cánones,
 pues ello supone ir claramente más allá de la necesaria compensación
 por actos autorizados (es decir, la copia privada), con arreglo a lo
 dispuesto en la Directiva.**

 Por lo que se refiere a la denuncia que menciona Su Señoría, la
 Comisión está estudiándola actualmente e informará en su momento a Su
 Señoría del resultado de sus análisis.»

1.2. Satisfacción del canon por todos los órganos estatales.
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Ha quedado acreditado en cinco procedimientos ante los Juzgados y
Tribunales de nuestra jurisdicción que las actas judiciales, en
soporte audiovisual por imperativo legal de los artículos 147 y 187 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, satisfacen canon.

Los procedimientos ante los que se ha realizado tal acreditación son
los siguientes:

Sentencia número 570 de 19 de septiembre de 2006 de la Sección 14,
Rollo de Apelación civil número 267/2006, de la Audiencia provincial
de Málaga. La sentencia, revocando la de instancia, señala en su
Fundamento Jurídico Tercero lo siguiente:

 «En este sentido aparece acreditado en autos, por la factura aportada
 que ha sido confeccionada por la demandada, que el demandante compró
 en fecha 29 de octubre de 2004 un solo "CDRom" en blanco -virgen
 pagando por él un total de 0'60 euros, cantidad que se desglosó en la
 factura de la siguiente manera: 0'33 como precio del disco, 0'19 como
 canon de la propiedad intelectual; y 0'08 como Iva. De las
 conclusiones y de los informes emitidos en el acto del juicio verbal
 en la primera instancia, así como de los folios 133 y siguientes del
 expediente que atestiguan la entrega en la secretaría del Juzgado por
 la representación del Sr. Serrano de un "CDRom" virgen para la
 emisión de la correspondiente copia del acta del juicio y su
 devolución grabado a la parte como ordena la Ley Procesal, se deduce
 sin género de duda que la compra de un concreto disco a los fines de
 la grabación de un acto judicial público ordenada legalmente no es
 incluíble en el supuesto fáctico que establece el artículo 25
 repetido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sentencia de 15 de junio de 2005 del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Alcalá de Henares, que señala en su Fundamento Jurídico
tercero:

 «En todo caso, la remuneración compensatoria de los derechos de
 propiedad intelectual por reproducción realizada exclusivamente para
 uso privado tiene como presupuesto que se haya realizado una
 reproducción. Cierto es, que tal reproducción cabe entenderla
 presumida pero ello es así cuando teleológicamente no cabe otra
 finalidad. Pero en el caso de autos, el material adquirido, o sea,
 diez CDRom en blanco, tiene un campo de posibilidades que no viene
 necesariamente circunscrito a servir de soporte a obras literarias,
 artísticas o científicas de ajena pertenencia. Por tanto, la
 repercusión de remuneración por copia privada verificada por el
 demandado no es conforme al art. 25 de la L. P. intelectual y
 procede, por tanto, la estimación de la demanda pues estamos en
 presencia de un supuesto de cobro de lo indebido.»

Sentencia de fecha 19 de octubre de 2006 ante el Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Dispone su Fundamento
Jurídico Segundo:

 «Aplicando tal línea jurisprudencial al presupuesto que nos ocupa
 resulta que existe una compra realizada por el actor en el que
 adquiriendo cuatro CDRom vírgenes por un precio total de 3,40 euros,
 de los cuales 0,84 euros (0,21 euros por cada uno de los cuatro
 soportes adquiridos) a la cual se le aplica igualmente el IGIC (5%),
 se corresponden con el concepto “Canon propiedad intelectual”,
 resulta que el material adquirido (4 CDRom vírgenes), tiene un amplio
 campo de posibilidades, en lo que a su utilización se refiere, que en
 ningún caso viene circunscrito a ser soporte de obras literarias,
 artísticas o científicas de ajena pertenencia, llegando (cabe incluso
 que uno de esos cuatro soportes adquiridos y objeto de la compraventa
 objeto de la presente causa sea el entregado en la Secretaría de este
 Juzgado a fin de conseguir copia del acto del juicio pretendida por
 la parte actora), por lo que la repercusión de remuneración por copia
 privada realizada por la entidad demandada e incompareciente no es
 subsumible dentro de los supuestos contenidos en el artículo 25 de la
 Ley de Propiedad Intelectual, por lo que debe entenderse que el cobro
 de tal cantidad supone un cobro indebido.»

Sentencia de fecha 19 de octubre de 2006 ante el Juzgado de lo
Mercantil número 4 de Madrid, que manifiesta en su Fundamento Jurídico
Segundo:

 «Siendo la finalidad de la reproducción servir al proceso no cabe
 recargarla con el canon cuestionado. No resulta lógico imponer al
 servicio del ejercicio de la potestad jurisdiccional otras cargas que
 las prevenidas en las leyes procesales y fiscales y resulta contrario
 a lo dispuesto en los art. 217.1 y 2 de la LEC, imponer cánones
 establecidos por agrupaciones de propiedades privadas.

Con respecto a los demás órganos estatales, todos utilizan soportes
digitales y ninguno se halla exento en la norma interna que establece
los supuestos y soportes no sometidos a gravamen.

1.3. Ausencia u ocultación de datos por parte del Estado Central.
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1.3.1. Del Ministerio de Cultura ante el Consejo de Estado.
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En la tramitación de la transposición de la Directiva 2001/29 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la
información, el Ministerio de Cultura ha ocultado al Consejo de Estado
los importes que se entregan por esta vía de autogravamen.

En el procedimiento interno en la tramitación de los proyectos de Ley
de transposición de Directivas europeas, es necesaria la verificación
del anteproyecto por parte del Consejo de Estado quien, consultado,
emitió su Dictamen en fecha 10 de marzo de 2005 (Número de
expediente: 187/2005 – CULTURA).

En el Dictamen del Consejo de Estado figura como antecedente segundo:

 «SEGUNDO.- Con el texto del anteproyecto se acompañan las
 correspondientes memorias justificativa y económica. En la memoria
 justificativa se razona sobre la oportunidad de la norma proyectada
 en términos similares a los transcritos en su exposición de
 motivos. Por su parte, la memoria económica advierte que el
 anteproyecto de Ley "introduce una serie de reformas cuya aplicación
 no tiene una repercusión directa sobre los Presupuestos Generales del
 Estado".»

Así pues, la memoria económica que el Gobierno central presenta al
Consejo de Estado manifiesta que el sometimiento a canon de los
soportes digitales no supone una repercusión directa sobre los
Presupuestos Generales del Estado.

1.3.2. En las normas que establecen la contabilidad nacional.
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La Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional
del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 1 de febrero de 1996, esto es, la norma que regula el plan contable
del Estado, no contiene partidas para el concepto del canon, por lo
que el importe del pago de las Administraciones públicas a las
asociaciones privadas no queda especificado sino como parte del precio
de compra de suministros y equipos.

1.4. Conocimiento del gravamen por los tres poderes del Estado.
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Los tres poderes del Estado tienen conocimiento del hecho de que su
actividad satisface canon y no han realizado ninguna actividad para
eliminarlo.

1.4.1. Poder ejecutivo.
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En los procedimientos citados ante el Servicio de Defensa de la
Competencia así como en los derechos de petición ante el Ministerio de
Cultura y realizados por el Consejo General de la Abogacía ante el
Ministerio de Justicia, citados en la demanda, se comunicó al
Ejecutivo la circunstancia de sometimiento de la actividad estatal al
canon, lo que no ha sufrido corrección mediante norma interna.

1.4.2. Poder legislativo.
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En las páginas 2063 a 2071 del Diario de Sesiones del Senado, en fecha
18 de mayo de 2005 la senadora Excma. Sra. Doña Coloma Pesquera
manifestó literalmente:

 «Y en esta Cámara, según estoy interviniendo, mi discurso se está
 grabando en un dispositivo de ese tipo. ¿Por eso tenemos que pagar
 también a las sociedades de gestión derecho de propiedad intelectual?
 Creo que no. O, por ejemplo, cuando el vicepresidente primero del
 Gobierno y ministro de Economía presenta en esta Cámara, o en el
 Congreso de los Diputados, o hace llegar a muchos ciudadanos
 españoles el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado en
 un CD, ¿acaso hay que pagar un canon? O ahora, que estamos en plena
 declaración de la renta, para obtener el programa PADRE de la Agencia
 Tributaria, ¿también hay que pagar un gravamen a las sociedades
 generales de autores? Creo que tampoco. Muchos estudiantes me han
 hecho llegar su malestar porque, cuando entregan sus trabajos, lo
 hacen en este tipo de dispositivos. El Consejo General de la Abogacía
 solicitó condiciones especiales para ellos, porque están en contra de
 este tipo de gravamen; tengan en cuenta que representa a todos los
 letrados de España. O los órganos judiciales; ¿por qué van a tener
 que pagar todos ellos a determinadas entidades de gestión como que
 todo esto tiene derecho de propiedad intelectual?

1.4.3. Poder judicial.
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Consta su conocimiento a través de las sucesivas resoluciones que se
apuntan anteriormente queda constancia de esta situación, así como por
la solicitud del Consejo General de la Abogacía Española en solicitud
de exención del canon en los soportes judiciales.

1.5. Reconocimiento judicial de los autores Copyleft.
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El término Copyleft nace en los años 70 del siglo pasado en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como un juego de
palabras del término inglés Copyright. Fundamentándose en el sistema
tradicional de derechos de autor, que establece un control de la obra
por parte de su propietario, el término Copyleft designa aquellos
casos en que el autor permite las libres reproducción, distribución,
difusión o transformación de su obra y, por extensión, al conjunto de
licencias de propiedad intelectual que hacen esto posible.

El término "right" tiene en inglés un doble sentido: significa tanto
derecha como Derecho (en ambas acepciones de Ordenamiento Jurídico y
de derecho subjetivo). Asimismo, el término "left" es ambivalente ya
que su significado es tanto el término izquierda como el participio
del verbo soltar: suelto. Así pues, en origen, Copyleft nace como un
juego de palabras al contraponer los términos Copyright-Copyleft, y
designa tanto un concepto político de la propiedad intelectual como la
decisión soberana del autor de dejar "suelta" su obra.

En el "Boletín de traducción española en las instituciones de la
Unión Europea" número 98 de fecha mayo/junio de 2006, se trata en
la sección "Cabos Sueltos" la traducción del término Copyleft ante
las dudas surgidas por la ambivalencia terminológica. La sección
"Cabos Sueltos" de dicho boletín tiene como finalidad publicar
"notas breves en que se exponen argumentos o se facilitan datos para
solucionar problemas concretos de traducción o terminología" y si
bien se considera como válida la traducción de "izquierdo de copia",
se señalan dos obstáculos para la aceptación de la traducción en el
uso cotidiano: El primero de ellos es la consolidación actual en
nuestra lengua del término «copyright» y el segundo es «la propia
vitalidad de este concepto en el seno de comunidades virtuales en las
que el inglés es un referente lingüístico muy potente y en las que
posiblemente el aliento de libertad de creación y difusión ya resulte
indisociable de su denominación en inglés».

El Boletín mencionado de la Unión Europea define el término Copyleft
de la siguiente manera:

 «Copyleft es el término que se utiliza en el ámbito informático (y se
 aplica de manera análoga a la creación literaria y artística) para
 designar el tipo de protección jurídica que confieren determinadas
 licencias que garantizan el derecho de cualquier usuario a utilizar,
 modificar y redistribuir un programa o sus derivados, siempre que se
 mantengan estas mismas condiciones de utilización y difusión.»

Nuestra jurisdicción es líder mundial en cuanto al reconocimiento
judicial de este nuevo fenómeno. En este sentido, hemos de citar las
siguientes sentencias:

Sentencia de 5 de julio de 2007 de la Sección 28 de la Audiencia
Provincial de Madrid, cuyo Fundamento Jurídico Tercero señala lo
siguiente:

 «Sin embargo, en los últimos tiempos está alcanzando en nuestro país
 cierto auge un movimiento denominado de "música libre", muy
 relacionado con la expansión de Internet como medio de distribución
 musical. De un modelo de difusión de los contenidos musicales
 limitado a la venta y al alquiler de ejemplares, controlado por la
 industria de contenidos, se ha pasado a un modelo casi ilimitado,
 gracias a la difusión global que proporciona Internet, ámbito en el
 que los propios creadores, sin intermediación de la industria, pueden
 poner a disposición de los usuarios de Internet copias digitales de
 sus obras. Este fenómeno ha originado la concurrencia o coexistencia
 de diferentes modelos de difusión de contenidos en relación a las
 nuevas posibilidades ofrecidas por Internet:

 a) El tradicional, basado en la protección de la copia ("copyright"),
 que busca una restricción del acceso y uso del contenido "on line",
 recurriendo a fórmulas negociales de carácter restrictivo y medidas
 tecnológicas de control de accesos, que se subsumen en los llamados
 "Digital Rights Management".

 b) Un modelo que proporciona acceso libre "on line" a los contenidos,
 permitiéndose en ocasiones el uso personal de los mismos (modelos de
 licencia implícita) y, en otros supuestos, la difusión libre de la
 obra, su transformación e incluso su explotación económica, con la
 única condición de citar la fuente. Se trata de los modelos de
 dominio público y de licencias generales (General Public License),
 como son, por ejemplo, las licencias "creative commons", algunas de
 las cuales incluyen la cláusula "copyleft".

 Con la cláusula "copyleft" el titular permite, por medio de una
 licencia pública general, la transformación o modificación de su
 obra, obligando al responsable de la obra modificada a poner la misma
 a disposición del público con las mismas condiciones, esto es,
 permitiendo el libre acceso y su transformación. Con las licencias
 creative commons, el titular del derecho se reserva la explotación
 económica y puede impedir transformaciones de la misma. Por tanto,
 debe distinguirse las licencias creative commons de la cláusula
 "copyleft". En ocasiones habrá licencias creative commons que
 incluyan la cláusula "copyleft".

 En todo caso, este modelo parte de la idea común de pretender colocar
 las obras en la Red para su acceso libre y gratuito por parte del
 público. Sus partidarios lo proponen como alternativa a las
 restricciones de derechos para hacer y redistribuir copias de una
 obra determinada, restricciones que dicen derivadas de las normas
 planteadas en los derechos de autor o propiedad intelectual. Se
 pretende garantizar así una mayor libertad, permitiendo que cada
 persona receptora de una copia o una versión derivada de un trabajo
 pueda, a su vez, usar, modificar y redistribuir tanto el propio
 trabajo como las versiones derivadas del mismo. Se trata, sostienen
 los partidarios de este modelo, de otorgar al autor el control
 absoluto sobre sus obras, y surge como respuesta frente al
 tradicional modelo del copyright, controlado por la industria
 mediática.»

En igual sentido hay que citar las sentencias núm. 12/2006 del Juzgado
de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, de 2 de febrero; sentencia
núm. 15/2006, de 17 de febrero, del Juzgado de Primera Instancia
núm. 6 de Badajoz; sentencia núm. 158/2006, de 25 de octubre, del
Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo; sentencia de 11 de abril de
2007, del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Salamanca; sentencia
de 14 de febrero de 2008, del Juzgado de Primera Instancia de Burgos,
sentencia de 21 de febrero de la Sección 28 de la Audiencia Provincial
de Madrid.

En lo que respecta a resoluciones sobre obras literarias, también el
Copyleft tiene reconocido su amparo mediante la Sentencia de la
Sección novena de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de
diciembre de 2007 en su Fundamento Segundo:


 «1.- En lo que se refiere al recurso planteado por la representación
 del INSTITUTO CERVANTES DE NÁPOLES, lo cierto es que no se niega la
 procedencia del artículo controvertido ni la eventual autoría del
 actor -que resulta, por otra parte, del acta notarial que se acompaña
 como documento 1 de la demanda al folio 21 y los siguientes de la
 actuaciones-, sino la posibilidad de éste de formular reclamación
 contra la entidad indicada por razón de haber incorporado
 voluntariamente su obra a una página de libre acceso y bajo la
 fórmula copyleft. Y lo cierto es que el actor no niega la
 incorporación del artículo en cuestión a una página web regida por
 las condiciones propias del copyleft, sino que lo que se razona por
 el demandante es que la demandada "rompió" las reglas al proceder a
 su anexión a su propia página web, de manera que quienes acceden a la
 misma vienen a interpretar que la autoría corresponde a la demandada,
 pues su página no está sometida a las mismas condiciones que aquella
 en la que el demandante libremente depósito su artículo con la
 finalidad de contribuir a la difusión de la cultura, de manera que
 quedó rota su libre circulación. Así de la documentación aportada a
 las actuaciones lo que se desprende es que quienes accedieron a la
 página del Instituto Cervantes de Nápoles atribuyeron la autoría del
 artículo a dicho instituto, procediendo a su cita como fuente del
 texto en cuestión, como se desprende del contenido del acta notarial
 aportada a las actuaciones por el demandante, o del documento 2 al
 folio 37 y siguientes, o el 3 al folio 47.  En definitiva, mediante
 su ingreso a la página web de la demandada se rompió la regla de la
 libre circulación y ello es lo que motiva la reclamación del
 demandante y la estimación de la demanda por parte del magistrado "a
 quo" que hace una correcta diferenciación/contraposición entre los
 conceptos copyright y copyleft en relación con la irrenunciabilidad
 del derecho moral de autor, lo que justifica la cantidad que se fija
 en la sentencia en concepto de indemnización derivado de aquella
 infracción, y que este Tribunal comparte plenamente.»

El modelo Copyleft no es nimio: es la piedra angular de un sistema de
propiedad intelectual cuyas raíces proceden de la labor académica y
doctrina jurídica de de autores norteamericanos: entre otros Eben
Moglen (profesor de Derecho de la Universidad de Columbia) y Lawrence
Lessig (profesor de Derecho de la Universidad de Stanford), y apoyado
por las Universidades de Harvard, Stanford, Berkeley y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts. Como dato anecdótico hemos de mencionar
que los servidores web del CGPJ, de la Unión Europea y del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas se halla licenciado bajo licencia
"Apache", esto es, bajo Copyleft.

Los autores Copyleft pagan canon y no se hallan exentos ni por sus
herramientas de trabajo ni por los soportes en los que deben
guardarlo. Se podría estar produciendo, de esta manera, una
discriminación entre dos tipos de autores, a pesar de ser creadores de
obras de propiedad intelectual de igual naturaleza.

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2. Requisitos para el planteamiento.
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2.1. Norma habilitante.
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La regulación de la cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas se regula en el artículo El
procedimiento prejudicial está previsto en el Art. 234 del Tratado de
la Unión Europea (antes artículo 177 del Tratado de las Comunidades
Europeas), que establece lo siguiente:

 Artículo 234 

 «El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con
 carácter prejudicial:

 a) sobre la interpretación del presente Tratado; 

 b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las
 instituciones de la Comunidad y por el BCE; 

 c) sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados
 por un acto del Consejo, cuando dichos estatutos así lo prevean.

 Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano
 jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá
 pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si
 estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

 Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente
 ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean
 susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho
 órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia».

2.2. Interpretación de la norma habilitante a raíz de la doctrina del TJCE.
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Si bien la literalidad del último párrafo del artículo 234 del TCE
parece obligar al órgano jurisdiccional interno ante cuya decisión no
cupiera recurso a interponer la cuestión de prejudicialidad, la
doctrina del TJCE ha ido matizando este requisito a través del
desarrollo de la doctrina del "acte clair", doctrina de origen francés
en el recurso contencioso-administrativo de dicha legislación, que
establece una separación de poderes tal que no permite a los
Tribunales ordinarios la interpretación de un acto administrativo,
debiendo los Tribunales ordinarios plantear una cuestión prejudicial
ante los del orden Contencioso Administrativo para realizar la
hermenéusis. Es en este contexto donde cristalizó la doctrina del
"acte clair", que fue definida por Laferrière como:

 «Es preciso que haya una cuestión, esto es, una dificultad real
 planteada por las partes o espontáneamente reconocida por el juez, y
 que por su naturaleza pueda hacer surgir una duda en un espíritu
 ilustrado».

La doctrina del "acte clair" se impone finalmente en la conocida
Sentencia Cilfit, de 6 de octubre de 1982, en la que la Corte di
Cassazione italiana había planteado, precisamente, cuál es la
interpretación que el TJCE ha de dar al artículo 177 del TCE
(antecedente del actual artículo 234 TCE).

La respuesta del TJCE señala en su Motivo 7 que la técnica de cuestión
prejudicial:

 «se inscribe en el cuadro de la cooperación, instituida para asegurar
 la buena aplicación e interpretación uniforme del Derecho comunitario
 en el conjunto de Estados miembros, entre las jurisdicciones
 nacionales, en su calidad de jueces encargados de la aplicación del
 Derecho Comunitario, y el Tribunal de Justicia. El párrafo tercero
 del artículo 177 busca más particularmente evitar que se establezcan
 divergencias de jurisprudencia en el interior de la Comunidad sobre
 cuestiones de Derecho Comunitario. El alcance de esta obligación debe
 apreciarse sobre estas finalidades, en función de las competencias
 respectivas de las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de
 Justicia desde que una cuestión de esta naturaleza es planteada en el
 sentido del artículo 177.»

Reconoce posteriormente la Sentencia Cilfit, en función de los
antecedentes de la Sentencia Da Costa, de fecha 27 de marzo de 1963,
que la cuestión no es obligatoria cuando ya se hubiese planteado una
cuestión materialmente idéntica con anterioridad, lo que constituía
hasta la Sentencia Cilfit la única excepción para la obligatoriedad
del planteamiento. Y añade, en su Motivo 16, la doctrina del "acte
clair":

 «16. Finalmente, la aplicación correcta del Derecho Comunitario puede
 imponerse con una prueba que no deje lugar a ninguna duda razonable
 sobre la manera de resolver la cuestión planteada. Antes de concluir
 la existencia de tal situación, la jurisdicción nacional debe estar
 convencida que la misma evidencia se impondrá igualmente a las
 jurisdicciones de otros Estados miembros y al Tribunal de
 Justicia. Solamente si estas condiciones son cumplidas puede la
 jurisdicción nacional abstenerse de someter esta cuestión al Tribunal
 y resolverla bajo su propia responsabilidad.»

La resolución final del TJCE en la sentencia comentada establece
cuándo ha de ser planteada la cuestión:

 «El artículo 177, párrafo 3, del Tratado de las Comunidades Europeas
 ha de ser interpretado en el sentido que una jurisdicción donde las
 resoluciones no son susceptibles de recurso interno se halla
 obligada, desde que se planteé una cuestión ante ella, a deferir a su
 obligación de envío, a menos que haya constatado que la cuestión
 planteada no es pertinente o que la disposición comunitaria dubitada
 ha sido ya objeto de una interpretación por el Tribunal de Justicia o
 que la aplicación correcta del Derecho Comunitario se impone con tal
 evidencia que no deje duda razonable: la existencia de tal
 eventualidad debe ser evaluada en función de las características
 propias del Derecho Comunitario, de las dificultades particulares que
 presente su interpretación y del riesgo de divergencias de la
 jurisprudencia en el interior de la Comunidad.»

Como acertadamente indica García de Enterría en su obra "Tratado de
Derecho Comunitario. Estudio sistemático desde el Derecho
Español. Tomo I", Editorial Cívitas, Primera Edición, 1986, página
714:

 «Se consagra, pues, un razonable margen de apreciación del juez
 nacional, que incluye una interpretación propia del Derecho
 Comunitario. Pero esta interpretación propia debe ser hecha en los
 propios términos que corresponden a la interpretación del Derecho
 Comunitario y no en los términos aplicables a cualquier norma
 interna, y de la misma debe resultar, para excluir la obligación de
 la cuestión prejudicial, que el sentido de la norma comunitaria no
 admite "duda razonable", tanto ante la jurisdicción del propio país
 como ante las jurisdicciones de todos los Estados miembros y ante el
 Tribunal de Justicia. El resultado de la interpretación debe ser,
 pues, la exclusión de duda razonable, no la convicción de una
 determinada interpretación. Cuando una "duda razonable" subsista, el
 juez nacional deberá suscitar la cuestión prejudicial.»

Por tanto, un órgano jurisdiccional interno ante cuya resolución no
exista recurso, ha de plantear la cuestión de prejudicialidad siempre
que no exista una duda razonable de la interpretación de una norma, no
cuando se halle convencido de una determinada interpretación.

En el caso que nos ocupa, entiende esta parte necesario el
planteamiento puesto que las necesidades interpretativas a las que se
halla sometido un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no sólo
alcanzan a la Directiva dubitada, sino a la independencia de los tres
poderes, a Derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión y a la
posible vulneración de la normativa comunitaria sobre prohibición de
ayudas estatales.

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3. Fondo del asunto.
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3.1. Protección de datos.
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Josep Jover.

3.2. Actas judiciales y actividad estatal.
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Ha quedado acreditado que las actas estatales se hallan sometidas a un
gravamen en favor de asociaciones privadas, lo que puede incidir en la
tutela judicial efectiva de un ciudadano. En palabras del Juzgado de
los Mercantil número 4 de Madrid:

 «Siendo la finalidad de la reproducción servir al proceso no cabe
 recargarla con el canon cuestionado. No resulta lógico imponer al
 servicio del ejercicio de la potestad jurisdiccional otras cargas que
 las prevenidas en las leyes procesales y fiscales y resulta contrario
 a lo dispuesto en los art. 217.1 y 2 de la LEC, imponer cánones
 establecidos por agrupaciones de propiedades privadas.»

La imposición de un gravamen sobre todos los actos de registro estatal
nos lleva al elemento esencial sobre la posible irregularidad del
mismo: sus límites.

Es sabido que ningún derecho subjetivo es ilimitado y que todos tienen
límites. Los límites nacen de la aplicación de otros derechos
subjetivos. En el presente supuesto, choca el derecho del ciudadano a
un proceso sin cargas económicas, lo que lleva a las legislaciones
internas a regular el acceso a la Justicia sin obstáculos. Es cierto
que el importe que se satisface por cada canon no es un obstáculo para
el acceso a la Justicia, pero también es cierto que dada la estructura
de la regulación interna del derecho compensatorio analizado, queda en
manos del Ejecutivo, si no existe un acuerdo entre los gestores del
canon y los deudores del mismo, establecer el importe de dicho canon a
través de una mera norma reglamentaria, lo que supone dar al Ejecutivo
un poder de fiscalización sobre el acceso a la Justicia que de otra
manera no existiría.

Los límites del derecho remuneratorio, tal y como se están aplicando
en determinada línea jurisprudencial interna, por ejemplo en la
sentencia de 20 de febrero de 2007 de la Audiencia Provincial de
Málaga o de 20 de abril de 2006 del Juzgado Mercantil número 2 de
Bilbao, por sólo citar dos ejemplos, son nulos, por cuanto que se
manifiesta que se trata de un derecho de participación en la
rentabilidad de la industria, lo que no parece ser ni correcto ni
derivarse de la Directiva dubitada. La línea argumental de múltiples
sentencias de la jurisdicción interna se resume en el Fundamento
Cuarto de la sentencia malagueña en el siguiente sentido:

 «Por la doctrina se ha señalado, y esta Sala lo comparte, que en
 realidad lo que se concede al autor no es, precisamente, una
 retribución por dichas reproducciones, sino una participación en la
 rentabilidad económica del negocio de aparatos o medios técnicos de
 reproducción, rentabilidad que depende de la posibilidad de
 reproducir las obras publicadas en forma de libros, cintas musicales,
 vídeos, etc.. Es decir, las cantidades que se abonan como
 compensación se fijan con carácter general para los aparatos y
 soportes aptos para la reproducción, con independencia de que sean
 efectivamente utilizados para hacer copias privadas de obras sujetas
 al derecho de autor.»

Es por ello que es necesario interpretar la Directiva para verificar
cuáles son los límites de esa presumida participación del autor en la
rentabilidad económica de la industria y si es cierto que el derecho
compensatorio puede considerarse no como una compensación sino como
una participación en el devenir económico ajeno.

3.3. Ayudas estatales encubiertas.
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La otra cara de la moneda del derecho compensatorio, en el análisis de
los límites del derecho, coincide con un concepto autónomo del Derecho
comunitario, que es el de las ayudas. Analizamos a continuación las
mismas.

3.3.1. Concepto de ayudas.
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Ha señalado el TJCE en la Sentencia de 9 de agosto de 1994, en el caso
Namur - Les Assurances du Crédit/Office national du ducroire y État
Belge, C-44/93, que «el concepto de ayuda constituye el primer eslabón
de la cadena de causalidad descrita en el apartado 1 del artículo
87». Dispone tal artículo del TCE:

 «1. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán
 incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los
 intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas
 por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma,
 que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a
 determinadas empresas o producciones.»

Los derechos de autor ya no representan un modelo económico basado en
el concepto decimonónico romántico de un autor solitario encerrado en
su vivienda y dedicándose a crear sino que se vertebran,
fundamentalmente en cuanto a su importancia económica, en favor de
empresas o grupos de sociedades que o bien son titulares legales
directos de los derechos (como en los casos de los derechos de los
productores), o bien lo son por la asignación que los autores les
hacen en virtud de los supuestos de obras colectivas en las que la
organización y dirección del producto final es ejercitado por dicha
entidad (supuesto de los medios de comunicación social o de la
industria del entretenimiento).

En el caso que nos ocupa, un grupo de titulares del derecho de
compensación, en una importancia que se desconoce pues los criterios
de reparto del canon no son públicos y son desconocidos, es la
industria editorial y audiovisual. Se trata de un grupo de empresas
que es víctima de la evolución tecnológica y cuyo sector ha perdido
uno de sus tradicionales sistemas de ingresos que es el de la venta
del objeto físico (corpus mechanicum) en el que se contiene la obra de
propiedad intelectual. Este sector económico está intentando
plantearse nuevos modelos de negocio ante el conocimiento y
convencimiento de la necesaria reconversión industrial por hallarnos
en tránsito del mundo industrial al mundo digital.

El gravamen que el Estado español se autoimpone pudiera ser
considerado como una ayuda estatal a esta industria de editorial y
audiovisual. El ejemplo más claro lo es el canon sobre las
fotocopiadoras por dos motivos: En primer lugar, porque es de sentido
común que el Estado, las Administraciones Públicas y las empresas son
las titulares del mayor número de fotocopiadoras y, en segundo lugar,
porque conforme a la norma interna no existe derecho a copia privada
sobre libros.

Si bien las Entidades de Gestión son entidades sin ánimo de lucro, sus
asociados empresas mercantiles titulares de derechos no lo son. El
carácter de beneficiarios del canon que tienen numerosas empresas del
sector editorial o audiovisual y los importes que reciben por esta vía
de autogravamen estatal pudieran estar distorsionando el mercado
europeo por cuanto que las empresas nacionales pudieran hallarse en
una posición más beneficiosa frente a otras empresas análogas comunitarias
cuya legislación nacional no permita extralimitaciones sobre el
derecho a compensación controvertido.

3.3.2. Características del concepto.
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Para Calvo Caravaca y Carrascosa, en su obra "Mercado Unico y Libre
Competencia en la unión Europea", Editorial Colex. Madrid 2003, página
703, «el concepto de ayuda es un principio autónomo de Derecho
comunitario que tiene que ser interpretado a la luz del Tratado de
Roma, aunque tuviese su origen en el Derecho Interno de los Estados
miembros. La interpretación que éstos hagan de una medida estatal como
ayuda pública -o no- no excluye que lo sea -o no- en virtud de la
normativa comunitaria sobre control de ayudas de Estado. Sólo así se
asegura la interpretación entre los Estados miembros.»

3.3.3. Requisitos de las ayudas.
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Siguiendo a los autores citados, «la norma contenida en el artículo
87.1 del TCE tiene como principal objeto destacar los efectos
vinculados al otorgamiento de las ayudas, sin que permita vislumbrar
las características formales de esta manifestación de la intervención
estatal sobre la competencia. De ahí la relevancia que cobran, en la
práctica, los criterios hermenéuticos elaborados por el TJCE y la
propia Comisión con el fin de determinar correctamente los aspectos
terminológicos y conceptuales del fenómeno de las ayudas de Estado cmo
obstáculo para la libre competencia intracomunitaria».

Tanto la Comisión como el TJCE han puesto de relieve cuatro requisitos
para que pueda conceptuarse una ayuda como prohibida: que se trate de
una ayuda, que ésta sea pública, que se otorgue selectivamente y que
perturbe la libre competencia en el mercado comunitario, requisitos
que desarrollamos a continuación.

3.3.3.1. Existencia de la ayuda.
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La ayuda puede existir en cualquier forma. Se trata de un concepto que
permite un numerus apertus de supuestos de hecho y cuya discusión
entre la doctrina legal y los Estados miembros ha llegado a unas
líneas generales que implican que sean irrelevantes tanto la forma
como la finalidad de la ayuda, así como la necesidad de la existencia
de una ventaja.

En la respuesta de fecha 30 de julio de 1963 hecha por la Comisión a
la pregunta escrita nº 48/1963, la Comisión manifiesta que la ayuda
puede revestir una amplia gama de supuestos, que incluye
«subvenciones, exoneraciones de impuestos y tasad, exoneraciones de
tasas parafiscales, bonificaciones de intereses, garantías de
préstamos en condiciones puramente favorables, cesión de
inmuebles o terrenos de forma gratuita o en condiciones
particularmente favorables, suministro de bienes o servicios en
condiciones preferentes, cobertura de pérdidas de explotación o
cualquier otra medida de efecto equivalente».

La irrelevancia de la finalidad perseguida por la ayuda viene dada por
la interpretación casuística efectuada por la Comisión, entre otras en
sus declaraciones de 25 de julio de 1973 (DO L 254 de 11 de septiembre
de 1973) y de 12 de enero de 1983 (DO L 137 de 26 de mayo de 1983),
relativas respectivamente a una reducción en Italia y en Francia de la
cuota empresarial de la Seguridad Social para empresas del sector
textil.

Asimismo, la jurisprudencia del TJCE ha subrayado la irrelevancia de
la finalidad perseguida por la ayuda expresándose en su sentencia de 2
de julio de 1974 que «ni el carácter fiscal, ni la finalidad social de
la medida litigiosa bastaban para ponerlas a cubierto de la norma del
artículo 87» y lo que las define, sigue la sentencia citada, son sus
efectos sobre la competencia y no su forma o finalidades.

En lo que respecta a la existencia de una ventaja, numerosos casos son
también posibles. Destacan entre ellos el criterio del «inversor
privado», las asignaciones financieras, las cuotas de ahorro, las
ayudas fiscales, el otorgamiento de garantías, la participación
pública en el capital (el Estado accionista), el Estado privatizador,
y, la que más nos interesa en este caso concreto, el criterio de las
ayudas de salvamento, entendiendo por tales las destinadas a mantener
artificialmente en el mercado empresas en crisis carentes de
viabilidad. Este supuesto es perfectamente aplicable a un sector, el
editorial y el audiovisual, absolutamente necesitados de reconversión.

Por tanto, en el presente supuesto, el Estado hace acreedor del canon
a la industria editorial y audiovisual mediante un autogravamen, por
los que nos hallaríamos en el supuesto de hecho prohibido por el
artículo 87.1 TCE.

3.3.3.2. Imputabilidad estatal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La ayuda ha de ser pública. En el presente caso, parte del exceso a los
límites del derecho remuneratorio es público, según la respuesta dada
por el Comisario Sr. McCreevy. Dado que en la actualidad satisfacen
canon tanto el Estado como las empresas, la parte sufragada por el
Estado tendría la condición requerida de imputabilidad estatal, por lo
que se cumple también este requisito.

El que la ayuda sea pública implica que la procedencia de los recursos
ha de ser de un Estado miembro. Es obvio el cumplimiento del presente
requisito habida cuenta del uso generalizado que se hace por los
órganos estatales tanto de fotocopiadoras como de soportes de registro
de almacenamiento como de aparatos y equipos destinados por el Estado
para copias de seguridad de su información y su trabajo
diario.

3.3.3.3. Carácter selectivo de la ayuda.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Las ayudas estatales han de favorecer a determinadas empresas. En este
sentido, hay dos grupos de intermediarios que favorecen a empresas: el
primero es el de las Entidades de Gestión que agrupan fundamentalmente
a sociedades, como lo son las entidades de las productoras, como EGEDA
y AGEDI; el segundo sería el de aquellos intermediarios gestores tanto
de autores personas físicas como de sociedades editoriales, como
puedan ser la SGAE, CEDRO y VEGAP.

Los beneficiarios de las ayudas lo pueden ser tanto las empresas como
determinadas producciones, siendo este requisito interpretable de una
manera amplia según la doctrina legal, quedando englobada dentro del
mismo tanto las actividades de producciones de bienes y servicios como
cualesquiera otras operaciones empresariales de índole comercial.

3.3.3.4. Falseamiento de la competencia comunitaria.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Por último, siguiendo a los autores citados, «la aportación económica
se considera ayuda si refuerza la posición financiera del operador
económico en relación con los demás operadores; es decir, si coloca a
dicho agente económico en una posición más segura».

No cabe duda que de esta manera, el Estado miembro está beneficiando a
sus industrias locales y en contra de las demaś industrias análogas de
otros Estados miembros. No debemos olvidar que en la actualidad el
campo de los derechos de autor sigue teniendo una frontera interna, de
la que es expresiva la dicción del artículo 25, apartado 2 del Texto
Refundido de la Propiedad Intelectual (TRLPI) aprobado por Real
Decreto de 12 de abril de 1986:

 «Esa remuneración se determinará para cada modalidad en función de
 los equipos, aparatos y materiales idóneos para realizar dicha
 reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera del
 mismo para su distribución comercial o utilización dentro de dicho
 territorio.»

La frontera interna se halla contemplada asimismo en el apartado 6 del
artículo 25 del TRLPI, por el que:

 «6. Quedan exceptuados del pago de la remuneración: 

 a) Los productores de fonogramas o de videogramas y las entidades de
 radiodifusión, por los equipos, aparatos o materiales destinados al
 uso de su actividad siempre que cuenten con la preceptiva 27
 autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de
 obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según
 proceda, en el ejercicio de tal actividad, lo que deberán acreditar a
 los deudores y, en su caso, a sus responsables solidarios, mediante
 certificación de la entidad o entidades de gestión correspondientes,
 en el supuesto de adquirir los equipos, aparatos o materiales dentro
 del territorio español. 

 b) Las personas naturales que adquieran fuera del territorio español
 los referidos equipos, aparatos y materiales en régimen de viajeros y
 en una cantidad tal que permita presumir razonablemente que los
 destinarán al uso privado en dicho territorio.»

El establecimiento de una frontera interna a la Unión Europea
garantiza que las presuntas ayudas estatales alcancen únicamente a los
socios de las Entidades de Gestión del Estado miembro. Es conocida por
la Comisión y por el TJCE la existencia de este tipo de frontera
interior, sin que hasta la fecha se haya hecho eco de la misma. El
conocimiento por la Comisión de esta frontera interna trae causa de
los procedimientos de casos de competencia números COMP/C2/39152,
COMP/C2/39151 y COMP/C2/38126 por el reparto territorial que las
entidades de gestión se hicieron de Europa a través de la firma de los
Acuerdos de Santiago. El conocimiento por parte del TJCE viene
referido en la Sentencia de 8 de noviembre de 2007, asunto C-20/05,
sobre una cuestión prejudicial que se formuló en el marco de un
proceso penal seguido en Italia contra el Sr. Schwibbert, por posesión
de discos compactos que no llevaban el signo distintivo del organismo
nacional encargado de recaudar los derechos de autor.

En esta sentencia, el TJCE no entra finalmente en el análisis de la
interpretación de la Directiva 92/100 en lo que respecta a la
imposición de una frontera interna y su choque con la necesaria
igualdad en la UE, habida cuenta de que no se le remitieron las
informaciones necesarias, por lo que dichas preguntas siguen siendo
pertinentes y todavía no han sido resueltas. Transcribimos los Motivos
relevantes de esta sentencia:

   25 En cambio, por lo que atañe a la interpretación de los artículos
   3 CE, 23 CE a 27 CE y de la Directiva 92/100, hay que reconocer que
   la resolución de remisión no ha facilitado las informaciones
   necesarias para permitir al Tribunal de Justicia dar una respuesta
   adecuada al órgano jurisdiccional remitente.

   26 Efectivamente, es preciso recordar que tales disposiciones del
   Tratado CE prohíben, entre los Estados miembros, los derechos de
   aduana a la importación y a la exportación y todas las exacciones
   de efecto equivalente. En lo que se refiere a la Directiva 92/100,
   armoniza las normas reguladoras del derecho de arrendamiento y de
   préstamo, así como de ciertos derechos afines al derecho de autor
   en el ámbito de la propiedad intelectual.

   27 Pues bien, las indicaciones relativas al marco fáctico del
   litigio principal facilitadas por el órgano jurisdiccional
   remitente no permiten determinar con seguridad el lugar de
   fabricación de los CD ni tampoco dilucidar que han sido importados
   efectivamente en Italia. En lo que se refiere a las informaciones
   relativas al marco jurídico nacional, no permiten al Tribunal de
   Justicia conocer suficientemente las características de la
   contrapartida económica de la obtención del signo distintivo «SIAE»
   para determinar si se trata de un derecho de aduana o de una
   exacción de efecto equivalente en el sentido de los citados
   artículos del Tratado. Por último, esas indicaciones tampoco
   permiten apreciar si la Directiva 92/100 se opone a tales
   disposiciones nacionales.

   28 En estas circunstancias, no cabe pronunciarse sobre el extremo
   de si los artículos 3 CE, 23 CE a 27 CE y la Directiva 92/100 se
   oponen a una obligación como la que se cuestiona en el litigio
   principal.

   29 Además, es necesario aclarar que la cuestión prejudicial versa
   asimismo sobre la interpretación de la Directiva 2001/29. Esta
   Directiva se fundamentó en los principios y normas ya sentados, en
   concreto, por la Directiva 92/100 y modificó esta última. La
   Directiva 2001/29 fue adoptada el 22 de mayo de 2001 y su artículo
   13 dispone que los Estados miembros debían dar cumplimiento a lo
   dispuesto en la misma a más tardar el 22 de diciembre de
   2002. Ahora bien, los hechos que dieron lugar al litigio principal
   se produjeron en el transcurso del mes de febrero de 2000, fecha en
   la que aún no se había adoptado la citada Directiva. De esta forma,
   debe declararse la inadmisibilidad de la cuestión prejudicial en la
   medida en que versa sobre la interpretación de la Directiva
   2001/29.

La existencia de una frontera interna en el campo de los derechos de
autor en favor de la industria editorial y audiovisual supone un campo
abonado y una facilitación de las ayudas estatales que presumimos ha
sido utilizada en el presente supuesto en favor de la industria local.

3.4. Autores Copyleft.
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En lo que respecta a los autores Copyleft, se ha de recordar la gran
importancia de los derechos de autor en el ámbito de la Unión
Europea. La Unión no es ajena a este Movimiento social e ideológico y,
como hemos señalado, la propia web del TJCE es un servidor Apache,
cuya licencia 2.0 es una de las múltiples Copyleft que existen. En la
actualidad existen dos mercados: el que conceptúa la propiedad
intelectual como un producto y el que la conceptúa como un
servicio. El primero de los conceptos lleva a un enriquecimiento
privado mediante el control de la copia, el segundo a un
enriquecimiento público y colectivo a través de "dejar la copia
suelta" para que cualquiera pueda utilizarla y crear sobre ella.

Además del uso de obras Copyleft por parte del TJCE, del CGPJ del
Estado miembro (también la web del BOE, del Ministerio de Cultura, de
la Casa Real, de la SGAE, y de miles de instituciones más tanto del
Estado miembro como de la UE), en el año 2007 la UE redactó la
"Licencia Pública de la Unión Europea, Versión 1.0" cuyo preámbulo
manifiesta lo siguiente:

 «La presente Licencia Pública de la Unión Europea ("EUPL"), se aplica
 a la obra o al programa de ordenador (definidos a continuación)
 suministrados en las condiciones fijadas en la presente
 licencia. Queda prohibido cualquier uso de la obra distinto del
 autorizado por la presente licencia (en la medida en que tal uso esté
 protegido por un derecho del titular de los derechos de autor de la
 obra)»

Ahora bien, las obras bajo Copyleft, que nacieron en el ámbito
informático, han visto una expansión hacia otro tipo de obras,
fundamentalmente musicales, literarias y fotográficas bajo el amparo
de otras licencias de las que las más conocidas son las licencias
Creative Commons, existiendo millones de ellas accesibles de una
manera libre en Internet. La facilidad del uso de la tecnología ha
motivado que la posibilidad de crear obras, antes vinculada
necesariamente a una industria que era la única que podía disponer de
equipos de edición y producción, ahora es prácticamente universal
mediante todo tipo de aparatos: móviles, cámaras digitales, escáneres,
ordenadores, etcétera. Una característica habitual de los autores
Copyleft es la autoedición, siendo tales autores no sólo personas
físicas sino personas jurídicas (en nuestro país, el periódico
gratuito 20 minutos dispone de una licencia Creative Commons, lo que
es fácilmente comprobable en la parte superior de su contraportada).

Los autores Copyleft se ven discriminados por cuanto que, como ya
mencionamos, sus herramientas de trabajo y los soportes que han de
utilizar para guardar sus obras, se hallan gravadas por un canon que
han de satisfacer, canon en favor de otros autores. Las obras de ambos
grupos de autores, los Copyleft y los no Copyleft, se hallan reguladas
en igual legislación y debería coincidir en los mismos igualdad de
derechos y obligaciones.

Sin embargo, los autores no Copyleft, cuyas obras son producidas por
la industria, no satisfacen canon y, además, lo cobran. La no
satisfacción del canon viene establecida en la excepción subjetiva del
la norma interna que es el artículo 25, apartado 6 del TRLPI, ya
transcrito antes, que dispone lo siguiente:

 «6. Quedan exceptuados del pago de la remuneración: 

 a) Los productores de fonogramas o de videogramas y las entidades de
 radiodifusión, por los equipos, aparatos o materiales destinados al
 uso de su actividad siempre que cuenten con la preceptiva 27
 autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de