Los controles del Poder: Los derechos del internauta (X)

Buen exponente del estado constituyente de la legislación de Internet lo constituye el actual debate en el campo de la privacidad del correo electrónico. El mejor sistema para defender dicha privacidad consiste en que el usuario encripte sus comunicaciones.

En 1991, el proyecto de ley nº 266 del Senado de los EE. UU. obligaba a las empresas de telecomunicaciones y a los fabricantes de equipos a introducir modificaciones en los mismos para asegurar que los sistemas de comunicación permitieran al Gobierno leer cualquier mensaje encriptado, siempre que el gobierno actuara conforme ley. Dicho proyecto fue atacado tanto por la industria como por grupos defensores de las libertades civiles, no promulgándose finalmente la ley.

En abril de 1993, la Administración Clinton estableció una nueva política de encriptación, bajo los auspicios de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad - contraespionaje norteamericano), proponiendo la obligatoriedad del denominado Clipper Chip, un algoritmo de encriptación que debía utilizarse en todos los elementos de comunicación. El algoritmo era único para cada aparato, pero el Gobierno de los EE. UU. tendría una copia bajo custodia. Louis Freeh, director del FBI, manifestó públicamente en una rueda de prensa en 1994 que si el Clipper Chip no era aceptado de una manera voluntaria, buscarían el apoyo de una nueva legislación. La criptografía, manifestaba, es una cuestión de Estado, es un arma, y como tal debe ser tratada por las legislaciones.

En el documento "Encriptación, el reto, las aplicaciones y las soluciones potenciales" enviado al Consejo Norteamericano de Seguridad Nacional por el Departamento de Justicia, el FBI y la NSA se concluía que las soluciones técnicas sólo tendrían un correcto funcionamiento si se incorporaban a todos los productos de encriptación, lo cual podía ser garantizado únicamente por la existencia de una legislación obligatoria.

En 1994, la Ley de Telefonía Digital de los EE. UU., obligó a las compañías telefónicas a instalar en sus centrales un sistema de conexiones que facilitara la escucha telefónica, para que el FBI pudiera, previa orden judicial, escuchar desde sus oficinas las conversaciones intervenidas.

En 1995, el FBI manifestó públicamente sus planes de requerir a las compañías telefónicas la construcción de la infraestructura necesaria para intervenir el uno por ciento de las conversaciones telefónicas realizadas, cifra enorme y para la que no habría ni agentes para controlarlas ni jueces para firmar la autorización. Se rechazó la solicitud y la excusa del FBI fue que "simplemente estaban planeando el futuro".

El debate continúa actualmente en los EE.UU., no así en Europa, donde la privacidad de los internautas está por encima de toda consideración de seguridad nacional.