La competencia objetiva en las demandas contra el canon

De las quince demandas contra el canon interpuestas en la fecha de escribir este texto, en ocho ocasiones los juzgados civiles han admitido directamente a trámite las mismas y han declarado mediante auto su competencia. En otras tres ocasiones, los juzgados de primera instancia civiles han decretado su incompetencia objetiva y han remitido el asunto a los juzgados mercantiles, al manifestar que se trata de una cuestión sobre propiedad intelectual. En los cuatro casos restantes nos hallamos pendientes de resolución.

La postura del Ministerio Fiscal también ha sido doble: en dos casos (Barcelona y Málaga) se ha manifestado a favor de la competencia objetiva civil y, sin embargo, en Alcobendas (Madrid) se ha manifestado partidario de los juzgados mercantiles. Es curioso destacar que el juzgado de Alcobendas, incumpliendo el procedimiento procesal, envió directamente el expediente a los juzgados mercantiles de Madrid, sin siquiera dar traslado de esta actuación al demandante. El juzgado mercantil lo devolvió inmediatamente al juzgado civil indicándole que cumpliera la normativa procesal sobre competencia y abriera el plazo de alegaciones de las partes.

La discusión sobre la competencia se centra en el debate de si lo que estamos reivindicando es la devolución de parte de un precio cobrado, por ser inconstitucional, o si de lo que se trata es de una acción derivada de la propiedad intelectual. En puridad, nosotros estamos ejercitando las acciones legales derivadas de una compraventa, acciones de igual naturaleza que si un establecimiento nos cobrara un impuesto que se inventase. Nuestra acción no nace de la Ley de Propiedad Intelectual. Cuestión diferente es que parte de la nulidad del precio provenga de una Ley de Propiedad Intelectual mal entendida.

En las tres primeras ocasiones apelamos la resolución de la competencia mercantil, formalizando dicha apelación, lo que producía que tres magistrados de una audiencia provincial pudiesen conocer que el ejercicio de la fe pública judicial del secretario de un Juzgado paga canon a las discográficas y a los autores.

No obstante, en la última y muy reciente ocasión nos hemos sometido en Terrassa al mejor criterio del juzgado sobre este asunto. Entendemos que la misión de dar a conocer a la clase judicial que los juicios civiles satisfacen canon a las entidades de gestion ya es lo suficientemente notorio como para que no realicemos esta actividad que pudiéramos denominar, con todos nuestros respetos a los jueces y magistrados, por supuesto, educativa de los operadores jurídicos sobre las malas consecuencias de una pésima regulación legal de las tecnologías de la información. A partir de esta fecha, nos someteremos al criterio que dicten los titulares de cada órgano judicial, por muy diferentes que sean entre sí.

La última demanda de la que hemos recibido noticias sobre competencia se interpuso el pasado 22 de abril de 2005 en Barcelona y con fecha 31 de mayo se ha dictado un auto en cuyo fundamento jurídico segundo se refleja la aceptación de su competencia por el Juzgado civil, que transcribimos:

SEGUNDO: Así mismo, vistas las pretensiones formuladas en la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción y competencia objetiva para conocer de las mismas, según los artículos 37, 38 y 45 de la misma ley procesal.

Por último, por lo que respecta a la clase de juicio, la parte actora cumpliendo lo ordenado en el artículo 253.2 de la LEC, ha señalado la cuantía de la demanda en 2,10 euros, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250.2 de la LEC, procede sustanciar el proceso por ls trámites del juicio verbal.

A los efectos prácticos, que es lo que nos interesa, ninguna trascendencia tiene el tipo de competencia objetiva aunque sí existe un efecto secundario: el hábitat natural de las entidades de gestión son los juzgados de lo mercantil por ser competentes para los asuntos sobre propiedad intelectual. No nos opondremos, pues, a la competencia de estos Juzgados cuando así se pudiera disponer.

En palabras de Jesús Silva, antiguo fiscal jefe de Madrid y uno de los demandantes contra el canon, es "una cuestión de principios; de higiene política y judicial"."No se trata de una acusación, sino de una consulta necesaria. La justicia siempre ha carecido de medios y este canon encarece su coste: la ley obliga a grabar las vistas orales de los juicios en estos soportes digitales. Esto no puede quedar en el aire, comprende demasiados intereses. Mi demanda es para que la justicia resuelva mi duda".

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