Sentencia del Tribunal Constitucional: aplíquese la sentencia europea sobre el canon

Con fecha 29 de noviembre de 2010, el Tribunal Constitucional ha dictado la sentencia nº 123/2010 (BOE 5 de enero 2011) en la que señala que la sentencia europea sobre el canon forma parte de nuestro Derecho interno. A efectos prácticos, esto implica que cuando se reclame judicialmente la devolución del canon ante un Juzgado, éste deberá ordenar la devolución del importe si se demuestra que los equipos, aparatos y materiales gravados no se destinaron a la realización de copias privadas.

La historia de los hechos se remonta al año 2005, cuando Reynaldo Cordero, una de las personas que participó en la Demanda contra el canon, demandó a BATCH-PC (donde había comprado un pack de diez CDs) y le reclamó la devolución del importe de 1,72 euros de canon que había pagado. Reynaldo siguió las instrucciones de la Demanda contra el canon y la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Alcalá de Henares le dió la razón, ordenando que la tienda le devolviera los 1,72 euros.

A la SGAE no le gustó nada enterarse de esta noticia por la prensa, concretamente gracias al artículo de Laia Reventós en el Ciberpaís de 21 de julio de 2005 «Primera sentencia judicial contra el canon de los CD y DVD vírgenes» e interpuso un recurso de amparo contra la sentencia ya que pensaba que era su derecho ser parte en el procedimiento.

Ahora, el Tribunal Constitucional le da la razón a la SGAE, ya que ordena la repetición del juicio, pero también le proporciona un revés jurídico pues aprovecha para señalar a los Juzgados y Tribunales nacionales que, en el juicio que se repita, deberán aplicar el Derecho interno y que éste ... incluye[ndo] el Derecho comunitario aplicable [últimamente, a este respecto, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea .... Recordemos que la sentencia del TJUE señalaba que si no hay copia privada, no hay canon.

Concretamente, señala el Fundamento 4 in fine de la sentencia nº 123/2010:

Sin que por tanto nos corresponda formular consideración alguna sobre el fondo controvertido, el cual deberá ser resuelto por el Juez con base en las normas del Ordenamiento interno, incluyendo el Derecho comunitario aplicable [últimamente, a este respecto, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 21 de octubre de 2010, asunto C-467/08, Decisión prejudicial planteada por Auto de 15 de septiembre de 2008 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, sobre el concepto de "compensación económica" previsto en el art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, "Relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información", y su adopción por el Estado español a través justamente del sistema de canon por copia privada del art. 25 LPI].

Cuando Reynaldo Cordero se puso en contacto conmigo para comunicarme que le habían notificado el Recurso de Amparo de la SGAE, decidimos no oponernos al mismo ya que, tal y como en su momento se publicó en esta web, la SGAE había vencido otro recurso de amparo contra la sentencia de la Audiencia de Málaga ordenando la devolución del canon a Eduardo Serrano. Por tanto, era previsible una nueva resolución del Tribunal Constitucional en el mismo sentido.

Y así ha sido, hemos perdido un nuevo recurso de amparo pero lo que no imaginábamos es el regalo que nos entrega el Tribunal Constitucional. La SGAE en sus recursos afirmaba que la «Demanda contra el canon» era una campaña, pero nosotros centramos nuestro trabajo (ya desde el 30 de agosto de 2003) en el propósito de liberar las actas judiciales de una obscena tasa en favor de asociaciones privadas. Los escasos recursos de la Justicia han de ser sagrados.

Queden atentos porque esto no ha acabado. En este año 2011 volveremos a reclamar los 1,72 euros de Reynaldo Cordero y los 19 céntimos de euro de Eduardo Serrano, eso sí, solicitando al Juzgado que cite a la SGAE. Y a ver si entonces la SGAE tiene la caradura jurídica de sostener que de cada juicio que se celebra en España, tiene que seguir llevándoselo.