La Topología de Internet: el nuevo Territorio (VII)

Obviamente, y según lo explicado en anteriores artículos, es más conveniente obtener una dirección IP de Clase A que de Clase B o C. Utilizando conceptos del Derecho Urbanístico, según el IP de Clase A, B o C, tendremos un diferente índice de edificabilidad.

Podría haberse estructurado Internet para que existieran sólo II PP de una clase determinada (uno, dos o tres números fijos de red), pero se consensuó que existieran 126 II PP de Clase A, 16.384 de Clase B y 2.097.152 de Clase C, que son la suma de las posibilidades expresadas en la útima tabla del artículo anterior.

Las decisiones sobre la implantación del IPv4 y su segregación en las clases antes expuestas, se produjo en un estado inicial de Internet, en 1981, y los errores cometidos entonces se intentan evitar a través de la implantación del IPv6 (también llamado IPng -IP Next Generation-). Nadie podía prever la evolución de la Red en aquel entonces.

En el comienzo de Internet, se otorgaban las direcciones IP sin tener en cuenta las necesidades del solicitante, sino en función de su petición, sin analizar la misma, ya que se esperaba que el diseño IPv4 era prácticamente inagotable. El suelo (las direcciones IP) no era en aquel entonces un bien escaso.

Las organizaciones que tienen asignado un IP de Clase A son, como vimos, un máximo de 126. Responden a la estructura económica y de poder imperante en los inicios de Internet, con presencias y ausencias significativas. Fundamentalmente son organizaciones de nacionalidad norteamericana, tanto empresas como departamentos estatales y universitarios. De la lista completa de los concesionarios de IP de Clase A tratará el siguiente artículo.

¿Se hallan las empresas españolas pendientes de la transición del IPv4 al IPv6 a efectos de posicionarse y obtener IIPP de clase A cuando el nuevo sistema sea el universal? Públicamente no, y quedaríamos sorprendidos si así fuera. Es importante obtener una Clase lo más amplia posible, dado el ahorro económico en personal humano y horas de trabajo que representa, así como ingresos derivados de posibilidades de subcontratación.

¿Están la Unión Europea o los gobiernos nacionales realizando igual análisis? ¿O sigue siendo Internet una bruma de la que todos hablan sin saber?

¿Cómo entra el Derecho a regular la asignación de los II PP y resolver los conflictos de asignación?