Esto no va sólo de p2p

En el diario Público de fecha 6 de diciembre de 2009, escribí un despiece titulado Esto no va sólo de p2p en el que planteaba una serie de interrogantes cuya respuesta creo que es necesaria para poder analizar con el mínimo rigor cómo ha de abordarse la reconversión económica en el salto que ha de hacerse desde la sociedad industrial a la informacional.

Explicando con más espacio las preguntas planteadas en el artículo, es un hecho que cualquier organización hoy en día trabaja con información y existe un consenso en que ha de buscarse la productividad y la eficacia en el trabajo. Manejar la información implica un riesgo y, si una organización quiere blindarse jurídicamente, deberá tener a su lado a un experto legal que le indique cuáles son los campos que se han de cuidar, lo que es aplicable al mundo empresarial, a modelos difusos de producción como pudiera ser un proyecto de software libre, a un gabinete de prensa de un Ministerio, a instituciones culturales, a una agencia de marketing y, por supuesto, a los medios de comunicación, entre otras muchas organizaciones.

Para correr el menor número de riesgos cuando se gestiona una información, es necesario atender al menos a las siguientes parcelas del ordenamiento jurídico:

  • Libertad de expresión.
  • Derecho a la información.
  • Derecho al honor.
  • Derecho a la privacidad.
  • Derecho a la intimidad personal y familiar.
  • Libertad de cátedra.
  • Libertad religiosa.
  • Propiedad industrial.
  • Propiedad intelectual.
  • Reutilización de la información pública.
  • Derecho de petición, resoluciones judiciales o administrativas, leyes y reglamentos (como información en sí).

¿De verdad creemos que una organización de la sociedad de la información puede ser eficaz con tales riesgos? O, para usar el título del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible: ¿alguien cree que este modelo informacional es sostenible? La pregunta también es la de ¿cómo puede ser eficaz un modelo económico al que se le ponen trabas jurídicas contínuamente?

Una ley es una regla de conducta de la que los ciudadanos se dotan a sí mismos utilizando para ello una de las expresiones de la soberanía popular, que es la función legislativa. La ley, para cumplir con una de sus funciones esenciales que es la de la seguridad jurídica, ha de ser comprensible por aquellos a quienes afecta. Sin embargo, en el marco de la información, el actual modelo legal internacional es el de generación de unas leyes incomprensibles para el común de los mortales, debiendo ser especialista en los 10 ámbitos antes señalados para evitar los riesgos. Hay que recordar que el trabajo de un directivo empresarial es el de gestión de información, siendo fundamental separar el ruido de la información relevante para el proceso productivo en el que dicha empresa desarrolla su actividad y no se puede ser un directivo eficiente sin conocer mínimamente la legalidad, lo que es muy difícil ante el actual panorama normativo.

Si bien la información es la materia prima de nuestra actual sociedad (según la Directiva de reutilización de la sociedad de la información) estamos generando leyes incomprensibles e ineficaces que bloquean no sólo la toma de decisiones sino la vida ordinaria de las sociedades. Basta el reciente ejemplo de las demandas cruzadas entre Apple y Nokia en cuestión de patentes (una más en la guerra de patentes) para ver el mundo hacia el que nos dirigimos. Apple ha demandado a la segunda en reclamación de 13 vulneraciones de patentes, mientras que Nokia ha demandado a Apple por otras 10 diferentes. Esto no es operativo ni para el desarrollo ni para la innovación.

Sin embargo, nuestro gobierno, lejos de plantearse estos problemas cuya resolución a nivel mundial alguien tendrá que liderar, ha apostado en el anteproyecto de ley por un modelo informacional basado en el control de la copia que, además se fundamenta en datos desconocidos. Una de las habituales justificaciones de la importancia de la propiedad intelectual es la de su relevancia económica y mientras que la última cifra sobre la importancia económica de las industrias culturales es, según el BOE del 21 de noviembre, de “cerca” del 4% del PIB, en el «Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos contra la Propiedad Intelectual» se afirmaba que «el promedio del Valor Añadido Bruto (VAB) cultural en el conjunto de la economía española se sitúa en el 3,2%. Las actividades de propiedad intelectual supusieron un 4% del VAB.» (página 13).

Que una ley contenga la literal expresión "cerca" del 4% del PIB ya está indicando la imprecisión de la técnica normativa utilizada pero cuando se nos afirma que ese 4% lo es tanto del PIB como del VAB (que contempla las subvenciones) ya la duda y la contradicción son evidentes. Pero, es más, ¿cuál es el desglose de ese porcentaje para que podamos hacer un análisis riguroso? y, ante todo, ¿es verdad que en dicha cifra se incluyen el fútbol y los toros?.

No tenemos datos para poder analizar con rigor y precisión cómo realizar la transición entre la era industrial y la digital y mucho menos para que como sociedad nos ocupemos de aquéllos a quienes más se perjudica, que son los autores mayores de 65 años y los trabajadores de los sectores insostenibles que hay que desmantelar. Personalmente, creo que una sociedad sana ha de preocuparse por los más débiles, lo que no puede ser nuestro caso puesto que no existe un censo del número de autores que tienen más de 65 años ni tampoco se conoce de qué viven, qué porcentaje de autores ingresan por derechos de propiedad intelectual más que el salario mínimo profesional y cuántos cobran más canon del que pagan. Y, por supuesto, faltan datos públicos para comprobar la calidad contractual laboral de los empleados de las mal llamadas "industrias culturales" que ya Manuel Castells puso como ejemplo de producción de nodos que se activan y desactivan.

Nadie, pues, se ocupa ni de los autores ni de los trabajadores, sólo de los intermediarios.

Y tampoco tenemos información de por qué toda la actividad estatal sigue pagando canon a asociaciones privadas a pesar de hallarse actualmente en brete jurídico ante el TJCE gracias a la Audiencia provincial de Barcelona, por qué la contabilidad nacional no desglosa los gastos de propiedad intelectual pero sí los de la industrial, cuánto pagan las administraciones públicas por el famoso canon y cuánto se paga en licencias de software.

Sin perjuicio de que lo más sangrante de la reforma planteada sea el tufo a actitudes de dictaduras pasadas que esperábamos finalizadas, poniendo en manos de la administración pública el cierre preventivo de webs, no hay que olvidar que el anteproyecto de ley demuestra la incompetencia gestora de una clase política que, tras sucesivos gobiernos de uno y otro lado que embaucaron a la sociedad con el ladrillo, apuesta ahora por una industria informacional que la propia evolución económica se encargará de arrasar, si no lo ha hecho ya, y que en lugar de generar riqueza consume subvenciones.

Si hay un modelo de propiedad intelectual al que debiera atenderse es al del software libre, tal y como nos señaló este año la Escuela de Organización Industrial con su documento La oportunidad del software libre. Capacidades, derechos e innovación. No parece ser ése, de momento, el camino seguido por el Ministerio de Educación al firmar su acuerdo con Microsoft para seguir siendo dependientes de una tecnología propiedad de una empresa condenada por la Comisión europea por prácticas monopolísticas.

Frente a la sistemática ausencia de datos para tomar decisiones relevantes, el problema del software libre es que su producción es transparente y se fundamenta en la colaboración abierta. Sus datos son públicos por desarrollarse en repositorios con control de versiones accesibles por todos. Y claro, este modelo productivo dificulta o imposibilita el desarrollo de departamentos de corrupción.

Que éste, el de la corrupción y no otro, es el verdadero problema de la España de finales de 2009.