Derecho de Internet

El ISP va a mantener tres tipos de relaciones jurídicas de diferente naturaleza, dependiendo del sujeto con el que mantenga las relaciones: (1) Con el Delegado Regional de Internet, (2) con sus clientes y (3) con el Estado donde el ISP radique.

Dada la naturaleza cuasioficial que mantiene el ISP en la topología de Internet, la primera de las relaciones jurídicas es la existente con los Organismos Oficiales de la Red. Manifestábamos que un ISP debe hallarse dado de alta en el Organismo de Internet correspondiente, que será el Delegado Regional (RIPE, ARIN o ARPNIC) que le corresponda conforme su localización geográfica.

El contrato entre el ISP y el Delegado Regional correspondiente tiene naturaleza privada y es un contrato de adhesión. El Delegado Regional impone las condiciones y el ISP, si quiere conectarse y prestar sus servicios a los internautas, no tiene más remedio que aceptarlas.

La adhesión de este contrato, hasta la fecha, no ha admitido excepciones. Pero como política social universal, se podría plantear una subvención o exención de las tasas en favor de los ISP que operen en los países menos beneficiados. Apuntamos esta idea para su uso por las organizaciones correspondientes.

Las tasas anuales rondan los 1.000 Euros por la asignación de un IP estable y su utilización para funciones de ISP. Dado el importe que suponen dichas tasas, normalmente toda empresa que se prepara para desembarcar en la Red, no sólo realizará funciones de servidor sino que además ofrecerá a sus usuarios acceso gratuito a Internet. Ejemplos españoles tales como entidades financieras y periódicos ratifican esta situación, quienes, además de prestar sus servicios en la Red, proveen de acceso gratuito a la misma.

Lejos quedan aquellos años 1994 y 1995 donde el software de contadores de tiempo conectado eran de uso frecuente por los internautas, dado el doble coste económico de pago de línea telefónica y facturación horaria del ISP que suponía toda navegación.