Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Internet (I)

La pregunta que debemos hacernos es, ¿cabe o se debe aplicar a Internet la división de poderes de las democracias occidentales?

Actualmente nos hallamos en un proceso de pérdida por parte del Estado nacional de dos de sus competencias básicas:

1. La regulación de las actividades económicas. Internet está siendo el mejor catalizador de la pérdida del Estado nacional de sus competencias sobre tributos y procesos económicos.

El Principio Jerárquico. Normativa (y II)

El RFC 2010, Operational Criteria for Root Name Servers (Criterios operativos para Servidores Raíz) de fecha octubre de 1996, es el que establece, indirectamente, los criterios seguidos para regular la estructura jerárquica de Internet.

El contenido de dicho RFC consiste en los requisitos técnicos que deben cumplir los Servidores Raíz, entre los que destacamos los siguientes:

1. El ordenador que contiene el Servidor Raíz no puede dedicarse a otras funciones que las encomendadas. La razón de ello consiste en la búsqueda de la mayor seguridad posible. Cuantos más servicios preste un ordenador, más proclive será a los ataques externos.

El Principio Jerárquico. Normativa (I)

No existe una normativa jurídica que regule los Root Servers y, por tanto, no existe regulación legal del Principio Jerárquico. Su existencia se fundamenta en la respuesta técnica que debe darse a la necesidad lógica de traducir los nombres de dominio en IPs. La normativa que lo regula es técnica: RFC 2010, Operational Criteria for Root Name Servers (Criterios operativos para Servidores Raíz) de fecha octubre de 1996.

El Principio Jerárquico

Hasta la fecha, hemos analizado someramente quién detenta el poder en Internet y cómo controlarlo, lo cual corresponde a la misma sistemática del Derecho Constitucional occidental: sometimiento del poder a unos derechos previos e inalienables de los internautas.

Internet, no obstante, tiene una característica propia, dado que tanto el poder como los derechos fundamentales se desarrollan dentro de un marco técnico. Se han escuchado numerosísimas voces manifestando que Internet es un espacio no regulado, no centralizado y donde el Derecho no existe o es inaplicable. Discrepamos totalmente de ello, siendo el denominado Principio Jerárquico la prueba más evidente de la existencia de una regulación.

El derecho a la homogeneidad de los protocolos

El último de los derechos que se alega tienen los internautas es la homogeneidad de los protocolos. Este derecho afecta a lo que ha venido denominándose la "Arquitectura de Internet", e incluso teóricos como el profesor de Harvard Lawrence Lessig (Code and other Laws of Cyberspace - 1999) lo asimilan a la Constitución de Internet.

La existencia de protocolos diferentes tanto para la conexión a Internet como para la utilización de cualquiera de sus servicios (www, ftp, email, gopher, archie...) implicaría una división que perjudicaría al internauta, pues según quién fuera el prestatario de los servicios debería utilizar un software en lugar de otro.

Derecho a la seguridad de las transacciones

El gran auge del comercio electrónico que se está produciéndo actualmente necesita de una seguridad que evite dudas tanto sobre las identidades de los contratantes como de los datos de la transacción (objeto, precio, otras condiciones y medios de pago).

Tradicionalmente, el Derecho ha buscado certezas, esto es, la seguridad. Es por ello que se han desarrollado instituciones tales como los Registros Públicos, que facilitan tanto la publicidad erga omnes de los datos contenidos en los mismos como la certeza de dichos datos.

Derecho a la obtención de un nombre de dominio

Siguiendo con los derechos del internauta, existen teóricos que apoyan la tesis de que uno de sus derechos fundamentales es el de la obtención de la propiedad de un nombre de dominio y el de tener presencia en la Red a través de una página web propia. Dichas tesis son herederas de una tradición política del mundo real que defiende que uno de los derechos fundamentales de la persona es el derecho a la propiedad.

Identidad digital. Capacidad de obrar digital

Al contrario que en lo relativo a la capacidad jurídica digital, la capacidad de obrar digital no tiene que ser coincidente con la capacidad de obrar del mundo real.

Los límites impuestos a la capacidad de obrar se fundamentan, en los Ordenamientos Jurídicos contemporáneos, en alguna de las siguiente causas:

1. Edad. Sólo se obtiene la plena capacidad de obrar a partir de una determinada edad (mayoría de edad) y, en determinadas parcelas del Ordenamiento, también se limita hasta una edad determinada (por ejemplo, no cabe una capacidad de obrar jurídico-laboral a partir de la edad obligatoria de jubilación).

El derecho a una firma digital

Se propone como uno de los derechos del internauta el derecho a una firma digital. La seguridad de las transacciones, así como de cualquier intercambio de información, debe implicar la certeza de las identidades de los comunicantes. Sin dicha certeza, no cabe desarrollo de la Red.

Para lograr la certeza de que la persona con la que comunicamos es quien dice ser, se ha propuesto como método el de la firma digital.

Los controles del Poder: Los derechos del internauta (y XIII)

Para terminar sobre el derecho a la privacidad y los diferentes entornos donde éste debe defenderse, no podemos olvidar los logs que se hallan en los ordenadores.

Un log es un fichero en el que se almacena una relación de las operaciones que se ejecutan en un ordenador. El administrador de un sistema puede configurar qué tipo de operaciones deben almacenarse. Por ejemplo, puede programar el ordenador para crear un log de aquéllos correos electrónicos enviados y recibidos por sus usuarios, conexiones efectuadas, páginas visitadas, archivos descargados...

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