El Tribunal Constitucional ampara a la SGAE en su solicitud de hallarse presente en los juicios contra el canon

En diciembre de 2006 ya informábamos que «La SGAE interpone recurso de amparo contra la denegación de la nulidad del procedimiento de Málaga». Pues bien, en una sentencia de fecha 28 de septiembre de 2009, notificada hoy día 8 de octubre, el Tribunal Constitucional ha amparado a la SGAE en su propósito hallarse personada en los litigios de la "Demanda contra el canon en los soportes digitales".

Procesalmente, supone que se deberá repetir el procedimiento por el que Eduardo Serrano obtuvo la sentencia de la Audiencia de Málaga ordenando la devolución del canon. Anunciamos ya que ese juicio no se repetirá porque el propósito de la demanda contra el canon era el de evitar que las entidades de gestión canibalizasen los recursos de la Justicia (todo juicio paga canon), cuestionando el mismo ante el Tribunal Constitucional. Dado que, gracias a la obra derivada que Josep Jover realizó de la demanda contra el canon, se logró algo bastante mejor, como lo es cuestionar el canon ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, nuestro procedimiento ya agotó sus fines.

Se trata de una interesante sentencia cuya lectura les recomiendo, y donde queda claro que las entidades de gestión cobran un dinero por cada uno de los juicios civiles que se celebran en nuestro país, recursos que se detraen de una paupérrima Administración de Justicia para entregarlos a unas manos privadas aun cuando no quepa duda que los CDs destinados a la grabación de los juicios no contengan copias privadas. Tanto en esta sentencia del Tribunal constitucional como en las demás obtenidas a nuestro favor, queda acreditado ese hecho: que los juicios pagan canon. Veremos ahora si las instituciones comunitarias entienden que se trata de subvenciones encubiertas contrarias al Ordenamiento Europeo.

Por otra parte, es cierto que en la primera versión de la «Demanda contra el canon en los soportes digitales» se hacía una extensa exposición sobre las entidades de gestión, lo que desapareció en la segunda de las versiones para así centrarse en las relaciones entre el consumidor y el establecimiento donde se compran los soportes digitales vírgenes, por lo que pensar que la sentencia de este recurso de amparo fuera aplicable a la actual demanda sería pura especulación teórica. De todas maneras, habida cuenta de que se está a la espera de la resolución del TJCE, poco más puede hacerse a nivel local en contra de una figura jurídica, la de compensación de copia privada, que en nuestra legislación se ha alejado de su original concepción para convertirse en una importante vía de financiación de las entidades de gestión de la propiedad intelectual.

Como es de rigor, pueden consultar el texto de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.